VALÈNCIA (EFE). La causa judicial que tiene abierta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) sobre posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en relación con la dana del 29 de octubre incluye ya a más de 170 fallecidos en las riadas que asolaron la provincia. Son 76 víctimas mortales que se produjeron en el partido judicial de Catarroja, 80 en el de Torrent, 4 de Alzira, 7 de Quart de Poblet, 3 de València y un desaparecido de Picassent.
Según las fuentes judiciales consultadas por EFE, se siguen tramitando más inhibiciones desde otros juzgados de la provincia, por lo que se espera que finalmente esta causa judicial incluya las muertes de 227 personas, las 224 que constan oficialmente y las de tres personas desaparecidas cuyo certificado de defunción se tramita actualmente.
Trámite oficial de defunción
Estos trámites para declarar oficialmente fallecidas a las tres personas cuyos cuerpos no han sido hallados todavía se siguen en los juzgados de Requena (por la mujer desaparecida en Cheste), València (por el hombre desaparecido en Pedralba) y Picassent (por el hombre desaparecido en Montserrat).
La certificación oficial del fallecimiento se solicitó por parte de los familiares una vez transcurridos tres meses desde las trágicas riadas, aunque no es un proceso automático sino que está sujeto a la Ley de Jurisdicción Voluntaria y requiere varios trámites -en los que los juzgados avanzan a diferente ritmo-, tales como comparecencias de los familiares directos y publicaciones en varios boletines oficiales.
Una vez dictadas y notificadas estas resoluciones oficiales de fallecimiento se informará al Centro de Integración de Datos (CID) para que las defunciones sean contabilizadas y añadidas a las otras 224.
Desde el pasado mes de diciembre, cuando empezó a practicar diligencias de investigación, la jueza de Catarroja ha tomado declaración a cerca de un centenar de testigos, familiares de los fallecidos, y ha ofrecido acciones legales al resto de perjudicados.
Muchos de esos testigos, que están en tratamiento psicológico a causa de lo ocurrido, están siendo ya examinados por el Instituto de Medicina Legal de Valencia para evaluar sus daños y secuelas psicológicas, según informó recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
De las declaraciones testificales practicadas hasta ahora la jueza concluye indiciariamente, y así lo ha expuesto en diversos autos, que hubo una “palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse” y que el mensaje de alerta emitido a las 20:11 horas del sistema ES-Alert a la ciudadanía fue “notablemente tardío” y “errado en su contenido”.
Seis acusaciones populares
En las diligencias judiciales se han personado hasta el momento decenas de acusaciones particulares, en representación de familiares de los fallecidos, y seis acusaciones populares (Vox, Podemos, FTAP-CGT, Associació de Damnificats de l'Horta Sud, PSPV-PSOE y Acció Cultural del País Valencià) tras el pago de sendas fianzas de 6.000 euros.
La instructora ha solicitado la misma cuantía como caución para ejercer la acusación popular a la asociación Liberum.
