La movilidad sostenible de las empresas en Alicante: teletrabajo, coche compartido y más infraestructuras

Alicante

Representantes políticos y expertos llaman a reducir desplazamientos con el uso de nuevas tecnologías y a promover el 'carsharing' como complemento a la mejora del transporte público y las carreteras. Sostienen que los planes de movilidad deben mejorar la competitividad de las empresas y que permitirán atraer a empleados.

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ALICANTE. La aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible aprieta. Las empresas de más de 200 trabajadores (o de 100 distribuidos en turnos) que no lo hayan hecho ya, tienen un margen de tres meses para concretar sus propios planes de movilidad sostenible en cumplimiento de esa nueva normativa entre dudas sobre cómo hacerlo y a qué financiación recurrir. Eso sí, las claves a incorporar en esos planes para mejorar su eficacia -al menos, las que parecen suscitar un mayor consenso por parte de representantes públicos y expertos- podrían resumirse en tres: la apuesta por un modelo de organización híbrido que combine la presencialidad y el teletrabajo en la medida de lo posible, la generación de nuevas infraestructuras y servicios de transporte público que faciliten los desplazamientos, y sobre todo el fomento del coche compartido para reducir el número de vehículos en circulación.

Así se puso de manifiesto, cuando menos, en el transcurso de la jornada "La sostenibilidad en la movilidad al trabajo: derecho y obligación" organizada por la Cátedra Vectalia Movilidad de la Universidad de Alicante, desarrollada este jueves en la sede de la institución universitaria en el Centro de Alicante. Lo cierto es que parte de esas herramientas para mejorar los desplazamientos al trabajo, como el carsharing, no son nuevos. Ya se han planteado en jornadas previas organizadas por la misma cátedra, como sucedió durante el debate celebrado en febrero de 2025. No obstante, su necesidad se convierte cada vez en más evidente y con mayor urgencia. Primero, por el reto de cumplir esa nueva normativa. Segundo, porque las redes de transporte urbanas e interurbanas no pueden seguir ampliándose de forma continúa para absorber más tráfico, y cualquier actuación que se pretenda acometer en ese sentido requiere de un mínimo de dos a tres años entre tramitación administrativa y ejecución de obra. Y tercero, porque el tráfico es una de las actividades humanas que todavía no ha conseguido reducir el nivel de emisiones contaminantes a la atmósfera, según concretó el director general de Transportes, Manuel Ríos, durante una de sus intervenciones en la jornada.

Por partes. La primera propuesta que se puso sobre la mesa fue la de la aplicación racional del trabajo a distancia, como defendió el vicerector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la UA, Salvador Ivorra, en la apertura del debate. Lo hizo al apuntar los cambios a corto y medio plazo que se auguran también en la forma de impartir docencia en el ámbito universitario, en un horizonte en el que las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de evitar desplazamientos. Así, señaló que, el campus de San Vicente es como una pequeña ciudad a la que se desplazan 30.000 personas a diario -principalmente desde Alicante y San Vicente, pero también desde el Vinalopó y la Vega Baja, por ejemplo- sin que la combinación de sistemas de transporte público (autobús, tranvía y cercanías) o las aplicaciones de coche compartido ya disponibles, con resultados efectivos, lleguen a eviten la llegada de miles de vehículos.

De ahí que, al margen de seguir apostando por la mejora de esas vías, invitase a ser "rigurosos" y "realistas" a la hora de abordar planes a 5 y 10 años vista para mejorar la movilidad y pensar en el uso de las nuevas tecnologías que permiten tanto la docencia como el trabajo en remoto, sin renunciar a la dimensión presencial, para reducir los desplazamientos no necesarios y mejorar la sostenibilidad del sistema y reforzar la lucha contra el cambio climático.

Se trata de un objetivo en el que también coincidió el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla, quien puso el foco en dos elementos fundamentales. Primero, la necesidad de que la administración pública actúe en la mejora de las infraestructuras procurando "una red de transporte suficiente y sostenible", así como "alternativas al vehículo privado" con una estrategia integral que incluya "soluciones de transporte colectivo de calidad, sistemas de movilidad compartida e infraestructuras de calidad. Se trata de un enfoque que debe conjugar también la implicación de las empresas, que ya están asumiendo esfuerzos como (precisamente) la implantación del teletrabajo o la renovación de flotas de vehículos con incorporación de vehículos eléctricos.

Y en segundo lugar, planteó que la elaboración de esos planes de movilidad requeridos por ley no supongan una carga administrativa para el sector privado, y que su aplicación no limite la capacidad de interlocución social y de diálogo entre las empresas y los representantes de los trabajadores. Así, llamó al respeto a la autonomía y a "compartir experiencias, buscar fórmulas de diálogo entre sindicatos y expertos como mejor camino para soluciones eficaces y equilibradas".

Reducir coches

La tercera reflexión esencial la introdujo el director general de Transportes, Manuel Ríos, quien insistió en que el 93% de los desplazamientos todavía se realizan en vehículo privado. Entre otros puntos, porque el transporte público no puede prestar un servicio de puerta a puerta y porque hay pocas empresas con la capacidad suficiente para implantar un sistema de transporte regular para sus empleados. Así, insistió en que el principal aliado de la movilidad sostenible es el coche compartido, después de lamentar que los datos de los que se disponen en un ámbito como el tráfico en las áreas empresariales de Valencia certifiquen una ocupación media de 1,1 ocupantes por vehículo. 

  • Ivorra, Barcala, Ríos y Quintanilla, en la apertura de la jornada. -

En este sentido, planteó que debe promoverse un cambio cultural para elevar esa ocupación, y evitar atascos en los accesos a las ciudades y a las áreas empresariales, tras subrayar que no puede seguir existiendo margen de forma continua para crear nuevas zonas de aparcamiento. El coche compartido, según indicó, permitiría reducir espacio dedicado al estacionamiento (cada plaza necesita 25 metros cuadrados) y espacio en las vías de circulación (cada coche necesita 35 metros cuadrados, según dijo). "El transporte también es ocupación de espacio", enfatizó. Además, subrayó que ya existen incentivos que permiten que el conductor de un vehículo compartido registrado reciba una compensación de 12 céntimos por kilómetro recorrido, lo que posibilita que se cubran los gastos ordinarios de funcionamiento de su coche y que el resto de ocupantes no tengan que asumir "gastos de coche".

Además, planteó que los planes de movilidad deben ir actualizándose cada cierto tiempo para que puedan resultar efectivos, "para que estén al día, con la escucha de expertos y de la participación ciudadana", como estaría sucediendo en casos como el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Benidorm. En este sentido, animó a aprovechar la oportunidad que supone la elaboración de los planes de movilidad en las empresas con el fin de procurar que resulten eficaces, y que no acaben guardados en un cajón, a pesar de lamentar que se haya acortado el plazo de dos años previstos inicialmente para su elaboración y que la ley tampoco haya previsto una memoria económica o una financiación adecuada para el desarrollo de esos planes.

Por último, puso de manifiesto la evidencia de que toda actuación encaminada a mejorar las infraestructuras de transporte, como las carreteras o las líneas de metro o tranvía, requieren largos plazos de tramitación, además de costes elevados, por lo que no pueden aportar respuestas inmediatas. En esta línea, confirmó que, en el caso concreto del área metropolitana de Alicante, la ampliación del servicio del Tram requiere de un aumento de la capacidad de la red que solo estará disponible cuando finalice la construcción de la Estación Central del Tram, junto a la estación de ferrocarril de Adif, en enero de 2029, en la que se incluye la implantación de cuatro líneas y el espacio necesario para ganar capacidad de maniobra en la circulación de los convoyes. A partir de ahí, como ya se había previsto, se podrá abordar la ampliación de frecuencias y la posible creación de nuevos recorridos. En este sentido, apuntó que la circunstancia básica para ello es que se generen las reservas de espacio necesario para poder implantar esos nuevos servicios, tanto al sur, hacia Elche, como al norte del término municipal, hacia Sant Joan d'Alacant y Mutxamel.

Barcala incide en que, al margen de la retirada de la trinchera del tren en San Gabriel, también se negocia con el Ministerio de Transporte el tercer carril en el tramo de circunvalación de la A-7

El punto de vista de la administración pública también llegó de la mano del alcalde de Alicante, Luis Barcala, quien desgranó las actuaciones que ya se están planificando en el ámbito local, como la creación de nuevas líneas que se pusieron en funcionamiento con la renovación de la contrata del servicio de transporte público en autobús, entre las que se incluyó el refuerzo de los recorridos con las áreas empresariales, como la línea 7P, que se acaba de doblar ahora para cubrir la demanda creciente. En este sentido, destacó también que esa nueva contrata ha permitido la renovación de la flota de autobuses, de forma que, en la actualidad, cerca del 50% de los vehículos ya son de propulsión eléctrica o híbrida.

Además, resaltó que el Plan General Estructural (PGE) ya aprobado de forma inicial en Junta de Gobierno -a la espera del visto bueno de la Generalitat- también contempla toda la planificación y reservas de espacio para mejorar la conectividad y las redes de transporte en el ámbito metropolitano con actuaciones a futuro como el servicio de alta ocupación previsto en el área funcional Alicante-Elche -una ciudad con la que también se sigue avanzando en la implantación de un bono de transporte compartido entre sus sistemas de autobús-, así como la previsión del desarrollo del Tram tanto hacia el sur como hacia el norte. En ese documento urbanístico, según añadió, también se apuesta por las peatonalizaciones y en la ampliación de aceras para favorecer el desplazamiento a pie, sin necesidad de usar el vehículo privado en las distancias cortas, así como la extensión de la red de carriles bici que contemplará la conexión entre el centro y el distrito de Playas, como ya ha informado este diario.

 

De igual modo, señaló que otro elemento clave en la mejora de la movilidad será la ejecución de infraestructuras que requieren la implicación de otras administraciones, como la propia extensión de la red del Tram, como el soterramiento del tráfico en la avenida de Dénia a la altura de la rotonda de Gibeller, o como la Variante de Torrellano, que conllevará la conexión con el aeropuerto por ferrocarril y apuntó que, después de conseguir la liberalización definitiva del trazado de circunvalación de la A-7, también se está negociando con el Ministerio de Transportes la posibilidad de la ejecución de un tercer carril que permita ampliar su capacidad de circulación, al margen de que también se esté negociando la retirada del trazado en trinchera del ferrocarril en San Gabriel. "Estas cuestiones se irán abordando, tenemos interlocución y me gustaría que vayan teniendo presupuestos e inversiones", añadió.

  • Vaquero, Galvañ, Ríos, Seguí, Lurueña y Khochman. -

Ya en el desarrollo de la mesa de debate posterior, también se redundó en parte de esas ideas marco. La directora general
de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, María Lurueña, insistió en que la conveniencia de que los planes de movilidad de cada empresa se negocien a través de los mecanismos de interlocución con los trabajadores y que se introduzcan objetivos medibles y cuantificables para reducir el uso individual de automóvil, con recursos alternativos como la bicicleta o el coche compartido.

El secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ, llamó a aprovechar la elaboración de los planes de movilidad en las empresas, no como una obligación, sino como una oportunidad para mejorar la competitividad y la productividad, además de servir de instrumento para atraer empleados, de forma que se rompa la barrera que puede suponer la dificultad de desplazamientos. De hecho, apuntó que las soluciones públicas a la movilidad ya es uno de los factores que están teniendo en cuenta grandes empresas que pretenden instalarse en la Comunitat, con un número elevado de trabajadores. Además, animó a utilizar herramientas como la Inteligencia Artificial para optimizar la recopilación de datos.

La directora de la Oficina de Sostenibilidad y Movilidad de Merlin Properties, Noemí Vaquero, insistió en que los planes de movilidad tienen que ser "documentos vivos" que sirvan para racionalizar el uso del vehículo privado y que potencien tanto el teletrabajo, como las rotaciones y el transporte público. Y, tras coincidir en el lamento por la premura de la obligación de implantarlos, y en la falta de financiación, también criticó que no se haya procurado un reglamento sobre cómo implantarlos. Así, apuntó que, en el caso de Merlin Properties, se había conseguido desarrollar una guía previa, con motivo de la elaboración de sus planes de movilidad para la zona empresarial del norte de Madrid que ahora estaba sirviendo de ejemplo para otras empresas.

El director de Movilidad de Vectalia en la Comunitat Valenciana, Allan Khochman, profundizó en la necesidad de abordar la elaboración de esos planes de movilidad desde una perspectiva global, ya que una empresa que sí esté obligada por la ley a elaborarlos puede compartir espacio en una misma área industrial con otras empresas muy diversas, que también tienen empleados que se desplazan a diario. Y también abogó por adoptar la obligación de elaborar esos planes como una oportunidad de mejora.

En este sentido, el director general de Empleo, Fomento y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, Vicente Seguí, planteó la conveniencia de que la elaboración de esos planes tome como base la labor que desarrolla un instrumento útil de coordinación entre el sector empresarial y la administración como las Entidades de Gestión y Modernización (EGM) toda vez que disponen de un conocimiento directo sobre las realidades y las necesidades que presenta cada empresa que las integra y cada uno de sus ámbitos, y son las que tienen la capacidad de interlocutar con los ayuntamientos para indicar qué mejoras y que recursos resultan imprescindibles para mejorar los desplazamientos de los trabajadores.



  

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