VALÈNCIA. La ley de Libertad Educativa que aprobó el Consell a medidados del pasado año establecía que las familias votasen para elegir la lengua base (valenciano o castellano) con la que querían que estudiasen sus hijos. Una consulta que finalmente se celebró hace escasas semanas y en la que participó en torno al 58% del censo arrojando un resultado de extrema igualdad entre ambas lenguas: el valenciano contó con un respaldo del 50,5%, frente al 49,5% que obtuvo el castellano.
A pesar de estas cifras, los datos por municipios y centros muestran resultados dispares y sorpresas en algunas zonas donde el resultado contrasta con su lengua habitual, como es el caso de la comarca de Los Serranos, donde el valenciano obtuvo el apoyo del 52% de las familias. Marc Candela, portavoz del sindicato STEPV, mayoritario en la educación valenciana, atiende a Plaza para analizar la consulta de la lengua, su resultado y, especialmente, las implicaciones que tendrá a partir del próximo curso escolar.

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A lo largo de la entrevista, Candela defiende que el "objetivo" de la ley de Libertad Educativa - de la que emana la votación sobre la lengua - era el de "arrinconar el valenciano", pero que "no se ha conseguido" finalmente. El portavoz sindical denuncia varias problemáticas que tuvieron las familias para votar en el proceso y considera un "hecho discriminatorio" que exista una diferencia de criterio para organizar las unidades educativas según si el centro se encuentra en una zona de predomino lingüístico valenciano o castellano. Además, asegura que ahora "viene la situación caótica" de organizar los centros educativos en los que habrá diferencias lingüísticas entre unidades: "La gestión pedagógica y organizativa de todo eso es un follón", remarca.
¿Cómo fue el proceso de votación en la consulta sobre la lengua base? Denunciaron que algunas familias no pudieron expresar su decisión con normalidad debido a una serie de problemas
El primer día de votaciones ya detectamos incidencias. Si se votaba desde el móvil y éste estaba en vertical, el circulito para marcar ponía valenciano, pero en realidad la gente estaba votando por el castellano porque no salía toda la pantalla completa. También hubo problemas con la introducción de los números de identificación del alumno o incluso del DNI o del NIE en el caso de extranjeros que dificultaron la votación.
Además, los últimos días del proceso coincidieron con las alertas de las lluvias. Hubo familias que tenían que ir al centro para poder votar porque no tienen en su casa un ordenador o internet y al final no pudieron ir porque los colegios cerraron. Hay un porcentaje de familias, que no sabemos cuánto es, que no pudieron votar en la consulta.
Otra incidencia muy significativa es que había confusiones en los criterios de prelación, donde se preguntaban cosas como si el centro está en una zona prioritaria o en una zona de influencia. La gente no tiene por qué saber eso. O incluso el tema de los hermanos: si yo tengo un hermano en primaria y otro en un instituto, hay gente que puso que tenía cero hermanos, porque en el centro no estaban. Pero después supieron, porque lo dijo la Conselleria, que podían haber votado contando al hermano que está en el instituto. Esas cosas provocaron que la gente se mareara en el proceso. Ahora estamos en la campaña de presentar reclamaciones y a ver qué pasa.
¿Faltó información por parte de la Conselleria de manera previa a la consulta?
Se publicaron unos manuales y unas preguntas frecuentes. Lo que pasa es que se iban actualizando a medida que la Conselleria recibía consultas, por lo que la gente que ya había votado se quedaba sin poder corregir. Esa es otra crítica que hacemos. Como mínimo, si me he equivocado porque no conozco toda la información, debería tener el derecho a volver a hacer la votación dentro del plazo.
¿Cree que el valenciano ha ganado verdaderamente la consulta?
La Conselleria nos ha puesto en una tesitura en la que ahora hablamos de ganar o perder, lo que a nosotros no nos gusta. Las lenguas están para aprenderlas, compartirlas y no para competir entre ellas. La sensación que tiene la población es que ha ganado una y ha perdido otra, y eso es nefasto, más aún en el sistema educativo.

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Lo que sí podemos decir es que, en comparación con los estudios que hicimos en 2016 cuando existían las líneas de valenciano y castellano, constatamos un avance del valenciano en todos los sectores, también en la concertada y en las zonas castellanohablantes. En ese sentido, vemos que el objetivo de la ley, que era arrinconar el valenciano, no se ha conseguido, porque la población es madura y consciente de que el valenciano sirve para que el alumnado obtenga un beneficio en muchos ámbitos.
¿Qué diferencias observan del resultado entre centros públicos y concertados?
Vemos que en la pública se ha reforzado el valenciano mucho más que en la concertada. En nuestro informe del 2016, ya poníamos sobre la mesa la triple fragmentación de la enseñanza de valenciano. Hay una fragmentación territorial: hacia el norte hay más valenciano y hacia el sur más castellano, también según comarcas; una fragmentación pública-concertada con más valenciano en la pública y más castellano en la concertada; y una fragmentación por niveles: cuando más pequeño es el alumno, más valenciano.
Es algo que también se ha visto ahora en la consulta, en la ESO ha obtenido mayor respaldo el castellano...
Sí, pero en comparación con los resultados que teníamos de las líneas anteriores, ha habido un crecimiento del valenciano. En la concertada, hemos pasado de un 7% de demanda a un 30%, lo que también es un crecimiento espectacular. El 21% de los centros concertados han pedido mayoritariamente el valenciano.

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También hay que tener en cuenta que esto es la voluntad de las familias, ahora falta que se traduzca en unidades. Cuando llegue el momento, veremos si se respetan o no los resultados. En cualquier caso, se mantiene la triple fragmentación lingüística, pero el valenciano ha crecido en todos los niveles. Hubo, además, sorpresas en las comarcas castellanohablantes, no solo en la Serranía. No obstante, han votado el 58% de las familias, falta el otro 42%. Veremos cómo se gestiona porque puede ser un conflicto.
¿Cómo valora el resultado de la consulta en la ciudad de València, donde 2 de cada 3 familias eligieron castellano?
Se mantiene la misma tendencia que cuando las líneas. València ciudad es complicada, pero en la pública la mayoría han votado por el valenciano, lo que evidencia esa demanda. Lo que históricamente hemos denunciado es que la Administración, sobre todo cuando gobierna el PP, nunca se ha preocupado por compensar esta situación en la red concertada, pese a que está sostenida con fondos públicos y que el sistema público tiene la obligación de fomentar el valenciano e intentar compensar el desequilibrio lingüístico que hay.
Por comarcas, las castellanohablantes fueron las más abstencionistas. ¿A qué cree que se debe este dato?
A la propia ley. Si la norma establece que en las comarcas castellanohablantes vais a tener castellano, votéis lo que votéis, la gente se relaja. Luego ha aparecido en la orden que regula la consulta que, si se vota por el valenciano y hay suficiente demanda, se tienen que crear unidades. Eso es lo que ahora tenemos que ver cómo se gestiona porque dicen de poner más recursos, desdoblar o contratar profesorado, cosa que dudamos.
Los porcentajes del anexo de la ley están pensados para comarcas valencianohablantes, en ningún sitio dice que se tengan que aplicar a las castellanohablantes. Estaremos muy vigilantes en esas comarcas, poblaciones y centros castellanohablantes donde hay demanda en valenciano mayoritaria para ver cómo se traduce eso en unidades de valenciano.
¿Cómo valora esta forma de organizar los grupos sea distinta en función de si el centro se encuentra en una zona valencianohablante o castellanohablante?
Es un hecho discriminatorio. La ley discrimina claramente entre comarcas castellanohablantes y valencianohablantes respecto al porcentaje de lengua vehicular que tendrá cada centro. Las familias de las comarcas castellanohablantes que votan por el castellano tienen el 100%, excepto inglés y valenciano, como asignaturas de enseñanza en castellano. Los que en las comarcas valencianohablantes votan por el valenciano no tienen el 100% de enseñanza en valenciano. Por tanto, hay una clara discriminación entre zonas. Este es uno de los temas que se plantea en el recurso de la ley educativa ante el Tribunal Constitucional. Hay que ver qué responde, pero nosotros sí vemos una clara discriminación.

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En las castellanohablantes también hay un elemento que no dice la ley que es el porcentaje de lengua vehicular que tendrás en valenciano si votas por esta lengua. En el apartado de preguntas frecuentes de la consulta apareció una pregunta y una respuesta que no dice en ningún sitio la norma: dice que si votas por el valenciano tendrás el mismo porcentaje en esta lengua que si fuese una comarca castellanohablante.
Eso no lo establece la norma, por eso también decimos que la Conselleria está regulando vía preguntas frecuentes. Si la ley no dice nada y los centros quieren un porcentaje concreto de valenciano o castellano, que lo decida el centro, pero que no lo imponga la Conselleria vía preguntas frecuentes. Eso también hizo que familias que querían votar por el valenciano en comarcas castellanohablantes se lo pensaran porque igual sí querían valenciano, pero no con un porcentaje elevado. La ley va a intentar arrinconar el valenciano como sea y esa es una de las pruebas.
La Conselleria se encuentra actualmente planificando la actividad docente para el próximo curso en base a estas cifras. ¿Cómo cree que afectarán los cambios sobre los centros educativos y el personal docente?
Ahora viene la situación caótica porque la norma no plantea líneas, como ocurría antes, sino que depende de cada unidad. La gestión pedagógica y organizativa de todo eso es un follón, y, además, puede cambiar cada año tal y como va entrando alumnado en los niveles inferiores.
Ahí está el tema de xarxa de llibres y el propio proyecto educativo del centro. El proyecto se plantea pensando en el conjunto del alumnado y con una homogeneidad lingüística. Ahora se tienen que ir tomando decisiones en función de lo que se ha votado en cada unidad de cada centro, lo que pedagógicamente es un caos. El otro drama será el de las familias que no han votado en la consulta, puesto que es decisión del centro elegir si van a una unidad en valenciano o en castellano, lo que también puede ser una fuente de conflictos.
¿Se está preparando el profesorado para adaptarse a estos cambios?
¿Quién, la Conselleria? No.
¿Se debería prepararlo?
Lo primero es saber cómo se traducen los resultados de la consulta en las unidades de cada centro. Al final, lo que tendrá que hacer el profesorado es acordarse de cuál es la lengua en la que debe impartir la clase en cada unidad y adaptar los materiales para ello. Es una locura, es más trabajo para el profesorado. Más que formación, lo que tiene que hacer la Conselleria es facilitar materiales, porque se los tiene que fabricar el propio profesor.

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¿Cuál es la situación actual de los centros educativos afectados por la Dana y qué necesidades identifican a corto y medio plazo?
A finales de febrero realizamos una nueva tanda de visitas a centros, sobre todo a los más afectados. La situación sigue siendo dramática, continúan sintiéndose abandonados. Los centros en los que sí se está interviniendo para arreglarlos van muy lentos los trabajos y empieza a haber conflictos en aquellos que tienen alumnado desplazado porque los centros de adopción están sobresaturados.
Hay muchos problemas que no se están solucionando y que están generando desesperación. Los equipos directivos y el profesorado están afectados psicológicamente y no ven la luz al final del túnel o esa luz está muy lejos.
¿Teme que el regreso a aulas prefabricadas en algunos centros se alargue más de lo previsto?
No hace mucho fui al CEIP l’orba de Alfafar y no había ni una máquina allí dentro. Si no hay ninguna máquina allí dentro, significa que ese centro estará mucho tiempo en barrancones. O actúan ya de una vez o se alargará mucho el proceso de los barracones. Se está trabajando con lentitud y no se están poniendo todos los medios necesarios para devolver la normalidad lo más pronto posible.
¿Cuáles son esos medios que cree que son necesarios para volver a la normalidad?
En infraestructuras, más personal trabajando para reconstruir los centros. Es una demanda que ya le hemos hecho a la Conselleria, vía también la Junta de Personal Docente y los comités de salud laboral. Por parte de la atención a alumnos y también a profesores, más atención psicológica.

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Nosotros le pedimos a la Conselleria que se reúna periódicamente con los equipos directivos como mínimo, pero tampoco están haciéndolo, ni preguntándoles cómo les va y qué necesitan. Va Inspección Educativa de vez en cuando, pero no hay una empatía por parte de la Conselleria de reunirse periódicamente y hablar directamente, lo que genera mucha frustración y enfado.
A comienzos del presente curso escolar, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana obligó a la Conselleria a cumplir el acuerdo de plantillas del Botànic por el que debían contratar 1.000 profesores más. Tras ello, la Generalitat ha propuesto una nueva orden. ¿Cuál es su posición al respecto?
Nosotros no avalamos esa orden. Se nos puso en una tesitura que no queríamos. Cuando la Conselleria nos planteó la negociación de una orden para sustituir los acuerdos, por suerte, todos los sindicatos le dijimos que los acuerdos eran la base y a partir de ahí que se sumaran mejoras que planteara la Conselleria. No podemos negociar a la baja, tenemos que negociar a partir de los acuerdos, que es recuperar el profesorado perdido este curso.
En la orden nueva habrá 157 profesores más que el mismo número de profresorado que había en los acuerdos. El problema es que la Conselleria ha redistribuido los recursos, por lo que hay sectores o etapas que salen ganando y sectores o etapas que salen perdiendo. Esa tesitura nosotros no la queríamos negociar, no queremos decirle a la Conselleria donde debe quitar y donde poner profesorado.

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Hemos salvado el número de profesorado total y algunas cuestiones que se habían perdido este curso como que las tutorías en secundaria estaban previstas para tres horas, las recortaron a dos, y hemos conseguido devolverlas a tres. Pero hemos perdido horas de coordinación que han pasado a otros ámbitos. Quién más pierde es, sobre todo, secundaria.
Cuando publiquen la orden, de cara el curso que viene, los centros se adaptarán a ella. Mientras tanto, nosotros lo hemos calificado como el sainet de las plantillas. Denunciaron los acuerdos para recortar y ahora hemos vuelto, prácticamente, a la casilla de salida. El conseller dijo en agosto de 2023, nada más tomar posesión, que sobraban profesores en el sistema educativo, pero ahora se los tiene que comer y encima han dicho que habrá 157 más. Han hecho el ridículo para volver a la casilla de salida.