ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), defiende su colaboración en las diligencias de investigación respecto a las presuntas anomalías detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado entre 2018 y 2022. Lo hace a colación del último requerimiento formulado por la jueza que instruye la causa, la semana pasada, en el que se concedía al Ayuntamiento un nuevo plazo de cinco días para que remitiese los correos electrónicos y comunicaciones cruzadas entre los responsables del servicio municipal de Patrimonio y el vicesecretario general entre el 15 y el 31 de enero de este año. Es decir, el periodo en el que se produjo la emisión de informes por parte de los técnicos de Patrimonio en los que se alertaba de la posible existencia de un supuesto de incompatibilidad o conflicto de interés al constatar los vínculos que mantenían con el ayuntamiento algunos de los compradores de las viviendas de la polémica. Entre ellos, la exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez; el arquitecto municipal Francisco Nieto; y los hijos de la exdirectora general de Organización Interna que sigue desempeñando su puesto como jefa de Contratación, María Pérez-Hickman.

En esta línea, el vicealcalde, portavoz adjunto del equipo de gobierno y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha explicado este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta Local, que los servicios jurídicos municipales habían remitido al juzgado todos los correos disponibles en ese periodo planteado en el requerimiento judicial "y alguno más" fuera de ese plazo. En esta línea, ha sostenido que, si solo figuraban correos remitidos a partir del día 26 de enero, era porque no existían comunicaciones previas. "Lo que me trasladan los servicios jurídicos es que se ha remitido todo lo que había; lo que no se ha hecho es detallar que no se ha remitido correos de fechas anteriores porque no existían", ha abundado.

Al tiempo, Villar se ha referido a la solicitud presentada por la representación legal del grupo municipal socialista -que ejerce la acusación particular en la causa- para que se llame a declarar al vicesecretario general, Germán Pascual, para señalar que no iba a entrar en valoraciones respecto a esa petición y que debía ser el mismo alto funcionario quien aclarase lo que se pretendiese que aclare, en el caso de que la magistrada acepte la solicitud y acuerde su citación. "Nada que decir al respecto, Si es citado, acudirá y contestará", ha dicho. En todo caso, ha señalado que, hasta donde él tenía constancia, nadie del equipo de gobierno había dado instrucciones al vicesecretario para que solicitase a la jefa de Patrimonio, Paloma Romero, que eliminase referencias a nombres concretos en los informes en los que advertía de esa supuesta incompatibilidad entre los compradores de los pisos. "Que yo sepa no se le dio ninguna instrucción; no me consta ningún tipo de instrucción", ha incidido, para añadir que "el alcalde ya explicó en el pleno monográfico" celebrado en febrero "cuáles fueron las conversaciones que hubo con el secretario y fue bastante claro respecto a lo que se dijo y lo que se comentó", ha recalcado.

Además, respecto al contenido de los correos cruzados entre Pérez-Hickman y responsables del áreas de Patrimonio y de Urbanismo, en los que solicitaba que no se demorase la concesión de obra a Residencial Les Naus, con el argumento de que ya había tenido que afrontar varias dificultades para poder iniciar la construcción del residencial, Villar tampoco ha entrado en valoraciones y se ha limitado a señalar que, dado que conocía la "diligencia" en la forma de trabajar de la jefa de Contratación, no le resultaba extraño que apremiase a que se concediese ese permiso. "María es una persona que, ante cualquier procedimiento que lleva, puede resultar agobiante en cuanto a que solicita que se diligencie con rapidez por que es diligente en su trabajo normal", ha explicado. Y respecto a la posibilidad de que el equipo de gobierno pueda acordar algún tipo de medida disciplinaria como su relevo al frente del área de Contratación, Villar ha señalado que ahora mismo "no es una cuestión que esté sobre la mesa". Por último, ha recalcado que será la instrucción judicial la que deba dilucidar si el contenido de esos mensajes remitidos por Pérez-Hickman pueden ser relevantes.