ALICANTE.- La propuesta de adhesión al convenio para que el Ayuntamiento de Alicante asuma la potestad de incoar, tramitar y resolver infracciones en materia de viviendas de uso turístico (VUT) ha recibido este viernes el respaldo mayoritario de los grupos municipales en la Comisión de Urbanismo previa al Pleno de enero. Esta petición de asunción de competencias ha contado con el voto a favor de los concejales del PP, PSOE y Vox, mientras que los de Compromís y EU han optado por la abstención.

El vicealcalde, Manuel Villar, ha mostrado su satisfacción por “el amplio consenso alcanzado en una propuesta que es de vital importancia para optimizar el control de las infracciones en materia de vivienda turística y acabar con la actividad ilegal en Alicante”. De trasladarse los votos recogidos en la Comisión de Urbanismo al próximo Pleno, la propuesta recibiría 26 de los 29 votos de la Corporación municipal.

Se trata, en concreto, de la propuesta de adhesión al convenio marco entre la Generalitat, a través de la conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para llevar a cabo la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico (VUT) en Alicante.

La asunción de competencias sancionadoras se suma a otras medidas ya adoptadas por el Ayuntamiento de Alicante para garantizar la sostenibilidad y compatibilidad de los usos turísticos en la ciudad, como son la moratoria en la concesión de licencias a VUT y la tramitación de la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en la ciudad.

Impacto presupuestario

La propuesta de adhesión a este convenio se establece con un horizonte temporal inicia de cinco años y viene refrendada por un informe favorable del Servicio de Economía y Hacienda sobre estabilidad presupuestaria e informe del Servicio Jurídico municipal que certifica que “no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio que se propone”.

Asimismo, otro informe del departamento técnico de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, de la concejalía de Urbanismo, evalúa la situación actual del departamento y la carga de trabajo, el impacto que supondría la asunción de las nuevas competencias, la necesidad de personal de nueva incorporación y una previsión del impacto económico en el presupuesto municipal de ingresos y de gastos.

Este informe habla de un incremento de la carga de trabajo del 20%, un impacto presupuestario en ingresos de 8,8 millones en cinco años y un impacto nulo en gastos, ya que el personal a incorporar al departamento no supone incremento de la plantilla presupuestaria, sino redistribución del personal ya existente y/o pendiente de incorporar a los procesos selectivos en marcha.

Las razones de Compromís 

El concejal Rafa Mas ha denunciado que el Ayuntamiento pretende asumir las competencias para inspeccionar, sancionar y cerrar pisos turísticos ilegales “sin dotar de personal ni recursos” al área encargada de aplicarlas. Estas competencias están disponibles para los municipios desde la entrada en vigor del decreto del Consell en agosto de 2024.

Mas ha recordado que su grupo lleva “un año y medio” reclamando al alcalde Luis Barcala que active este mecanismo y ha señalado que el propio alcalde “posó en Fitur hace un año asegurando que asumiría estas competencias”. Sin embargo, critica que el protocolo presentado ahora en Urbanismo “llega tarde y vacío de contenido operativo”. “Se piensan que somos tontos, pero obviamente no nos van a engañar”, afirmó Mas, quien reprocha al gobierno local que quiera asumir estas funciones “sin personal, sin policía, sin administrativos, sin inspectores”, ha criticado.

“Ahora mismo tenemos solo un inspector y nueve agentes adscritos a Urbanismo, con una sobrecarga de trabajo del 25%. ¿Cómo se va a inspeccionar, cerrar y multar los pisos turísticos ilegales sin más personal?”, ha cuestionado.

El edil sostiene que esta falta de refuerzos “favorece la especulación y la ilegalidad” y asegura que, según estimaciones internas, “seis de cada diez pisos turísticos en la ciudad podrían estar operando sin licencia”.