CASTELLÓ. La Generalitat Valenciana busca cerrar el cerco a los accesos irregulares a la vivienda de protección pública (VPP) después de la crisis de Alicante, donde la justicia investiga para determinar la posible existencia de fraude o indicios de delito en la gestión de los pisos construidos por la cooperativa Residencial Les Naus en un solar municipal. Para ello, el gobierno autonómico ha planteado este martes en Castelló un giro normativo que introduce un criterio hasta ahora inexistente en la baremación: el "arraigo local". El president del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que su ejecutivo incorporará una enmienda a la Ley de Simplificación Administrativa para reforzar los controles en la adjudicación de las VPP y priorizará a los vecinos vinculados al municipio donde se ubique el inmueble. La modificación, según ha explicado, pretende blindar la correcta adjudicación y el uso efectivo de estas viviendas y reforzar los mecanismos de "publicidad, transparencia y fiscalización".
El anuncio se produce en un contexto de creciente presión social por el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, y en paralelo al despliegue del Plan Vive, la principal apuesta del Consell para incrementar el parque público mediante fórmulas de colaboración público-privada. Así, Pérez Llorca ha defendido que la situación actual obliga a actuar "con determinación, responsabilidad y realismo" y a combinar "medidas normativas con incentivos económicos y simplificación administrativa". En ese marco se inscriben tanto la estrategia mencionada como las ayudas al alquiler, el Bono Joven o las ayudas dirigidas a ayuntamientos y particulares para actuaciones de regeneración y rehabilitación.
Más de 300 millones de euros presupuestados
El presupuesto que sustenta las políticas supera los 300 millones de euros en las cuentas autonómicas en vigor, una dotación que, según el president de la Generalitat, permite "mantener las líneas sociales dirigidas a los colectivos vulnerables y ampliar los mecanismos de acceso a la vivienda protegida". El Plan Vive, ha subrayado, se ha consolidado como un "modelo" de cooperación entre las administraciones y el sector privado que suma un total de 319 municipios adheridos y ha impulsado más de 4.800 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana. "No se trata de anuncios a corto plazo, sino de una política útil cuyos resultados se consoliden en el tiempo", ha apuntado durante su visita a la capital de la Plana.
En el caso de Castelló, la adhesión a la iniciativa de vivienda en junio de 2024 se traduce en el inicio de la construcción de 123 viviendas de protección pública, de las que un total de 21 pasarán a integrarse en el parque público gestionado por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Asimismo, se suman otras actuaciones, como el sector Río Seco, en la ronda norte de la ciudad, que contempla unas 2.000 viviendas —la mitad protegidas—, o los proyectos de rehabilitación en la calle Santa Cruz de Tenerife y en la avenida Capuchinos, con inversión cercana a los 10 millones de euros.
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