ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por 9 concejales del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs), supera la primera votación en la comisión informativa de Hacienda para poder aplicar modificaciones en el presupuesto municipal de 2019, ya aprobado bajo el mandato del PP en solitario, en abril de este año. La propuesta comprende variaciones en diversas partidas que suman un importe global de 38 millones con el propósito fundamental de impulsar la contratación de las llamadas inversiones financieramente sostenibles (obras municipales sufragadas con el remanente del presupuesto del año anterior) por valor de 27,8 millones.
El acuerdo logró un dictamen favorable de la comisión gracias al respaldo del equipo de Gobierno y del grupo municipal de Vox, alineado de nuevo con PP y Cs como ya sucedió en el pleno en el que se aprobó el régimen de funcionamiento de la nueva corporación. Es decir, el equivalente a 16 concejales de los 29 que componen la corporación municipal: mayoría absoluta. Sin embargo, como ya ha contado Alicante Plaza, los tres grupos políticos opositores del eje progresista -PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís- se decantaron por la abstención al no compartir ni el contenido ni las formas de la propuesta.
En resumen, las tres formaciones consideraron que en la modificación se había incluido conceptos que debían haberse tramitado por separado, como el pago de sentencias y de facturas no previstas en presupuesto (OPAs por 1,9 millones); la amortización anticipada de préstamos (4,2 millones) o una ampliación de crédito para determinadas actuaciones que tampoco habían tenido reflejo en el presupuesto ordinario. Además, alertaron de que los proyectos previstos como inversiones sostenibles no servían para corregir las desigualdades entre los barrios de Alicante ni atendían las necesidades más urgentes en zonas especialmente degradadas.
En esta línea, apuntaron que esos proyectos no han pasado la evaluación del interventor municipal -que debe informar y evaluar si encajan en los supuestos de las inversiones sostenibles (básicamente, que su ejecución no genere nuevos gastos)- por lo que podían quedar rechazados sin que llegasen a ejecutarse. Y por último, advirtieron de que prácticamente se había vaciado el fondo de contingencia (previsto para cubrir asuntos sobrevenidos) al derivar más de un millón de euros a la ejecución de determinadas obras que el bipartito había considerado urgentes, así como al pago de diversas sentencias judiciales (en su mayoría, derivadas de expropiaciones o de acuerdos relacionados con el planeamiento urbanístico).