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barcala delega en de españa para responder a la pregunta de compromís

El bipartito de Alicante vuelve a eludir la denuncia de 'complot' de Conesa al estar bajo investigación 

  • El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, en la presidencia del pleno.

ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha vuelto a eludir este jueves, en el transcurso del pleno ordinario de mayo, la toma de decisiones respecto a las manifestaciones ofrecidas por el comisario principal de la Policía Local, José María Conesa, durante su comparecencia ante la comisión de fiscalización de las oposiciones a la Policía Local bajo sospecha del denominado caso enchufes.

La portavoz municipal del PP, Mari Carmen de España, ha respondido a la pregunta formulada por el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, sobre qué medidas había adoptado el alcalde, Luis Barcala, después de que Conesa apuntase a la existencia de un complot contra él, supuestamente orquestado por mandos subordinados suyos con el fin de forzar su destitución. De España ha insistido en que Conesa ya había presentado una denuncia ante la Comisaría de Policía Nacional en relación a esos hechos y que, por tanto, no cabía adoptar ninguna decisión adicional puesto que "el asunto está judicializado" y ya está siendo objeto de investigación, según ha recalcado.

Así, De España -y no Barcala, a quien se había dirigido la pregunta en realidad- ha emplazado a Bellido a "dejar de jugar a los detectives" y a no tratar de buscar rédito político "sobre todo", instigado por la cercanía de las elecciones municipales de mayo de 2023. En esta línea, De España ha recalcado que el equipo de gobierno actuará en consecuencia en cuanto se conozca cuál es el resultado de las investigaciones policiales y judiciales sobre la denuncia registrada por Conesa, y otros mandos policiales, respecto a la distribución del escrito anónimo en el que se apunta la existencia de irregularidades en el desarrollo del proceso de selección, en beneficio de determinados aspirantes con supuestas vinculaciones familiares con mandos policiales, otros agentes, concejales y expolíticos, representantes sindicales y responsables de empresas que prestan servicios municipales.

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