ELCHE. Un alquiler social ajustado a cada situación económica de las familias que no pueden adquirir los nuevos pisos de San Antón. Esa es la solución que adoptó en su momento la empresa municipal Pimesa, promotora del Arru (Área de Renovación y Regeneración Urbana) del barrio y que estaba pendiente de que el Consell diera su beneplácito. Así, son 33 las familias que están pendientes de realojar en los nuevos inmuebles y de las que ahora la Generalitat ha autorizado incluir en los tres primeros bloques 33 viviendas para ellos en el parque público de vivienda autonómico en Elche. 

En lugar de venta, esas tres decenas estarán destinadas a alquiler, y el equipo de gobierno no quiere perder tiempo con los realojos. De hecho, hace unas semanas los vecinos urgían poder trasladarse ya ante situaciones "insostenibles", señalaban. Este mismo viernes la Junta de Gobierno aprobará el pliego de condiciones, que ya estaba elaborado, para posibilitar la aomercialización en régimen de arrendamiento para estos vecinos del barrio que no pueden afrontar la compra de la vivienda. "Un paso más para desbloquear los bloques 11, 12, 13 y 14 para desalojarlos y poder derribarlos", explica el regidor Carlos González.

Eso sí, las condiciones del alquiler social la marcará su contexto socioeconómico. A partir del lunes, podrán contactar con Pimesa para estudiar cada situación para que Servicios Sociales determinen las necesidades de cada familia. Serán 14 pisos en el bloque 2 y 19 en el bloque 3. También de 2 y 3 viviendas. "Con ellas se pretende atender y resolver estos casos de perfiles vulnerables", explica el primer edil. Si alguien busca alguna temporalidad, se podría buscar esa condición, pero el objetivo es "garantizar su derecho a la vivienda, con vocación de permanencia". El alcalde recuerda que "es un proyecto que pretendía incorporar a todos y no dejar a nadie atrás con independencia de su capacidad económica".