VALENCIA (EP/AP). Alicante se queda al fin el premio gordo entre las inversiones de la Generalitat para la construcción de nuevas infraestructuras judiciales. Al menos sobre el papel. El jefe del Consell, Ximo Puig, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, detallaron este martes el contenido del Plan de inversiones para el periodo 2017-2021 con una dotación global de 200 millones de euros en la construcción y rehabilitación integral de sedes judiciales, de los que 77,8 se destinan a Alicante. En concreto, se prevé una primera asignación de 53,3 millones para la construcción del nuevo edificio judicial anunciado hace un año en el solar situado frente al actual Palacio de Justicia de Benalúa, junto a la misma avenida de Aguilera. Y otra suma adicional de 24,5 millones para acometer la reforma integral de ese mismo edificio judicial en el que ahora se distribuye la mayor parte de los órganos de la jurisdicción Penal y Civil.
De acuerdo con la planificación dada a conocer por la conselleria, se prevé que el proyecto de construcción del edificio de obra nueva se licite en octubre de 2018, una vez sorteada la ampliación de plazo que resultó necesaria tras el registro de un recurso contra el pliego de condiciones para la redacción del proyecto. Así, ese trabajo (la redacción del proyecto) debe estar finalizado en abril de 2019, de modo que la construcción propiamente dicha pueda comenzar en septiembre de ese año y terminar a principios de 2022. Sobre los detalles del proyecto, sólo han trascendido los avances que la propia consellera titular del departamento dio en febrero de 2017.
