ALICANTE. La tercera ronda de declaraciones en la causa sobre las supuestas anomalías detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal de Playa de San Juan subastado por el Ayuntamiento de Alicante transcurrió este miércoles entre evasivas, falta de memoria y el rechazo de todo tipo de información privilegiada, así como cualquier intento de beneficiar a alguien. Al menos, en lo que respecta a los investigados, entre los que figuraron la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa de Contratación, María Pérez-Hickman; y el arquitecto municipal Francisco Nieto, que -como Gómez- también compró uno de los 140 pisos del residencial. 

Por su parte, los técnicos municipales que comparecieron ante la jueza en calidad de testigos, pusieron de manifiesto que no hubo un seguimiento exhaustivo sobre el cumplimiento del contrato, ni respecto a la evolución de las obras. Y señalaron incongruencias como el hecho de que Nieto hubiese participado en las reuniones sin haber sido designado como responsable del contrato o que hubiera sugerido modificaciones en el proyecto constructivo como mínimo similares a las planteadas por los responsables de la cooperativa. 

La jornada se prolongó durante más de nueve horas. La primera en comparecer fue la jefa del Servicio de Patrimonio, Paloma Romero, quien, el pasado enero -en la fase final de comprobación del cumplimiento del contrato de venta del solar municipal, enajenado entre 2018 y 2022- emitió el informe en el que se advertía de la posible existencia de un conflicto de interés o de incompatibilidad al comprobar la identidad de algunos de los compradores vinculados con el ayuntamiento. Entre ellos, además de la exconcejal de Urbanismo, figuraban dos hijos de Pérez-Hickman (después se conoció que también compró vivienda un sobrino suyo), y el propio Nieto.

Romero explicó que los contratos privados dependían de Pérez-Hickman; que al concurso se presentaron cinco propuestas distintas y que la oferta de Les Naus se registró un día después de que se abriese el plazo para hacerlo, sin llegar a apuntar una posible causa de esa rapidez. Además, señaló que, entre julio de 2022 -después de que se aprobase la adjudicación de la parcela- y julio de 2025 no se había nombrado a ningún responsable técnico para controlar las obras ejecutadas, a pesar de que, según aseguró, lo solicitaron en reiteradas ocasiones a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez.

Al tiempo, detalló que tuvo constancia de la identidad de los compradores de los pisos después de que Fraorgi -la entidad gestora de la cooperativa- remitiese el listado para poner fin al expediente de enajenación. En esta línea, señaló que ella no hubiera permitido que Nieto hubiese tenido algún tipo de participación en las reuniones de seguimiento del contrato en el caso de haber sabido que era uno de los socios inscritos en la cooperativa.

Y, por último, detalló que en el expediente existen informes en fase de borrador elaborados por ella y por el técnico del mismo departamento, Pablo Torregrosa, que no están firmados, en los que se detallaban los nombres de algunos de los compradores de los pisos, y que esos informes no deberían figurar en el expediente, precisamente, por ser borradores. En todo caso, dijo no recordar por qué el informe final suyo y de Torregrosa omitió finalmente los nombres de los adquirientes de los pisos. Ese fue el informe que disparó las alertas y que motivó que el alcalde, Luis Barcala, ordenase al vicesecretario municipal (en funciones de secretario) la apertura de un expediente de averiguación interna para precisar lo sucedido en paralelo al momento en el que trascendió la controversia a través de los medios de comunicación, con una primera publicación difundida por el diario Información.

El segundo en prestar declaración fue el arquitecto municipal Francisco Nieto. En su caso, como investigado. Nieto señaló que fue un compañero de piso quien le comentó la propuesta de construcción de VPP de la cooperativa Les Naus a principios de 2022, antes de ser funcionario de carrera. En ese momento, según explicó, fue a las oficinas de la cooperativa y dio sus datos para inscribirse como interesado. No obstante, aseguró que no fue hasta enero de 2025 cuando recibió una llamada del administrador único de Fraorgi (la entidad gestora de la cooperativa), Francisco Ordiñana, en la que le comunicó que se había producido una vacante en la lista de cooperativistas y que podía suplirle si se ponía al día con las entregas de dinero. Así, negó que hiciese valer su condición de funcionario para adquirir uno de los pisos. 

Respecto a su intervención en el contrato, señaló que, en torno a julio de 2024, Gómez le dijo que le comentarían cuestiones técnicas desde el área de Patrimonio relacionadas con las viviendas de Les Naus y que el 1 de agosto y en octubre de ese mismo año tuvo dos reuniones con el responsable del contrato, el funcoinario Antonio Faura. No obstante, negó que él solicitase que se le designase como responsable técnico de contrato.

En tercer lugar, compareció (como testigo) el técnico de Patrimonio Pablo Torregrosa, quien corroboró la versión de Romero y señaló que habían solicitado constantemente a Gómez desde 2022 que les asignaran un técnico arquitecto para tutelar el contrato sobre la parcela y que nadie les dio una respuesta clara. Señaló que Nieto no pudo ser responsable del contrato, aunque desconocía el motivo, y apuntó que éste nunca le mencionó que estaba apuntado a la cooperativa.

Respecto a las reuniones mantenidas con los responsables de la cooperativa, manifestó que Ordiñana les planteó en una ocasión que había pagado mucho por el suelo (se vendió por 6 millones, impuestos incluidos), por lo que exigía una compensación económica o que se arbitrara otra fórmula para equilibrar como la adjudicación de otra parcela. 

Las propuestas de modificación del contrato

El cuarto en comparecer fue el técnico que acabó siendo designado como responsable técnico del contrato, Antonio Faura, quien explicó que antes de su designación en esas funciones fue una compañera suya quien se había dedicado a redactar informes relacionados con el expediente, aunque desconocía si había o no responsable técnico de la obra hasta que él se hizo cargo. Además, declaró que Nieto le dijo que se había ofrecido al departamento de Patrimonio para supervisar la obra y para actuar como su ayudante. E incluso añadió que, en las reuniones en las que participó, Nieto ya llevaba un documento con modificaciones del contrato justo con las propuestas planteadas por los responsables de la cooperativa. Eso sí, recalcó que ni Nieto ni Gómez le mencionaron nunca que estuviesen inscritos en la cooperativa en las reuniones que mantuvo con ellos. 

Acto seguido llegó el turno de Gómez, quien presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal días después de que trascendiese la controversia. En su comparecencia ante la jueza, aludió de forma recurrente a la falta de memoria para señalar que no recordaba los aspectos por los que se le preguntaba. Eso sí, explicó que su inscripción en la cooperativa se produjo antes de convertirse en concejal. En concreto, señaló que se enteró de la promoción a través de su marido y que fue él quien se adhirió inicialmente solo en diciembre de 2018. Según detalló, ella se sumó a la cooperativa tres años después, en diciembre de 2021. Así, apuntó que a principios de 2022 hizo entrega de una entrada y descartó que hubiese tenido información sobre la promoción por parte del Ayuntamiento antes de convertirse en concejala. Al margen de ello, aseguró que no tenía ninguna relación con los hijos de Pérez-Hickman.

Y, a partir de ahí, recurrió a la falta de memoria. Dijo no recordar si ella se informó sobre Les Naus después de convertirse en concejal; si desde Patrimonio tenían interés en tener designación de apoyo técnico arquitecto; si había tenido reuniones con Ordiñana; o sí este reivindicó modificaciones del contrato. Y, por último, dijo desconocer si sus suegros -que también compraron vivienda en el residencial- estaban empadronados en Les Naus, en cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el decreto regulador de acceso a una VPP que debe formalizarse en el plazo de seis meses desde la firma de la escritura de compra.

Tras Gómez compareció el propio Ordiñana, también en calidad de investigado. Su testimonio se centró en la constitución de la cooperativa y en el proceso de inscripción de socios. Así, explicó que la mayor parte de los inscritos procedían de la lista de espera de otras promociones previas. Además, negó que tuviese relación con Pérez-Hickman o con sus hijos, con lo que no habría tenido interés en beneficiarles al incluirlos como cooperativistas. Respecto a la solicitud de compensación por la compra del solar, admitió que había tenido un reunión con el alcalde y con Gómez para solicitar la devolución del dinero que consideraba pagado en exceso o que les compensarán con otro solar, pero que no les hicieron caso. Y señaló que cuando se reúne con Nieto por primera vez en los encuentros celebrados en el ayuntamiento no cayó que había solicitado formar parte de la cooperativa. En todo caso, reafirmó la versión del propio Nieto y señaló que se incorporó como comprador cuando surgió una baja y que él mismo le llamó para saber si seguía interesado.

Sin abstenciones de Pérez-Hickman ni de Palencia

A Ordiñana le sucedió Pérez-Hickman, quien también defendió que no había tenido nada que ver con el hecho de que sus dos hijos, además de un sobrino suyo, se inscribiesen como miembros de la cooperativa hasta convertirse en compradores de los pisos. De hecho, declaró que, inicialmente, no sabía que sus hijos se habían apuntado a la cooperativa hasta que el proceso de enajenación había avanzado y ellos habían avanzado hacia una segunda fase como cooperativistas.

En ese momento, según añadió, lo comunicó a los componentes de la Mesa de Contratación, en la que ella ejercía como secretaria, aunque apuntó que no consideró abstenerse de participar en las reuniones a la vista de esa circunstancia. Por último, apuntó que sus hijos se enteraron del impulso de esa promoción a través de su sobrino. 

Por su parte, el funcionario del Servicio Territorial de Vivienda que visó los contratos de los 140 pisos, Roberto Palencia -que declaró tras la jefa de Contratación- también descartó todo tipo de anomalía en el desempeño de su papel. En primer término, confirmó que había sido él quien había tramitado todos los expedientes de Les Naus porque existía falta de personal y la persona que los tramitaba inicialmente se marchó.

En segundo lugar, recalcó que él se encargó de comprobar que toda la documentación estuviese en regla, en función de los requisitos establecidos en el decreto regulador de acceso a una VPP (no disponer de una renta anual superior a 54.600 euros, que se eleva hasta por encima de los 60.000 en función de determinadas circunstancias, y no poseer otra vivienda en propiedad). Y negó que hubiese cometido ningún error en esas comprobaciones, incluso respecto al hecho de no computar la renta de todos los miembros de una misma unidad de convivencia. Al respecto, señaló que él había seguido el criterio marcado en la normativa y que en las comprobaciones posteriores se había seguido otro distinto.

Además, apuntó que fue él quien le informó a su mujer, la arquitecta municipal Elsa Lloret, también investigada en la misma causa, sobre la existencia de la promoción de Les Naus, lo que propició que ella se inscribiese en la cooperativa. Y añadió que, a pesar de que estaban planteándose separarse físicamente, sin divorciarse, nunca había llegado a interrumpir la relación de convivencia con ella. En todo caso, sostuvo que no se planteó la posibilidad de no intervenir en la tramitación del visado del contrato de compra de la vivienda de su mujer porque consideraba que su función era de puro trámite. 

Por último, la jornada de declaraciones se cerró con el suegro de la exedil de Urbanismo, igualmente, bajo la condición de investigado. Según fuentes jurídicas, en su testimonio, se limitó a apuntar que fue su mujer la que se había inscrito inicialmente en la cooperativa y que su nuera no sabía nada.

En principio, tras esa ronda de comparecencias, las diligencias avanzarán el próximo 5 de junio con la toma de declaración a otros nueve investigados. Se trata de adquirientes de los pisos que, según el último informe de comprobación elaborado por la Conselleria de Vivienda, no cumplían los requisitos económicos y patrimoniales para acceder a una VPP, o que no aportaron la documentación adicional que se les requirió para poder efectuar la evaluación de esas comprobaciones. Entre ellos figuran la esposa de Palencia, Elsa Lloret, y la exinterventora de la Generalitat y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez.