ALICANTE. El papeleo administrativo bulle en la Universidad de Alicante (UA) con el propósito de dar otro impulso al campus oeste, en el que se encuentra asentado el Parque Científico de Alicante (PCA), casi dos años después de que se produjese el estreno oficial del nuevo edificio del centro de empresas. Con ese inmueble ya en pleno funcionamiento, hasta el punto de haber superado un porcentaje de ocupación superior al 75%, el propósito de la institución académica es avanzar en la captación de nuevas empresas interesadas en asentarse en el recinto para compartir sinergias, y aprovechar el conocimiento y los avances científico-tecnológicos desarrollados en la propia universidad.

Para ello, ultima ahora el proceso de redacción de los pliegos de condiciones para convocar un nuevo concurso sobre la cesión de uso de la bolsa de cerca de 19.000 metros cuadrados de suelo todavía disponibles en ese ámbito, que están reservados para la instalación de compañías alineadas con los fines del PCA. Es decir, compañías que cuenten con recursos destinados a promover la investigación y a implementar innovaciones tecnológicas en sus procesos de producción.

En principio, esa convocatoria podría producirse en los primeros meses de 2026, en cuanto se cierren detalles aspectos técnicos y jurídicos. Entre ellos, la duración por la que se pretende plantear el derecho de ocupación de suelo a licitar. Se trata de una cuestión que entraña cierta complejidad, toda vez que, con esa licitación, se pretende entregar suelo público para uso privado por un plazo lo suficientemente prolongado como para que las compañías interesadas puedan rentabilizar la inversión que tendrían que asumir para construir sus instalaciones en ese espacio. A priori, se estaría barajando que las bases contemplasen un plazo mínimo de cesión de cerca de 30 años, que encajaría en el límite legal ordinario de 50 años establecido para las concesiones de ocupación de suelo público. 

Requisitos de idoneidad

Pero, además, se pretendería introducir en el proceso ciertas garantías de idoneidad, toda vez que esos plazos prolongados de permanencia aconsejarían la selección de compañías que contasen con solvencia acreditada y que aportasen valor añadido a la actividad que se desarrolla en el PCA. De ahí que la planificación de esas condiciones adicionales a incorporar como requisitos no permitan dar por cerrado ya una fecha estimada para el lanzamiento del concurso, que la institución académica no quiere demorar más, sin esperar a que quede desbloqueada la ampliación del campus oeste en otros 800.000 metros cuadrados adicionales sobre el término municipal de Alicante. Esa es, cuando menos, la planificación en curso a través del Plan Especial con el que se pretende promover la recalificación de los terrenos, ahora considerados rústicos, para que pasen a admitir usos dotacionales e industriales, mediante una modificación puntual del PGOU.

Hasta el momento, el campus oeste cuenta ya con una superficie de 170.000 metros cuadrados junto a las instalaciones del Consorcio Provincial de Bomberos. De ellos, se han consumido 140.000 metros con la construcción de distintos edificios dedicados a la investigación, al asentamiento de primeras empresas y a la construcción del centro contenedor de empresas del propio PCA. Así, quedarían otros 30.000 metros cuadrados de suelo disponible, con la particularidad de que cerca de 11.000 de ellos podrían quedar reservados para la construcción de un edificio destinado a albergar una futura facultad fuera del campus este, asentado sobre el término municipal de San Vicente del Raspeig. 

De este modo, se conseguiría implementar el uso mixto entre docencia, actividad empresarial e investigación que se pretende extender, después, en los 800.000 metros cuadrados adicionales contemplados en el proyecto de ampliación del PCA, en los que también se prevé dar encaje a la construcción de nuevas facultades. Con todo, lo cierto es que ese suelo todavía podría tardar años en desarrollarse al no haber completado su fase de aprobación administrativa y requerir, después, la ejecución de sus obras de urbanización, para las que se contempla la posibilidad de constituir una alianza entre propietarios de los terrenos (en su mayor parte, ya propiedad de la UA).