ALICANTE. El Ayuntamiento de Alicante aboga por mantener los descuentos en los títulos del servicio de transporte urbano en autobús mediante la cobertura dle 20% de la bonificación que ha venido asumiendo hasta el momento, al acogerse a la línea de ayudas promovida por el Gobierno central. En principio, esa medida se extendería hasta el 30 de junio, con lo que permanecería en vigor más allá de este viernes, 31 de enero: la fecha prevista para su extinción hasta ahora. 

El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), estaría aguardando la confirmación del acuerdo oficial del Ejecutivo central para prolongar esa línea de descuentos, por la que los usuarios solo deben abonar el 50% del precio de los títulos. El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes, asumiría el 30%, mientras que el Ayuntamiento completaría la ayuda con otro 20%.

Hasta el momento, también la Generalitat Valenciana ha confirmado su pretensión de prolongar esa bonificación sobre los servicios de transporte que dependen de la administración autonómica, incluso antes de que pudiese confirmarse la prórroga de la ayuda estatal, con el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar con Junts.

En el ámbito de la ciudad de Alicante y de su área metropolitana, ese compromiso de bonificación autonómica se extendía sobre los títulos de transporte del servicio de tranvía, conocido como sistema Tram, y sobre los títulos de las líneas de transporte interurbanas del sistema TAM que conectan Alicante con los municipios de su entorno (San Vicente, El Campello, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel). 

Todo parece indicar que la confirmación de la prórroga de la aportación municipal a ese plan de descuentos podría oficializarse este viernes. El alcalde, Luis Barcala, no llegó a despejar esa posibilidad, en una comparecencia pública ofrecida este miércoles, en la medida en que se había formulado una pregunta en ese sentido que debía quedar contestada en el transcurso del pleno ordinario de enero. No obstante, esa sesión quedó suspendida a través de un auto judicial, en respuesta a la solicitud de medidas cautelares incorporada al contencioso administrativo registrado por el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, después de que se acordase la exclusión de su participación en la sesión en base a un informe de la Secretaría General Municipal en el que se justificaba esa decisión al apuntar que el líder de la confluencia se encontraba de baja por acogimiento familiar de un menor.