ALICANTE. El desarrollo del Plan Edificant puesto en marcha por el Consell del Botànic para promover la construcción de nuevos centros educativos, o mejoras en los existentes, vuelve a trastabillarse en la ciudad de Alicante, tras superar una compleja tramitación administrativa que se ha prolongado desde hace más de seis años. En esta ocasión, como consecuencia de la renuncia de la constructora seleccionada para ejecutar la ampliación de uno de los centros englobados en ese programa: el CEIP La Florida. Así se ha puesto de manifiesto este martes en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, en la que los ediles del Partido Popular (PP) han aprobado el inicio del expediente de resolución contractual de los trabajos adjudicados a la empresa Gestión Integral de Mantenimientos y Servicios Auxiliares (Gimsa), lo que permitirá que se convoque un próximo concurso para promover su realización "tan pronto como sea posible", según ha concretado el vicealcalde y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar.

Por partes. El contrato de ampliación de las instalaciones del CEIP La Florida con la construcción de dos nuevas aulas de educación infantil se adjudicó a Gimsa el pasado mes de agosto, por un importe de 403.004,42 y un plazo de ejecución de siete meses. El acta de inicio de los trabajos se firmó en noviembre. Sin embargo, el 21 de febrero, la compañía registró un escrito en el que solicitaba que se aceptase su renuncia a continuar con su realización ante la imposibilidad de asumirlas como consecuencia de la falta de recursos a la que habría quedado expuesta tras el episodio de la dana que asoló más de 75 municipios de la provincia de Valencia. En esa petición, planteaba que no se le impusiese ninguna penalización y que tampoco se incautase la fianza depositada en el momento de aceptción del contrato.

No obstante, en abril, un informe de inspección municipal certificó que, en realidad, los trabajos no habían llegado a iniciarse de manera efectiva. Y, además, un segundo informe del supervisor del proyecto, fechado en abril, concluyó que la empresa no había aportado ninguna justificación que pudiese fundamentar los motivos de su renuncia. Ni tampoco ninguna explicación respecto a los motivos por los que no se había abordado el inicio de las obras. Así, la propuesta de acuerdo aprobada por la Junta Local concluye que "en el presente caso el contratista, no sólo se ha retrasado en la ejecución de las obras contenida en el proyecto de ejecución material aprobado, lo que podría conllevar la imposición de las penalidades, sino que se ha producido una decisión unilateral e injustificada de renuncia y abandono de las obras contratadas, transcurridos más de 3 meses desde la fecha de inicio, lo que implica un incumplimiento de la obligación principal del contrato, que es causa de resolución del contrato, con incautación de la garantía definitiva depositada".

Y esa es, precisamente, la decisión adoptada: desestimar la solicitud de renuncia presentada por la constructora "al no quedar justificada y acreditada la concurrencia de imposibilidad sobrevenida por causas ajenas a la contratista para la ejecución de las obras contratadas" e iniciar el expediente de resolución contractual por incumplimiento del adjudicatario, con incautación de fianza, además de abordar el proceso para convocar un nuevo concurso. Eso sí, el acuerdo queda sujeto al trámite de alegaciones con la posibilidad de que la constructora pueda formular objeciones contra la decisión municipal en el plazo de diez días.