ALICANTE. El popular Luis Barcala renueva mandato al frente del Ayuntamiento de Alicante tras ser investido alcalde este sábado como candidato de la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Se trata de la tercera ocasión en la que toma la vara de mando tras la registrada en abril de 2018 (entonces, como consecuencia de la dimisión del socialista Gabriel Echávarri), y la de junio de 2019. Pero, a diferencia de lo que sucedió hace cuatro años, en virtud del pacto suscrito con Ciudadanos (Cs), esta vez tendrá la capacidad de desplegar el programa electoral con el que el PP concurrió a las urnas, sin quedar sujeto a negociaciones y posibles cesiones para conciliar intereses con un hipotético socio político en aquellas decisiones que quedan bajo competencia de la Junta de Gobierno. En realidad, la mayoría de los acuerdos relacionados con la gestión municipal, en función de lo previsto en la llamada Ley de Grandes Ciudades. 

El mismo Barcala dejó claro, una vez conocido el escrutinio del 28M, que su intención era gobernar en solitario. En realidad, era su hoja de ruta de partida que había desvelado meses atrás. Y, de hecho, en la ronda de contactos institucionales previa a la investidura, rechazó el ofrecimiento de Vox para armar un gobierno sólido de 18 concejales: los mismos de los que dispuso la popular Sonia Castedo entre 2011 y 2015. 

Eso sí, en esta ocasión, Barcala seguirá dependiendo de apoyos externos para superar las votaciones más complejas que lleguen al salón de plenos, entre las que figuran las relacionadas con las grandes decisiones sobre el planeamiento urbanístico (que requieren de mayoría absoluta) o los presupuestos (para los que resulta suficiente con una mayoría simple).

Dicho de otro modo: con los 14 concejales obtenidos ahora (cinco más que en 2019), el PP queda abocado a alcanzar pactos puntuales con alguna de las cuatro fuerzas que ejercen funciones de oposición. El primer edil es muy consciente de ello. De ahí que, en su discurso de toma de posesión, insistiese en tender la mano para llegar a acuerdos sobre las decisiones que atañen a la planificación del futuro de la ciudad y que permitan avanzar en su transformación tanto física (con la ejecución de inversiones por la reurbanización de barrios), como estructural y social.