VALÈNCIA. El objetivo conseguido por Carlos Mazón de poder contar, salvo imprevistos de última hora, con unos presupuestos de la Generalitat para 2025 no solo ha exigido unos sacrificios en términos de imagen personal del propio president y del PP por la asunción del discurso ultraderechista de Vox en una comparecencia en Les Corts el pasado 17 de marzo, sino que ha conllevado una concesiones al partido de Santiago Abascal que convierten en papel mojado el propio proyecto de Presupuestos.

Lo habitual es que el Consell apruebe las modificaciones fiscales en el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, conocida como Ley de Acompañamiento, y que a continuación presente un proyecto de Presupuestos con unas previsiones de ingresos ajustadas a esa normativa fiscal, pero esta vez se ha hecho al revés. El Consell apenas introdujo novedades fiscales en la Ley de Acompañamiento en forma de deducciones en el IRPF para familias y algunas rebajas más, pero no contaba con las exigencias de Vox al elaborar las cuentas.

Así, el Consell aprobó el 20 de marzo un proyecto con un presupuesto no financiero, es decir, el que contempla el gasto real sin la deuda, de 26.251 millones de euros, un 15,8% más que en 2024. Unas cuentas, como siempre, cogidas con pinzas debido a la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana. Así, el proyecto prevé un déficit de 1.800 millones, el 1,2%, doce veces más que el autorizado por el Gobierno, que es el 0,1%. Una cifra que se acerca a la reivindicación de una mejor financiación autonómica por parte de la Generalitat, que en los últimos años se ha cifrado en unos 1.700 millones de euros.

No obstante, el déficit será probablemente de unos 3.000 millones porque en el capítulo de ingresos el Consell ha vuelto a meter partidas que no llegarán, como 347 millones de euros que supuestamente debe el Estado a la Generalitat en materia de dependencia y 1.022 millones de euros en gastos sanitarios por desplazados.

Y lo cierto es que el déficit será aún mayor si se aprueban las enmiendas de Vox que rebajan varios impuestos, salvo que se compense esa merma de recaudación con recortes en el capítulo de gastos, cosa que no se contempla en las enmiendas presentadas. Las rebajas fiscales de Vox, asumidas en su mayoría por el PP y presentadas como propias por Mazón, supondrán entre 200 y 250 millones de euros menos de recaudación, según los cálculos efectuados por este periódico.

El agujero más importante es el del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, cuyo tipo general baja del 10 al 9%, según confirmó el propio Mazón este viernes en Alicante. Una buena noticia para los contribuyentes pero un quebradero de cabeza para la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que había previsto unos ingresos por este impuesto de 1.714 millones de euros. La bajada afecta solo al tipo general, por lo que la merma de recaudación no sería el 10%, pero se acercaría a los 170 millones de euros.

Asociado también a la vivienda está el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo tipo general baja del 1,5 al 1,4%, es decir, un 6,67%. Dado que la recaudación prevista en el proyecto de presupuestos es de 406 millones, la merma de ingresos sería de unos 27 millones.

El tercer gran impuesto que puede hacer más grande el agujero en el Presupuesto de la Generalitat es el de Patrimonio, que Vox ha propuesto rebajar, aunque no está claro que el PP vaya a aprobar esta enmienda. La propuesta de Vox, como adelantó ese periódico el viernes, es elevar el mínimo exento de 500.000 euros a un millón, lo que supondría que unos 10.000 contribuyentes dejaran de pagar este tributo. La recaudación prevista por el Impuesto sobre el Patrimonio es de 226 millones. Es difícil calcular cuál sería la merma, pero seguro que sumaría varias decenas de millones de euros. No obstante, cabe la posibilidad de que PP y Vox pacten una enmienda transaccional y rebajen sitúen el mínimo exento en 700.000 euros, como en el impuesto estatal a grandes fortunas, lo que reduciría el impacto en los ingresos.

Otro impuesto que ya se rebajó en 2023 para familiares de primer y segundo grado es el de Sucesiones y Donaciones, al que se quiere dar otra vuelta de tuerca con una enmienda -según la enmienda presentada por Vox- para bonificar al 75% el tercer grado de consanguinidad, lo que beneficiaría a sobrinos, tíos, bisabuelos o biznietos. La Generalitat prevé ingresar 212 millones por este impuesto y en este caso es muy difícil calcular cuánto podría ser la merma de recaudacción.