ALICANTE. Las muestras de rechazo vecinal a la nueva contrata sobre el servicio de estacionamiento regulado (la conocida como ORA o zona azul) continúan extendiéndose entre los barrios de Alicante, después de que colectivos como la asociación de vecinos del barrio de El Pla haya solicitado, incluso, la convocatoria de una consulta ciudadana para evaluar la oportunidad de la ampliación del servicio que se plantea en nuevas zonas de la ciudad. En esta ocasión, la renovación de ese contrato -todavía en fase de licitación- suma la oposición de la Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa, que considera que la creación de nuevas plazas de aparcamiento sujetas a control horario que se plantea con el nuevo proyecto de prestación supone un incremento de la presión económica sobre el conjunto de la ciudadanía, no solo de forma directa, por la expedición de los tickets, sino también de forma indirecta, a través de los presupuestos municipales.
En este sentido, portavoces del colectivo de residentes apuntan, a través de un comunicado, que el Ayuntamiento de Alicante aprobó en 2012 la ordenanza reguladora que permitía la implantación de la zona azul con la mayoría absoluta de la que disponía el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y el voto en contra de la oposición. "La Asociación de Vecinos El Templete de Benalúa, junto con asociaciones vecinales de Alipark, El Pla y San Blas, presentaron alegaciones a dicha ordenanza", detalla el comunicado. "Una de esas alegaciones se refería a la posibilidad de que las arcas municipales tuvieran que soportar parte de lo que tuviera que cobrar la empresa concesionaria", incide la asociación, al sostener que "la probación de la ordenanza implicaría la posibilidad de incrementar el déficit del Ayuntamiento, ya que este debería compensar, con cargo al presupuesto municipal, al concesionario de la zona azul por las desviaciones que se pudieran producir entre lo recaudado y el coste de la concesión".
El colectivo sostiene que "catorce años después, lo que se temía, parece haberse hecho realidad". Tras aludir a los datos de la liquidación presupuestaria de 2025 relacionada con esa prestación, la asociación apunta que "de los presupuestos municipales, es decir, del dinero de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de Alicante, sean conductores o sean peatones, una cantidad de dinero se destina a que cobre la empresa concesionaria de la zona azul/naranja". En concreto, señala que, "al no cubrirse con el total de los ingresos de lo recaudado a través de los parquímetros de la ORA, más los arrastres de la grúa" el Ayuntamiento "habría tenido que sacar de los impuestos que todos pagamos, más de un millón de euros. De aquí la afirmación de que hasta quienes son peatones también pagan la zona azul".
"Catorce años después", indica la asociación vecinal, "no es de extrañar que se haya incrementado el número de zonas donde las asociaciones vecinales se oponen a seguir pagando a una empresa privada por aparcar en nuestras calles, abarcando desde las partidas rurales hasta zonas céntricas del municipio", remarca, a pesar de que -hasta ahora- no ha trascendido que vaya a implantarse ese servicio en ninguna partida rural. Por lo pronto, el proyecto planteado por el equipo de gobierno contempla la creación de 3.077 plazas nuevas distribuidas en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes, de las que 2.542 serán de zona naranja. En esas plazas de zona naranja se implementa la gratuidad de uso para los residentes. Además, se incluye el fin de la exención de pago en la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas, la introducción de bonificaciones para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y la incorporación de pago por parte de propietarios de motocicletas, como novedades principales.
La prestación del servicio sigue en manos de la UTE compuesta por Vectalia y Pavapark a través de un contrato de emergencia para garantizar la continuidad de un servicio que se considera esencial para procurar la rotación de vehículos en las plazas de estacionamiento situadas en la vía pública. Todo, a la espera de que se despeje la adjudicación del nuevo contrato, para el que se habría registrado una única oferta. Precisamente, por parte de la misma alianza empresarial que viene asumiendo el servicio desde 2013. No obstante, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), estaría revisando ahora las condiciones económicas del contrato propuesto con el fin de evaluar si se procura su equilibrio, a partir de los recursos presentados por Seteki y por Vectalia y Pavapark ante el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales (TACRC). Ese órgano adscrito al Ministerio de Hacienda descartó esas impugnaciones y validó el planteamiento municipal, como ha informado este diario.
