ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción mueve ficha y sondea opciones para llevar al Tribunal Supremo (TS) la sentencia dictada por la Audiencia sobre la causa del Plan General de Alicante desgajada del caso Brugal. Fuentes consultadas confirmaron que los dos fiscales que pilotaron la acusación, Felipe Briones y Pablo Romero, siguen analizando las 295 páginas de la resolución judicial, conocida este miércoles, para sopesar posibilidades de un previsible recurso de casación. Es una decisión que ya se adoptó frente a la sentencia absolutoria dictada en junio de 2020 por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a la causa matriz de Brugal, relacionada con la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela.

Por lo pronto, este viernes, los representantes de la Fiscalía Anticorrupción registraron  un escrito por el que solicitaban al tribunal que enjuició la causa una ampliación del plazo previsto para anunciar la interposición del recurso, con el propósito de poder disponer de más tiempo de análisis sobre la sentencia. En principio, ese plazo era de cinco días hábiles desde el momento en el que se produjese la última notificación del fallo a los nueve procesados. 

Hasta el momento, según fuentes consultadas, no se ha citado a ninguno de ellos para recoger testimonio de la sentencia, que se les comunicó de forma telemática el día 14, con lo que, de partida, el recurso podría interponerse como mínimo hasta la última semana de este mes, en el supuesto de que a todos los acusados se les citase la próxima semana. 

Con todo, los representantes de la acusación pública plantearon que el plazo oficial para la comunicación del recurso se alargase hasta diez días a partir de esa última notificación. Y el tribunal accedió este mismo viernes a esa petición. Consecuencia: el plazo para anunciar recurso podría llegar a extenderse hasta el mes de septiembre, si se tiene en cuenta que el mes de agosto es inhábil salvo para cuestiones de extrema urgencia.

Así, en principio, todo parece indicar que la voluntad de la Fiscalía será la de interponer el recurso, en defensa de la labor desarrollada durante años de investigación y de práctica de diligencias. No obstante, todavía no existen garantías de que esa posible impugnación acabe materializándose, ante las dificultades que supone fundamentar un recurso frente a una sentencia absolutoria respecto a la mayoría de los delitos apuntados por las acusaciones. Máxime si se tiene en cuenta que la conclusión alcanzada por el tribunal es que no existen pruebas suficientes de la comisión de los delitos atribuidos a los procesados, más allá del cohecho por el que sí se condena al exalcalde Luis Díaz Alperi y al promotor Enrique Ortiz.