ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, pasa a asumir de forma directa la defensa del interés público en la causa sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad investigado en el marco del caso Brugal y estará representado en el proceso a través de los letrados de la Asesoría Jurídica Municipal. Así se ha comunicado oficialmente al tribunal de la Audiencia encargado de enjuiciar los hechos, en un escrito registrado este miércoles por el abogado José María López Coig, quien ha venido ejerciendo la acusación particular en representación del Ayuntamiento desde 2015, tras la llegada al poder del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís).
Hasta el momento, el Ayuntamiento había venido ejerciendo la acusación particular a través de López Coig. En esa posición, había solicitado penas de prisión para los principales encausados, entre los que, además de Díaz Alperi y Ortiz, también figuran la también exalcaldesa, Sonia Castedo, y los abogados del despacho Salvetti, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. En concreto, había demandado 4 años de privación de libertad para Alperi y Castedo y 5 para Ortiz, por ejemplo.
Ahora, el abogado comunica también que deja de asumir ese papel como representante legal del Ayuntamiento por lo que cede la venia a los letrados adscritos de la Asesoría Jurídica Municipal, que serán quienes asuman la defensa de los intereses municipales en el proceso a partir de ahora (básicamente, a efectos de recibir notificaciones), según han confirmado fuentes del equipo de gobierno este viernes.
Además, en ese mismo escrito de comunicación del cambio de representación legal, se ratifica también la intención del Ayuntamiento de no recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia absolutoria para la mayoría de los procesados, dictada el pasado mes de julio. En concreto, como informó Alicante Plaza, en esa resolución judicial solo se condenaba al exalcalde del PP, Luis Díaz Alperi, y al empresario Enrique Ortiz, por sendos delitos de cohecho impropio castigados con pena de multa, tras descartarse que se hubiese facilitado información privilegiada o un trato de favor en la redacción del que debía convertirse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.
