VALÈNCIA. Este viernes ha tenido lugar la declaración de otro técnico de Emergencias en la causa judicial de la Dana que sigue el juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. Se trata de un trabajador de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), adscrito a la Conselleria de Emergencias, y ha confirmado ante la jueza que la entonces consellera, Salomé Pradas, investigada en la causa, ostentaba el mando único si bien ha destacado la responsabilidad que tienen tanto la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como los ayuntamientos en la vigilancia de los barrancos.

Así se ha pronunciado el empleado de la Agencia, jefe de servicio de Planificación y experto en la gestión de planes de emergencias, protección civil y desarrollo normativo, por lo que no forma parte de la gestión operativa de la emergencia sino de la planificación previa. Así, ha detallado la normativa del ramo donde se reparten las funciones de cada responsable, entre ellos el titular de la Conselleria de Emergencias, en aquel momento Pradas, y del secretario autonómico de Emergencias, entonces Emilio Argüeso, también investigado a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva su recurso.

El técnico ha explicado que "las funciones del director del Plan de Inundaciones están muy testadas". "La ley establece el mando único al conseller con una serie de funciones que no coinciden exactamente con las del Director del Plan", ha expuesto, y es al director del plan al que le confiere la función de activarlo, decidir los medios y recursos para actuar, establecer las medidas de emergencias, los avisos, solicitar recursos extraordinarios, etcétera.

La defensa de Pradas ha sostenido en el procedimiento judicial que el Cecopi, presidido por la consellera, era un órgano colegiado donde había un comité de dirección junto a la delegada del Gobierno. Al respecto, el jefe de servicio ha explicado que la antigua norma buscaba que "las diferentes administraciones trabajaran coordinadas y estableció la figura del comité de dirección con funcones colegiadas". "Sin embargo, la Ley de Emergencias dice que el mando es único, de modo que las funciones se asignaron al director del plan", ha expuesto.

Al hilo de ello, ha asegurado que el Comité de Dirección "no es más que un comité en el que está el director y la delegada [del Gobierno], porque no vas a poner a la delegada al mismo nivel que el comité asesor". Y más tarde, sobre Bernabé, ha apuntado que el Plan no le asignaba "ninguna función específica" sino que "como miembro del Cecopi" era "representante de la Administración central".

En cuanto a Argüeso, ha señalado que el Plan de Inundaciones establece una "pseudodelegación" de la dirección del plan en el secretario atuonómico pero sólo en situación de emergencia 0 y 1: "En situación 2 no se puede delegar". Aquel día se llegó a ese nivel, de manera que el mando recaía exclusivamente en Pradas. Por otra parte, el empleado público aclaró que el Plan de Inundaciones no establece la obligación de que se convoque un "Cecopi preventivo" pero "el director del Plan podía haberlo convocado". En ese sentido, ha considerado que de cara a una modificación del Plan se deberían "establecer una serie de recomendaciones" pero lo cierto es que el día de la Dana eso "no estaba escrito".

Asimismo, ha declarado que, en su opinión, aquel día "debía haberse declarado la situación de Emergencia Nacional". Esto es, el nivel 3 de la emergencia en el que el Gobierno central asume el mando. "Se hizo con el apagón, lógicamente se debió hacer" con la Dana, ha considerado. Con todo, ni el Gobierno central tomó el mando ni la Generalitat Valenciana pidió que lo hiciera, como sí hizo durante el apagón.

La CHJ y ayuntamientos, responsables en barrancos

El técnico ha sido preguntado sobre las responsabilidades en la vigilancia de los barrancos y cauces, y ha asegurado que esto lo hacne "principalmente los ayuntamientos y la Confederación [Hidrográfica del Júcar", que es "la que tiene la red de sensores y la información y sobre todo el conocimiento de las cuencas, porque son expertos en el río". "Tienen una obligación", ha explicado, para añadir que en el plan estatal "se hace mucho hincapié en el papel que tiene la confederación, y cuando se habla del seguimiento, se habla de notificaciones con formatos normalizados, se tiene que informar de una serie de datos, de una tendencia y de una previsión de evaluación".

Asimismo, ha explicado que los datos "solamente" pueden "analizarlos" en la CHJ porque tienen los conocimientos. Al respecto, ha señalado que el plan estatal dice que "se debe disponer de protocolos de alerta hidrológica, que los aprueba la Dirección General del Agua", según el técnico. De hecho, la jueza requirió a la CHJ su protocolo de avisos pero el organismo respondió con un informe al respecto, sin remitir el protocolo como tal, por lo que la propia Pradas ha insistido para que la magistrada requiera este protocolo, al que se ha referido el técnico en su intervención.

También se ha referido a los plan de emergencias municipales, que son obligatorios. "Los planes locales los elaboran los ayuntamientos pero la realidad es que no tienen recursos para hacerlos", por lo que, ha dicho, los han elaborado desde la Agencia a partir de 2010. En 2020, ha relatado, "se inició una iniciativa de fomento de planes municipales y se subvencionó la elaboración" de los mismos. La Generalitat se encargó, a partir de este momento, de revisar los planes que habían hecho los entes locales. Respecto a aquella jornada, el jefe de Planificación de la Agencia ha dejado claro que los consistorios "tenían que haber activado el Plan de Emergencias por Inundaciones" y, en el caso de que no tuvieran, deberían haber puesto en marcha el Plan Territorial.