ALICANTE. La Fiscalía Anticorrupción da un nuevo impulso a la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 4 por las supuestas anomalías registradas en la contratación de servicios en el Teatro Principal de Alicante con el fin de desentrañar si pudo producirse un fraude en su adjudicación directa, sin convocar un proceso de licitación pública al uso que quedase abierto a la pública concurrencia empresarial. 

Esos contratos se centrarían en la realización de trabajos de escenografía, montaje de escenarios y suministro de asistentes (azafatas), según las denuncias registradas por varios extrabajadores. La investigación se centra, así, en precisar si esos encargos se habrían concertado de forma continua con una misma representante empresarial, aunque ligada a distintas sociedades, a partir del año 2004, según apuntaba la propia Fiscalía en el escrito de recurso remitido al juzgado el pasado marzo frente al cierre provisional de las diligencias acordado por el juzgado. Fue ese recurso el que propició la reapertura de la instrucción.

En concreto, en ese escrito, Anticorrupción apreciaba la existencia de indicios de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Y solicitaba que se le remitiese documentación relacionada con las normas que regulan el funcionamiento de la sala, así como con la realización de las contrataciones de esos servicios con empresas externas, siempre vinculadas a una misma representante. Además, instaba a que se precisase quiénes habían asumido responsabilidades directivas en el teatro desde 2004 y quién había tomado las decisiones relacionadas con la adjudicación de esos contratos externos también desde ese periodo.

En esta línea, Anticorrupción acaba de reiterar y ampliar ahora la solicitud de documentación. En particular, emplaza al juzgado a que dirija un requerimiento a los responsables del Teatro Principal para que proporcionen informes adicionales con el fin de cotejar todos los encargos formalizados desde finales de 2018, ya que ese fue el momento en el que la comunidad de bienes que rige el teatro pasó a tener claramente una porcentaje mayoritario de participación pública, a través del propio Ayuntamiento y de la Generalitat. De hecho, fue el 28 de diciembre de ese año cuando se formalizó el acuerdo por el que la administración autonómica se incorporaba a la comunidad de bienes de la sala, al asumir una participación del 29,852%, que se suma al porcentaje del 35,047% en manos del Ayuntamiento de Alicante. Por su parte, la propiedad se completa desde entonces con otro porcentaje del 35,047% propiedad del Banco Sabadell.

La Fiscalía Anticorrupción considera que la documentación remitida tras el primer requerimiento, el pasado mes de marzo, estaría incompleta. Sobre todo, por lo que respecta a la información facilitada respecto a cuáles fueron las instrucciones seguidas con el fin de adjudicar la prestación de los servicios de montaje de escenarios y de suministro de azafatas. La Fiscalía subraya que, sobre ese punto concreto, en los documentos puestos a su disposición solo se habría detallado que "las directrices o instrucciones impartidas desde el Teatro a fin de prestar los servicios de acomodación y montaje de escenarios desde el año 2004 hasta la actualidad es el de conseguir la realización de los mismos al menor precio a igualdad en la calidad del servicio".

Sin licitación pública

En su nuevo requerimiento, fechado el 16 de octubre, Anticorrupción señala que de la información facilitada hasta el momento, parece demostrarse que la adjudicación de esos servicios "nunca ha sido sometida a licitación pública". En especial, por lo que respecta a las formalizadas a partir del año 2017, cuando entró en vigor la última revisión de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, que confirmaría la necesidad de que los organismos públicos convocasen licitaciones para la contratación de servicios. Y esa situación (ausencia de concursos) se extendería también a los encargos formalizados desde enero de 2019, cuando las administraciones públicas pasaron a ostentar la mayoría de participaciones en la comunidad de propietarios del teatro.