ALICANTE. Comisión para depurar responsabilidades políticas, no; estudio jurídico sobre el posible recurso, ahora sí. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), se mueve respecto a la posición anticipada por el alcalde, Luis Barcala, y encarga un informe a la Asesoría Jurídica Municipal para que se exploren opciones sobre la posibilidad de presentar un hipotético recurso frente a la sentencia sobre el PGOU investigada en el marco del caso Brugal.

El reposicionamiento se ha conocido este martes, durante la comparecencia semanal para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. El edil que asume las competencias sobre la Asesoría Jurídica Municipal, Manuel Villar, ha señalado que ya se había cursado esa solicitud por el cauce formal, tras referirse a la moción registrada por el grupo municipal de Compromís para su debate en el pleno ordinario de julio con idéntica finalidad. Al respecto, Villar ha incidido en que "pese a que varios de los miembros del equipo de gobierno tenemos formación jurídica [entre ellos, el alcalde y el propio Villar] y hemos podido valorar la sentencia, hemos considerado oportuno solicitar ese informe para tener más opiniones al respecto".

La decisión constituye, cuando menos, un cambio de rumbo respecto a la valoración manifestada por el primer edil la misma jornada en la que la sentencia se hizo pública. En ese momento, Barcala aseguró que el Ayuntamiento acataría la sentencia y descartó la posibilidad de recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo (TS). A priori, ese planteamiento podía resultar contradictorio con el hecho de que el Ayuntamiento ejerciese la acusación particular en el proceso judicial en defensa del interés municipal. Es más, en esa posición, el letrado al que se encomendó la representación legal llegó a solicitar penas de prisión para los principales procesados: los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y el promotor Enrique Ortiz.

Como viene informando este diario, el acuerdo por el que el Ayuntamiento decidió personarse en las diligencias se adoptó en 2015, tras la llegada del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) al poder, con el objetivo de se restituyese el perjuicio económico generado por los gastos de redacción de ese nuevo planeamiento que, al final, no llegó a poder aplicarse, puesto que el PP acordó su retirada, a principios de 2015, cuando la causa estaba en su última fase de instrucción. De ahí que, ahora, se haya reconsiderado la posición de partida avanzada por Barcala y se haya solicitado, al menos, un informe para sondear posibilidades de recurso. 

Eso sí, el encargo del estudio jurídico no implica que el Ayuntamiento vaya a interponer ese recurso: en cuanto se disponga de él, se valorará qué decisión adoptar, según han apuntado tanto Villar como el portavoz del equipo de gobierno y edil de Cultura, Antonio Manresa. Los dos también han ratificado, además, la propuesta que el equipo de gobierno pretende plantear al pleno de julio para que se disuelva la comisión municipal que se acordó constituir en abril de 2020 con el fin de dilucidar posibles responsabilidades políticas respecto al fallido PGOU. Ambos han incidido en que, una vez conocida la sentencia absolutoria, en la que se da por descartada el supuesto amaño del planeamiento en favor del promotor Enrique Ortiz, dicha comisión carece de sentido.