ALICANTE. No sabía nada y nadie se lo dijo. El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, niega haber tenido cualquier tipo de conocimiento antes de enero de este año respecto a la identidad de las personas que compraron las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal subastado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. Así lo ha asegurado este jueves en su comparecencia ante el pleno, en respuesta a la solicitud de celebración de una sesión de carácter extraordinaria forzada por las firmas de los concejales de los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem. Una petición que se produjo este lunes, después de que trascendiese el contenido de la declaración ofrecida ante el juzgado por la exdirectora general de Organización Interna (que regresó a su plaza como jefa de Contratación cuando trascendió la polémica de Les Naus), María Pérez-Hickman, en la que aseguró que, en febrero de 2022, había informado a Villar de que sus dos hijos estaban inscritos en la cooperativa.
El también concejal de Contratación y Asesoría Jurídica ha desmentido esas manifestaciones, lo que implicaría que la funcionaria habría mentido al ofrecer esa versión ante la jueza que instruye las diligencias sobre las presuntas irregularidades detectadas en la gestión y venta de los pisos objeto de controversia. En este sentido, Villar ha asegurado que esa supuesta conversación referida por Pérez-Hickman no se había producido. Es más, ha señalado que así lo había podido contrastar con el jefe del servicio de Asesoría Jurídica que, según el relato de Pérez-Hickman, también habría estado presente en el momento en el que ella habría manifestado esa circunstancia relativa a sus hijos. A partir de ahí, Villar se ha ajustado a dar respuesta a las 12 preguntas concretas planteadas por PSOE, Compromís y EU Podem en el escrito de solicitud de celebración del pleno extraordinario.
En este sentido, ha asegurado que solo tuvo conocimiento de que los hijos de Pérez-Hickman figuraban entre los cooperativistas de Les Naus a finales de 2026, cuando trascendió la polémica. Además, ha sostenido que en el momento en el que trascendió esa información, no podía haber adoptadon ninguna posible medida preventiva o disciplinaria respecto a las funciones que ella desempeñaba, al apuntar que, en ese momento, ella no era subordinada suya en el departamento de Contratación, puesto que todavía ocupaba el puesto de directora general de Organización Interna (un puesto de designación directa por parte del alcalde, tras el desarrollo de un proceso abierto a la presentación de candidaturas). Lo cierto es que Pérez-Hickman renunció a ese puesto días después de que se conociese esa información respecto a sus descendientes.
Entonces, según ha explicado Villar, regresó a la plaza de la que disponía en propiedad como jefa de Contratación, sin que entonces tampoco acordase ninguna medida respecto a ella y sus responsabilidades, puesto que el informe de averiguación de hechos encomendado al secretario municipal determinó que no había existido ninguna incompatibilidad o conflicto de interés respecto a su actuación, en la medida en que no había intervenido de forma directa en las decisiones relacionadas con el expediente de Les Naus. Ese informe señalaba que Pérez-Hickman no dispone de voto en la Mesa de Contratación. Así, ha justificado que no se adoptase ninguna medida disciplinaria, que solo ha contemplado que correspondería adoptar en el futuro en el caso de que el juzgado determinase que sí pudo cometer algún tipo de irregularidad.
Así, el vicealcalde ha apuntado que si -una vez conocidos los hechos, en enero de 2026- se mantuvo a Pérez-Hickman en el puesto de jefa de Contratación fue porque "es el puesto que tiene en propiedad como funcionaria y tiene derecho", sin que exista "constancia de ninguna irregularidad, según el expediente de averiguación de hechos", ha apuntado. "Si el juzgado lo decidiese se actuaría, pero sin prejuzgar su actuación", ha recalcado.
En todo caso, Villar también ha señalado -en respuesta a las preguntas de la oposición- que, al no ser conocedor de que los hijos de la funcionaria optaban a una vivienda en febrero de 2022, no pudo analizar si existía un conflicto de interés. De igual modo, también ha dicho que no pudo informar al alcalde, Luis Barcala, ni a ningún otro miembro del equipo de gobierno respecto a la información que, supuestamente, le había trasladado la jefa de Contratación porque, según su versión, nunca hubo tal traslado. "No pude informar de conversaciones de las que no tenía constancia", ha dicho.
Por último, respecto a las cuestiones planteadas por la izquierda respecto a si considera que debería haberse actuado de otro modo respecto a la tramitación y el control de los pisos de Les Naus, ha sostenido que con la información que hoy conocemos, el proceso ha sido "adecuado" ya ha añadido que "se siguieron las mismas medidas desde el principio" que había previsto el extinto tripartito formado por PSOE, Guanyar y Compromís, a partir de 2016. Eso sí, ha añadido que "a toro pasado es fácil pensar que quizá pudieron establecerse otras medidas que no tuvo en cuenta el tripartito". De ahí que haya apuntado que "quizá de cara a un futuro" si resultaría necesario "reforzar las medidas de control" a la hora de promover otros procedimientos similares destinados al desarrollo de vivienda púbica "como las que ya ha adoptado este equipo de gobierno respecto a nuevas actuaciones de promoción de vivienda pública", en alusión al procedimiento de licitación seguido respecto al solar de la calle Ceuta, en el barrio de San Blas, cuyo pliego de condiciones se modificó -una vez ya convocado el concurso- con la intención de endurecer los controles preventivos que evitasen un posible conflicto de interés o vinculaciones entre responsables municipales, promotores y compradores finales de los pisos.
Se trata de una posición que, no obstante, no se defendió al cierre de la comisión municipal de fiscalización sobre las viviendas de Les Naus, cuando se votaron las conclusiones por separado de los cinco grupos políticos municipales, sin que ni el PP, ni ninguna otra formación tratase de promover un acuerdo sobre los posibles controles o medidas a adoptar en el futuro para impedir que pudiese producirse una controversia similar en el futuro, a pesar de que la mayoría de grupos políticos sí había recogido algunas propuestas en sus respectivos escritos, como informó este diario.
La exigencia de explicaciones de la oposición
Sea como fuere, en el momento en el que Villar ha ofrecido sus explicaciones, ya había tenido que escuchar la exigencia de transparencia formulada por los representantes de las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición: PSOE, Vox, Compromís y EU Podem. La primera en abrir fuego dialéctico había sido la portavoz del PSOE, Trini Amorós, quien ha comenzado reprochando al alcalde su decisión de no comparecer "para ofrecer explicaciones" ante la comisión municipal de fiscalización sobre las VPP. En este sentido, ha sostenido que, desde el principio, "se nos dijo que nadie sabía nada" respecto a la polémica "y ahora sabemos que la mitad de su gobierno" sí tenía conocimiento, al referirse tanto a la versión de Pérez-Hickman como a la del exconcejal de Hacienda, Toni Gallego. Así, ha incidido en que en algunos casos, ese conocimiento era anterior a la celebración de las elecciones municipales de 2023, a colación de las declaraciones facilitadas por la jefa de Contratación. "Llegados a este punto, o demuestre en este pleno que Pérez-Hickman miente, o no tiene otra salida que dimitir", ha sostenido, tras asegurar que la declaración de la actual jefa de Contratación "lo cambia todo".
De igual modo, ha cuestionado a Villar sobre las conclusiones de los expedientes de averiguación de hechos instruidos sobre los funcionarios que compraron vivienda (o lo hicieron sus familiares) en Les Naus de los que "no se nos ha facilitado información" y también ha cuestionado los motivos por los que se mantenía a Pérez-Hickman en sus responsabilidades como jefa de Contratación. Además, ha instado a Barcala a tomar decisiones, como la destitución de dicha funcionaria y el cese de Villar, tras reclamar explicaciones sobre los acuerdos adoptados desde el momento en el que se tuvo conocimiento de la identidad de los compradores de los pisos.
En segundo término, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que, antes de la sesión, los tres grupos del eje progresista habían solicitado que se guardase un minuto de silencio por el fallecimiento de Maricarmen: la mujer de 87 años desahuciada en Madrid, que ha prendido la mecha de la protesta nacional respecto a los problemas de acceso a la vivienda. "No ha atendido a esa petición; espero que al menos sí atienda a la petición de que exija la devolución de los pisos de Les Naus", ha dicho, tras dirigirse al alcalde. Acto seguido, ha acusado a Villar de ser conocedor de la identidad de los compradores de los pisos y no hacer nada al respecto. Además, ha atribuido ese mismo conocimiento a la edil de Hacienda y Patrimonio, Nayma Beldjilali, a quien ha asegurado que también se forzará a comparecer para que ofrezca explicaciones, si no las aporta ella por propia voluntad.
En su argumentación, ha vuelto a vincular la adjudicación de las viviendas a personas afines al PP y ha aludido a la imputación de los tres miembros del consejo rector a los que se ha acordado llamar a declarar el próximo 21 de octubre para señalar que los tres también adquirieron pisos en la promoción. "No habéis puesto ni un solo control para que estos sinvergüenzas se quedasen los pisos", ha apuntado. Así, ha señalado al alcalde, a Beldjilali y a Villar como los máximos responsables "de esta trama".
En tercer lugar, el portavoz de EU Podem, Manolo Copé, ha insistido en el mensaje procurado por Barcala cuando aseguró que "no iba a parar" hasta que se esclareciesen todas las circunstancias relacionadas con las viviendas de Les Naus "cayese quien cayese". "Por eso estamos hoy aquí, para que se ofrezcan explicaciones", ha enfatizado, tras felicitarse de que, este jueves, se haya suspendido otro desahucio tras la aplicación de los nuevos decretos aprobados por el Gobierno Central. "Durante estos meses hemos escuchado que no sabían nada; pero ahora hemos sabido que la señora Pérez-Hickman declaró que en febrero de 2022 había informado al señor Villar", ha incidido.
Al tiempo, ha acusado al vicealcalde de presidir "indignamente la comisión" de fiscalización municipal y también ha aludido a la imputación de los tres miembros del consejo rector de la cooperativa de Les Naus para asegurar que "cada día conocemos hechos nuevos sobre este escándalo". "Les Naus indigna por que una vivienda protegida puede suponer tener acceso a una vivienda para personas con dificultades, y cualquier sospecha de privilegio es intolerable", ha asegurado. Por último, ha considerado que Barcala había perdido su credibilidad por lo que también le ha instado a presentar su dimisión, junto a Villar.
En cuarto lugar, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha coincidido en que la comparecencia de Villar resultaba necesaria para aportar transparencia y dilucidar quién tenía conocimiento de la identidad de los compradores de los pisos, a raíz de las manifestaciones de Pérez-Hickman. "Si una responsable de Contratación comunicó en 2022 que sus hijos formaban parte de la cooperativa, queremos saber qué se hizo con esa información", ha apuntado. Así, ha cuestionado si en algún momento se analizó o si se pidió un informe para determinar si pudo existir un posible conflicto de interés o incompatibilidad y ha preguntado si se informó al alcalde de esa circunstancia. "Si todo se hizo correctamente, sería muy sencillo explicarlo", ha sostenido. "No queremos que este pleno termine con una guerra política, sino que termine con respuestas", ha insistido. "El señor Villar tiene una oportunidad para explicarse", ha recalcado. "No estamos pidiendo que se asuman responsabilidades; estamos pidiendo respuestas y no venimos a dictar sentencia", ha apuntado.
Con todo, también ha dedicado parte de su discurso a los representantes de las tres formaciones del eje progresista para asegurar que "no tienen legitimidad para exigir absolutamente nada" a partir de las declaraciones judiciales vertidas respecto a los casos que se están investigando en los juzgados respecto al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y en último término, ha intervenido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha acusado a los tres grupos políticos del eje progresista de no tener ningún interés ni preocupación por el desarrollo y adjudicación de vivienda protegida, ya que lo único que les importa, según ha dicho, es "debilitar a este equipo de gobierno". En este sentido, ha vuelto a recriminar que el Consell del Botànic no promoviese la construcción de ningún piso protegido en Alicante y ha insistido en que el equipo de gobierno es el primer interesado en que se esclarezcan los hechos y que haya la máxima transparencia. Además, ha acusado a los tres grupos políticos de la izquierda de querer buscar responsabilidades políticas "cuando todavía no sabemos si alguien ha accedido a una vivienda de manera irregular, porque eso lo tiene que decidir un juzgado", ha señalado.
Además, también ha aludido a lo que ha considerado una gestión deficiente del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que es lo que habría propiciado que perdurasen los desahucios registrados como el de Maricarmen, según ha defendido. Y, de nuevo, ha enumerado las actuaciones desplegadas o en fase de desarrollo con el fin de promover vivienda protegida, como la finalización de las viviendas de El Portón, las que se están rehabilitando en San Gabriel, las que se prevé construir en San Blas, o las que se programan a través del Plan General Estructural (PGE). En este sentido, ha acusado a PSOE, Compromís y EU Podem de querer romper y desestabilizar a un equipo de gobierno "que está unido", ha asegurado.
Al final de su intervención, Mas ha solicitado que constasen en acta las manifestaciones de De España al considerar que podía haberse incurrido en un incumplimiento de la neutralidad institucional debida, según lo regulado en la Loreg, tras incidir en que, precisamente, este miércoles, el alcalde había acordado desconvocar el pleno sobre el estado de Alicante que debía celebrarse este jueves con el argumento de la necesidad de preservar esas limitaciones.
