ALICANTE. Los representantes de las cuatro promotoras que compitieron junto a la cooperativa Residencial Les Naus por la compra del solar municipal de Playa de San Juan destinado a la construcción de vivienda de protección pública (VPP) han coincidido este miércoles en señalar que la anticipación con la que dicha cooperativa presentó su oferta, al día siguiente de que se convocase el concurso, era prácticamente imposible. Así lo han manifestado al prestar declaración en calidad de testigos ante la jueza que instruye las diligencias sobre las presuntas anomalías detectadas en la gestión y compra de esos pisos.
En su comparecencia, acordada a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción con el propósito de indagar sobre las circunstancias que rodearon la enajenación del solar, los responsables de Edificio Teulada, Livanto Mediterránea, Inurban y Quatro Carreres Plaza han señalado que la presentación de la documentación requerida en la licitación -no un proyecto definitivo, pero sí un estudio previo- requería al menos entre 15 y 20 días de preparación, salvo que se supiese con antelación cuáles eran los requisitos del pliego. Máxime, además, si se tiene en cuenta que se debía tramitar la disposición de un aval bancario para registrar la propuesta. Así, el responsable de Edificio Teulada ha manifestado que presentó su oferta doce días después, mientras que el resto lo hicieron más tarde. Una de esas promotoras, de hecho, presentó su alternativa el último día.
Solo uno de esos cuatro testigos ha admitido la posibilidad de que se pudiese preparar la documentación con antelación, siempre que se conociesen las características de la parcela objeto de la venta, y que se estuviese al corriente de los detalles que habían trascendido a través de los medios de comunicación antes de que se produjese la apertura del plazo para registrar ofertas. Con todo, ese mismo representante ha señalado que, incluso en ese supuesto, se corría el riesgo de jugársela y cometer errores respecto a lo que se demandaba. Otro de los promotores también ha señalado que se podía concurrir al concurso aportando un depósito económico (como, al parecer, hizo Residencial Les Naus) en lugar de un aval bancario, lo que permitía ser más ágil en la presentación de la oferta.
Sea como fuere, los cuatro han manifestado que el hecho de que Residencial Les Naus presentara su oferta en un día les resultó "extraño" y que "olía mal" y han llegado a exponer ante la instructora que el concurso, en lugar de una licitación, era una carrera, al aludir a la cláusula de desempate incluida en el pliego de condiciones por la que se primaba a la empresa que hubiese registrado la primera oferta en la hipótesis de que una o varias propuestas lograsen la misma puntuación. En este sentido, también han manifestado que, a la vista del pliego de condiciones, todo parecía apuntar que el conjunto de los licitadores iba a obtener la máxima puntuación, por lo que el hecho de registrar la primera oferta confería toda la ventaja.
De hecho, han señalado que, después de que el concurso se judicializase, con el contencioso interpuesto por Residencial Les Naus contra la anulación del concurso acordada meses después de su convocatoria, tres de ellas decidieron no continuar en el proceso al considerar que no tenían ninguna posibilidad frente a dicha cooperativa una vez que el TSJ avalase, en el año 2022, ese método de desempate que favorecía a esa cooperativa. Además, han señalado que existía un "runrún" en el sector por el que se intuía que "pasaba algo" con el concurso, por el hecho de que se hubiese optado por la inclusión de esa cláusula de desempate, aunque han añadido que no tenían pruebas para demostrar nada.
Al tiempo, el representante de Quatre Carres Plaza -otra sociedad cooperativa, como Residencial Les Naus- ha respondido que su propuesta contaba también con una gestora para impulsar el proyecto, en una función similar a la que ejerció Fraorgi con la promoción de la controversia, aunque ha señalado que no habían tenido tiempo de establecer ningún acuerdo definitivo sobre el importe que debía percibir esa gestora por el trabajo desempeñado. En el caso de Fraorgi, se había pactado con la cooperativa que percibiría 3,4 millones por la gestión del proyecto y un millón más por la búsqueda de cooperativistas en la comercialización de los pisos.
También se han referido a esa cláusula del desempate los representantes de Block Arquitectura y de la asociación de promotores de la provincia de Alicante Provía, que fueron las dos entidades que presentaron un recurso frente a las bases del concurso. Esa impugnación fue la que llevó al equipo de gobierno a desistir del concurso en un primer momento con el fin de someter sus condiciones a un mejor estudio. No obstante, el concurso acabó retomándose cuatro años después con el aval de la sentencia dictada por el TSJ. Al respecto, los representantes de esas dos entidades han indicado que esa cláusula de desempate carecía "de sentido" y que fue "la primera vez" que lo vieron "en sus largas carreras profesionales". De ahí que presentasen sus respectivos recursos.
Los funcionarios de Vivienda
Antes de que se produjese la declaración de los representantes de las cuatro promotoras han comparecido, también en calidad de testigos, dos de los responsables del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda que ya habían prestado testimonio en la primera ronda de declaraciones, el pasado mes de abril. Los dos se han reiterado en las manifestaciones que ofrecieron entonces para ratificar que el funcionario que visó los contratos de los 140 pisos de Residencial Les Naus, Roberto Palencia, había asumido su error en la reunión que se celebró días después de que trascendiese la polémica. Así, han declarado que reconoció que "la había cagado" y que pidió perdón.
Es más, han añadido que dicho técnico -expedientado por la conselleria días después de que se conociesen los hechos- admitió que él había adquirido uno de los pisos, sin referirse a su mujer, la arquitecta municipal, Elsa Lloret, también investigada en las diligencias, y que la intención era que pudiese convertirse en la residencia de sus suegros que vivían en Benidorm. Así, según los responsables de Vivienda, Palencia trató de propiciar un acuerdo que arreglase la situación de forma interna; una posibilidad que se descartó sin dar opción a que les tratase de convencer.
Al tiempo, los responsables del Servicio Territorial de Vivienda han apuntado que la consideración de unidad de convivencia no había sufrido ninguna modificación para sostener que debían computarse las rentas de los adquirientes de los pisos y de sus parejas, sin que existiese la posibilidad de que solo se considerasen los ingresos del comprador siempre que este estuviese casado en régimen de separación de bienes y su pareja no fuese a ocupar la vivienda. Con ello, han rebatido la versión que defendió Palencia durante su declaración en la que sostuvo que ese era el nuevo criterio recogido en el decreto regulador vigente desde 2023.
Nuevas pruebas
Las declaraciones de este miércoles ponen fin, por ahora, a la práctica de pruebas acordada hasta el momento, a la espera de que la instructora pueda pronunciarse sobre la petición planteada por la representación legal del grupo municipal del PSOE, que ejerce la acusación particular, con el fin de que se cite a declarar al vicesecretario general, Germán Pascual, para que aclare el contenido de los correos electrónicos cruzados con la jefa del área de Patrimonio, Paloma Romero, y explique si le solicitó que eliminase referencias a nombres concretos en los informes en los que advertía de la existencia de una posible incompatibilidad o conflicto de interes al constatar la identidad de algunos de los compradores de los pisos. Entre ellos, figura la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; dos hijos y un sobrino de la exdirectora general de Organización Interna y jefa del área de Contratación; María Pérez-Hickman; los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret; la madre de las hijas del exjefe de gabinete de la Conselleria de Innovación, Miguel Ángel Sánchez, que fue asesor en el Ayuntamiento de Alicante durante el pasado mandato; y otros nueve funcionarios municipales.
En principio, tampoco se tiene constancia de que el Ayuntamiento de Alicante haya remitido una nueva comunicación al juzgado para explicar que no existen más correos electrónicos por entregar entre esas comunicaciones giradas entre la jefa de Patrimonio y el vicesecretario general en el perido comprendido entre el 15 y el 31 de enero de este año.
