ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante pone el contador a cero para garantizar la financiación de las inversiones contempladas en los presupuestos de 2024, tras la definición de un plan plurianual. Esas actuaciones de transformación urbana y de construcción de nuevos equipamientos que, según el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), se extenderán en todos los barrios, deben quedar cubiertas mediante la contratación de un nuevo préstamo bancario por valor de más de 48 millones, que solo se podrá licitar en el momento en el que el presupuesto quede aprobado de forma definitiva.

La propuesta de planificación económica superó el trámite de aprobación inicial este martes, gracias al respaldo de los cuatro concejales de Vox, en virtud de un pacto por el que se asumían una veintena de sus iniciativas (presentadas en el trámite de registro de enmiendas) y por el que se establecía el compromiso de que la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no conllevaría restricciones ni sanciones. Al menos, por el momento, ya que, en la actualidad, no existiría obligación legal sobre ello, según las conclusiones recogidas en dos informes emitidos por la Secretaría General y por el departamento de Medio Ambiente.

El acuerdo permitió que el presupuesto quedase expuesto al público para la presentación de alegaciones desde este mismo miércoles. El plazo para su registro concluye el próximo 12 de febrero. Y en el caso de no presentarse (o de inadmitirse las que se presenten por cuestiones formales o de contenido), quedará aprobado de forma definitiva con lo que se producirá su entrada en vigor de forma automática. Por el contrario, si hubiese alegaciones, su eficacia quedaría demorada hasta que pudiese celebrarse un nuevo pleno para su resolución.

Será a partir de entonces cuando se perfilen los pliegos para contratar el nuevo crédito, como mecanismo flexible de financiación no sujeto a la vigencia de un año de un presupuesto, que se convertirá en el tercero disponible -tras los préstamos de 19,8 y 9,7 millones ya suscritos entre 2022 y 2023- y, por tanto, sería el de mayor importe. De este modo, tras su contratación, el ayuntamiento elevaría a 77,5 millones la suma global adeudada a los bancos, después de que, en julio de 2018, bajo la primera etapa de mandato del actual alcalde, Luis Barcala, se decidiese saldar todas las deudas de préstamos previos para cancelar el plan de ajuste del que el Ayuntamiento se tuvo que dotar en 2014 y poner fin a la intervención contable del Ministerio de Hacienda.

Por el momento, las bases para contratar ese nuevo crédito no están cerradas, aunque todo parece indicar que se podría optar por una convocatoria en un único lote, a diferencia de lo que sucedió en 2022, cuando se firmó dos créditos con dos entidades distintas: Banco Sabadell y Unicaja. Además, se presupone que podría requerirse un plazo de carencia, sin pago de intereses, como en los dos créditos anteriores. No obstante, todo dependerá del criterio que se considere más favorable por parte de la Tesorería Municipal.

Actuaciones previstas

En todo caso, en el compás de espera hasta que pueda formalizarse su contratación, el equipo de gobierno seguirá centrado en la preparación de los pliegos que todavía no estén redactados para contratar las obras de esos proyectos con el fin de optimizar plazos y de aprovechar el anticipo en la aprobación de las cuentas respecto a los años precedentes. Con ello, se prevé en disponer de más tiempo para la realización de obras y, en consecuencia, mejorar los porcentajes de ejecución de las inversiones programadas, por encima del 25% que se espera alcanzar en cuanto se cierre el ejercicio de 2023 (hasta noviembre era del 19%, según el informe de fiscalización de los presupuestos elaborado por el departamento de Intervención).