Los exalcaldes del PP en Orihuela, Mónica Lorente y José Manuel Medina, tras conocer la sentencia absolutoria. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La sentencia sobre la trama de la basura de Orihuela investigada en el caso Brugal no adquirirá firmeza. Al menos, por el momento. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante anunció este martes ante la Sección Séptima de la Audiencia -el órgano que enjuició los hechos- la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). El plazo para cumplimentar ese trámite expiraba, de hecho, este miércoles a las 15:00 horas. Con ese anuncio, la Fiscalía dispondrá de un plazo adicional de otros 15 días para el registro del recurso propiamente dicho, según precisaron fuentes jurídicas consultadas. Eso sí, el beneplácito sobre su presentación quedaría en manos de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid o de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras recibir el informe de propuesta de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante, que lleva trabajando desde que se conoció el contenido del fallo en el estudio de su posible impugnación.
Poco más de un mes después de que se conociese la sentencia absolutoria para los 34 acusados, la Fiscalía ha concluido que sí existen argumentos suficientes para solicitar que se revoquen las conclusiones alcanzadas por el tribunal y que, incluso, se pueda volver a celebrar la vista con otro tribunal, después de que los magistrados acordasen la nulidad de las escuchas practicadas por los investigadores al considerar que no se autorizaron de manera correcta.
El anuncio sobre la presentación del recurso de casación resulta trascendente en la medida en que existen otras causas pendientes de juicio derivadas de las investigaciones del caso Brugal. Entre ellas, las dos de mayor calado son las que afectan al supuesto amaño del Plan General de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz y la seguida sobre las anomalías en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja en favor de una alianza empresarial participada por el mismo empresario.
El juicio sobre la primera de esas dos causas se inició, precisamente, hace dos semanas, con el planteamiento de las cuestiones previas. La segunda, que atañe a la construcción de la planta de tratamiento de residuos de la Vega Baja, sigue pendiente de señalamiento.
Precisamente, el 10 de junio, se hizo pública la sentencia del juicio a los 34 acusados de la presunta trama de corrupción empresarial en torno a la contrata de basuras de Orihuela. La base que dio origen a la macrocausa del caso Brugal. Según esta sentencia de 391 páginas, todos los acusados entre ellos los exalcaldes del PP Mónica Lorente y José Manuel Medina, y el empresario Ángel Fenoll, fueron absueltos por la sección séptima de la Audiencia de Alicante con sede en Elche.
A lo largo de más de nueve meses y 58 sesiones de juicio, la sombra sobre la validez de las escuchas circuló en la sala, primero en las cuestiones previas, cuando los letrados dela defensa pidieron su anulación y, después, cuando los jueces aceptaron parte de esa petición como resolución a esas cuestiones previas.
En esta resolución judicial pesó la anulación de las escuchas practicadas por los agentes de la Udef durante la fase de investigación. En concreto, el fallo -que ahora recurrirá Anticorrupción- considera que esos pinchazos telefónicos se realizaron de manera ilícita al haberse infringido el derecho fundamental al secreto de las telecomunicaciones, en la medida en que no contaron con resoluciones judiciales que las autorizasen. Además, la Audiencia también incide en su fallo en que no se siguió el protocolo de sellado necesario para su volcado.
Añade dicha sentencia que las pruebas que abrieron el proceso, las grabaciones aportadas por el principal acusado, el industrial Ángel Fenoll, fueron realizadas de manera ilegítima y vulneran los derechos fundamentales de los acusados.
Ese mismo día, el bufete de abogados que contrató el equipo de gobierno para llevar a cabo la acusación particular emitió un informe en el que desarrollaba la explicación e interpretación de la sentencia a modo de orientación y posterior valoración del consistorio. En él detallaba aspectos claves de la sentencia, como las razones por las que se absuelven a los 34 acusados, con el objeto último de obtener la confirmación de si se procedería o no a recurrir la sentencia. El Ayuntamiento de Orihuela decidió no recurrir. No obstante, la Fiscalía sí ha dado el paso.
