ALICANTE. La Generalitat no podrá ejercer la acusación particular en la causa sobre las supuestas irregularidades detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. La jueza que instruye las diligencias ha dictado este martes un auto por el que deniega la solicitud cursada por la Abogacía de la Generalitat al considerar que en esa petición no se habría justificado de forma conveniente el hecho de que la administración autonómica sea parte perjudicada respecto a las presuntas anomalías que se investigan.

"En el presente caso, del examen de las actuaciones no resulta acreditado que la Generalitat Valenciana haya sufrido un perjuicio patrimonial, personal o institucional directo como consecuencia de los hechos objeto de investigación, limitándose su solicitud a invocar un interés genérico en la persecución del ilícito penal", argumenta la magistrada en esa resolución. Y no solo eso. También apunta que su intervención con ese papel supondría solapar a las funciones que desempeña la Fiscalía. Es decir, otro de los argumentos que había expuesto la representación legal de Ciudadanos (Cs) -que ejerce la acusación popular- al oponerse a las pretensiones de personación de la Generalitat.

De este modo, el auto apunta que el interés de ejercer la acusación particular manifestado por la Generalitat, "aun legítimo, no confiere por sí solo legitimación para el ejercicio de la acusación particular, pues supondría desnaturalizar dicha figura procesal y solaparla con la función constitucionalmente atribuida al Ministerio Fiscal". El auto incorpora, además, un tercer elemento para descartar la solicitud de la Generalitat, que también había señalado Cs, al sostener que el papel de la administración autonómica era, precisamente, una de las cuestiones que se pretendía revisar en el marco de las diligencias.

Así, la jueza apunta que la incorporación de la Generalitat al proceso supondría dar pie a "un evidente conflicto de intereses, en la medida en que la Generalitat Valenciana aparece vinculada funcional u orgánicamente a los hechos y personas investigadas, o bien ostenta competencias relacionadas con el ámbito material en el que aquellos se produjeron". Y añade que "esta circunstancia compromete la exigencia de objetividad que debe presidir la actuación de las Administraciones Públicas y resulta incompatible con el ejercicio de la acción penal como parte acusadora, pudiendo generar una quiebra del principio de igualdad de armas y del derecho a un proceso con todas las garantías".

Por todo ello, la magistrada deniega admitir la incorporación de la Generalitat en la causa "en calidad de acusación particular, por no ostentar la condición de perjudicada directa por los hechos investigados y por concurrir un conflicto de intereses incompatible con el ejercicio de la acción penal".

El ayuntamiento se lo piensa

Entre tanto, el Ayuntamiento de Alicante todavía seguiría sopesando la posibilidad de seguir los pasos de la Generalitat para solicitar, también, su incorporación en el proceso para poder ejercer la acusación particular. Así lo ha sostenido, cuando menos, el vicealcalde y concejal de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia pública semanal en la que se informa sobre los acuerdos adoptados en la reunión de la Junta de Gobierno.

Al respecto, Villar ha sostenido que se continúa valorando la posibilidad de la personación, sin que se haya fijado un plazo para cerrar el estudio de esa posibilidad. "Nosotros presentamos, como sabéis, como hemos dicho muchas veces, la denuncia en Fiscalía", ha argumentado el vicealcalde, a lo que ha añadido que "confiamos plenamente, como siempre hemos hecho en la Justicia, en el Ministerio Fiscal y por tanto creo que la voluntad de que se investigue lo hemos manifestado desde el primer momento" y que "el personarnos o no es una cuestión técnica", ha concluido.