ALICANTE. La suspensión del pleno ordinario del mes de enero acordada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante en respuesta a la solicitud de medida cautelar solicitada por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, continúa generando reacciones un día después. De hecho, podría acabar derivando en la reforma del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) con el fin de que se habilitasen mecanismos de participación telemática, como los reivindicados por la confluencia. Cuando menos, así lo ha planteado el grupo municipal socialista, Ana Barceló, al anunciar la elaboración de una moción conjunta que pueda sumar el respaldo del resto de grupos políticos municipales con el fin de revisar la normativa que concreta el desarrollo de las sesiones plenarias para "garantizar la riqueza del debate y el ejercicio y fiscalización al gobierno".
En este sentido, Barceló ha considerado necesario "acabar con la sistemática vulneración de derechos que se produce al impedir el acceso a la documentación pública, y con el objetivo, igualmente, de que se pueda garantizar el debate en las sesiones plenarias, en las que no existe posibilidad de réplica". De igual modo, el reglamento se debe adaptar la normativa a los nuevos tiempos, incorporando la posibilidad del uso del voto telemático, regulando los casos concretos en los que se podría utilizar, con garantías jurídicas y legales, según apuntan fuentes del PSOE, a través de un comunicado.
“Es urgente cambiar el ROP y el PSOE propondrá a todos los grupos la presentación de una moción conjunta para la revisión del reglamento. El reglamento no puede ser utilizado discrecionalmente ni vulnerar los derechos de los concejales al impedir el acceso a información a la que tenemos derecho, dentro de la labor de fiscalización y control de la oposición. El reglamento es un corsé que, además, impide el debate democrático entre las distintas fuerzas políticas, convirtiendo el pleno en un monólogo en el que cada grupo expone su posición sin poder confrontar democráticamente las posiciones, dado que no cabe réplica alguna. Es urgente revertir esta situación para que Alicante disponga por fin de un instrumento que garantice la riqueza del debate”, ha destacado Barceló.
En esta línea, el PSOE incide en que el 30 enero de 2020, PSOE, Compromís y Unides-Podem EU presentaron una moción conjunta para la creación de una comisión no permanente para la revisión y modificación del ROP, una propuesta que fue rechazada por PP, Vox y Ciudadanos durante el pasado mandato. “La muestra más evidente de que no se dan todas las garantías es que hoy mismo se ha suspendido un pleno porque se ha impedido participar al concejal de EU-Podem”, ha destacado la portavoz.
Así, Barceló ha recordado que en los plenos de Alicante y con la normativa actual no se permite que haya debate en las declaraciones institucionales. En el caso de las mociones, que sí son de obligado cumplimiento, "no se permite que se puedan tratar cuestiones de interés para la ciudadanía, y prácticamente se limita su aplicación a la creación de comisiones. Con todo, uno de los grandes problemas de Alicante es que el alcalde incumple sistemáticamente la mayoría de los acuerdos que se adoptan en el pleno, e incumple, por tanto, lo dispuesto en el propio ROP", apunta la nota pública.
Acceso a la información
El PSOE detalla que "el artículo 24 del ROP recoge que los concejales pueden solicitar información. La petición se entiende concedida por silencio administrativo positivo en el caso de que el alcalde, el concejal o la junta de gobierno no dicten expresamente una solución denegatoria en el término de cinco días naturales. En esta línea, establece que la denegación de acceso a la documentación debe hacerse necesariamente mediante una resolución o acuerdo que justifique la denegación, algo que no ocurre en Alicante", denuncia.
De igual modo, el PSOE considera que "también se quebranta el derecho a obtener informes de los órganos de gobierno. De acuerdo con el propio reglamento, los concejales tienen derecho de acceso permanente. Sin embargo, eso es algo que se incumple reiteradamente, vulnerando el derecho de los concejales a la información; teniendo que recurrir al Síndic de Greuges, pero sus resoluciones no son de obligado cumplimiento, y el Ayuntamiento hace caso omiso a la vulneración de los citados derechos".
Por su parte, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ya apuntó este mismo miércoles -cuando trascendió la suspensión del pleno ordinario de enero- su apoyo a Esquerra Unida Podem y la defensa de "los derechos políticos de Manolo Copé como del resto de miembros de la corporación". " Ya lo advertimos en su día: debemos cambiar el Reglamento Orgánico del Pleno para garantizar la participación democrática de los representantes de los ciudadanos. El alcalde se encuentra muy cómodo ante estos hechos, ya que ante su inacción a la hora de reformar el ROP deja a la oposición sin capacidad de fiscalizar la labor del gobierno e incluso aprobar ciertas normativas por la variación de las mayorías en el pleno. Desde Compromís no vamos a permitir que este pleno de enero no se celebre, por lo que exigiremos su celebración en un plazo máximo de 15 días", concluyó.
Por lo pronto, el mismo alcalde, Luis Barcala, apuntó este miércoles (antes de que trascendiese el auto judicial por el que se instaba la anulación de la sesión plenaria) que cualquier formación política podía registrar una propuesta normativa de modificación para que se abordase la revisión y actualización del ROP. Con todo, no llegó a precisar si el equipo de gobierno estaría dispuesto a promover esa modificación.
