ALICANTE (EP/AP). La Generalitat Valenciana da el paso y, tras completar el proceso de evaluación previa, solicita finalmente ser parte en las diligencias incoadas en la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante respecto a las supuestas irregularidades registradas en la gestión y compra de las vivienda de protección pública (VPP) de iniciativa privada construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre 2018 y 2022. La petición ya registrada en el juzgado plantea que la administración autonómica sea admitida en el procedimiento como acusación particular. Es decir, como perjudicada por las presuntas anomalías que se investigan, según se concreta en el escrito presentado por la Abogacía de la Generalitat, tras la correspondiente autorización acordada por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

En la solicitud de personación, fechada el 27 de abril, se apunta que la administración autonómica no debe ser "un mero testigo del proceso penal" por lo que demanda que se le reconozca como acusación particular para "poder intervenir activamente como parte procesal afectada". En concreto, el escrito detalla que se solicita "la personación en las diligencias previas" para "defender los intereses de la Generalitat en el procedimiento judicial que se está tramitando", una vez que la Abogacía General de la Generalitat ha recibido "autorización para el ejercicio de acciones".

Por el momento, se trata todavía de una petición que debe ser estimada o rechazada por la jueza instructora. Antes de adoptar una decisión, se deberá escuchar al resto de las partes ya incorporadas en el proceso. En concreto, el grupo municipal del PSOE y el partido Ciudadanos (Cs). Ambos ejercen la acusación popular. Está por ver si, finalmente, también se admite la personación de la organización Manos Limpias, que fue quien presentó la denuncia que motivó la apertura de las diligencias de investigación penal, después de que se hubiesen registrado cuatro denuncias previas presentadas ante la Fiscalía. Su incorporación al proceso como acusación popular depende de la resolución de un recurso frente al requisito del depósito de fianza y presentación de querella que debe dirimir la Audiencia Provincial.

En principio, todo parece indicar que la solicitud de personación presentada por la Generalitat podría generar el rechazo de alguna de las acusaciones, en la medida en que se interpretaría que la administración responsable de visar los contratos no puede ejercer un doble papel como "juez y parte" incorporándose ahora a la causa penal, según indican fuentes consultadas.

Sea como fuere, el gesto imprimido por la Generalitat resulta trascendente, además, en la medida en que la autorización sobre el registro de esa personación planteada por la propia Camarero aporta una cronología de las actuaciones desempeñadas por la administración autonómica en los últimos meses. Así, en primer lugar, se indica que "el pasado día 30 de enero de 2026" el secretario territorial adjunto de Vivienda de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad remitió "informe dirigido a la Dirección General de Planificación y Políticas de Vivienda referido al expediente de calificación definitiva" de estas VPP "de promoción privada", "con fecha de calificación definitiva 14 de julio de 2025, acogida al Decreto 68/2023, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de vivienda de protección pública y régimen jurídico de patrimonio público de vivienda y suelo de la Generalitat".

Se añade que "en el mencionado informe se hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas integrantes de la citada promoción, y respecto de las cuales el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha expedido el correspondiente visado del contrato de compraventa, cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso establecidos en la normativa de aplicación, y en particular los previstos en el citado Decreto 68/2023 y en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunidad Valenciana".

También se afirma que "el mismo día 30 de enero de 2026" se remitió al secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante "escrito de la Secretaría Autonómica de Vivienda" en el que se solicitó "informe detallado del expediente" de la promoción de Les Naus "en el que se hiciera constar" el "número de viviendas que conforman la promoción calificada", "acreditación documental del cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios para el acceso" a los citados inmuebles, "acreditación del correcto cumplimiento del procedimiento preceptivo para el otorgamiento de los visados de contrato realizado por el servicio territorial, es decir, si por el técnico asignado se han realizado las comprobaciones preceptivas y emitido los informes necesarios", y, además, "identificación de las personas intervinientes en el expediente de referencia", así como "cualquier otro extremo que desde ese servicio territorial" se considerara "necesario para determinar el inicio del expediente administrativo correspondiente".

Expediente al funcionario que visó los contratos

En este sentido, se detalla también que "el 2 de febrero de 2026" se recibió "un primer informe" del secretario territorial adjunto de Vivienda de Alicante en el que se puso de manifiesto "un informe sobre el visado" de una de las VPP. Se da la circunstancia de que ese inmueble al que se hace referencia es el de la mujer que es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante y, a su vez, es pareja del funcionario al que la Conselleria expedientó -lo suspendió de empleo y sueldo- al considerar que había visado es contrato sin evaluar sus propios ingresos económicos (los de él) como miembro de la misma unidad familiar conviviente en ese piso. Tanto ese técnico de la administración autonómica como su mujer y arquitecta municipal figuran entre las 15 personas que están citadas como investigadas en el juzgado: él para el 20 de mayo, como "jefe de la Sección de Vivienda Protegida", y ella para el 5 de junio, como compradora de uno de los pisos. 

Al tiempo, en el escrito de autorización de la personación avalado por Camarero se detalla que se propuso al subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad esa "propuesta de incoación de expediente disciplinario sobre el meritado expediente". Finalmente, ese expediente se abrió al funcionario "por la presunta comisión de faltas muy graves". Del mismo modo, se recalca que "el 3 de febrero de 2026" el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, puso en conocimiento de la Fiscalía "la posible comisión de diversos delitos".

Además, se indica que "el 31 de marzo de 2026", y "habiendo tenido conocimiento" de que el juzgado "tiene abiertas diligencias previas", se ordenó "la suspensión de la tramitación del expediente disciplinario" a ese funcionario "hasta que se produzca un pronunciamiento por el órgano judicial correspondiente respecto de los hechos que motivaron la apertura de las diligencias previas", así como "levantar la medida cautelar de suspensión de funciones acordada en el expediente disciplinario". Con todo, este funcionario ya ha regresado a su puesto de trabajo, ya que, al haber en curso una investigación penal, se debe interrumpir sus efectos. Con todo, dicho funcionario ha quedado relegado de toda responsabilidad relacionada con el visado de contratos de compra de VPP.

En el escrito de autorización, también se indica que "en el marco del procedimiento de diligencias previas, se han practicado actuaciones de declaración de testigos y está prevista la declaración de nuevos testigos, así como de varias personas en calidad de investigados, tal como hemos podido conocer a través de los medios de comunicación". Igualmente, se señala que, "tras todo lo expuesto, y entendiendo que, habiéndose iniciado el procedimiento de diligencias previas a partir de la denuncia de hechos remitida al ministerio fiscal, y con la finalidad de no ser un mero testigo del proceso penal, y poder intervenir activamente como parte procesal afectada, se ha llegado a la conclusión de la necesidad de que la Generalitat se persone en el citado procedimiento judicial en calidad de acusación y perjudicado".

Declaraciones de testigos e investigados

Entre tanto, como viene informando este diario, un total de 15 personas están citadas como investigadas en la causa. Entre ellas, figuran la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, que compró uno de los pisos del residencial, y la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa del Servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, cuyos hijos y un sobrino también adquirieron viviendas. De igual modo, se incluye a funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Vivienda, además de diez beneficiarios de las adjudicaciones. Asimismo, también se incluye al administrador de Fraorgi, la entidad gestora de la cooperativa Residencial Les Naus.

De hecho, para este viernes, 8 de mayo, están llamadas a comparecer en el juzgado en calidad de testigos un total de siete personas. Son, por un lado, tres técnicos del consistorio. Por un lado, la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial y un técnico de ese servicio. Los dos participaron en la emisión de un informe, fechado en enero, en el que se alertaba de la existencia de un supuesto conflicto de interés o incompatibilidad, a la vista de la identidad de algunos de los compradores. Al margen de Gómez y de los familiares de Pérez-Hickman, también se ha identificado a un segundo arquitecto municipal, Francisco Nieto, así como a otros nueve funcionarios no vinculados con ninguno de los departamentos municipales que tuvieron intervención en los expedientes de venta de la parcela municipal ni en el de la concesión de la licencia de obra. Además, este viernes también está citado a declarar como testigo el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Por parte de la Conselleria, son el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, además de la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica en Arquitectura y otra de gestión de Administración General.

El PSOE insta al Ayuntamiento a personarse

Entre tanto, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Ana Barceló, ha exigido al alcalde, Luis Barcala, que el Ayuntamiento de Alicante también se persone en la causa judicial después de que la Generalitat Valenciana haya solicitado formalmente ejercer la acusación en el procedimiento. "Si la Generalitat va a personarse para defender el interés público, el Ayuntamiento de Alicante ya no tiene ninguna excusa para quedarse al margen", ha señalado Barceló.

La portavoz socialista ha recordado que fue el propio consistorio el que trasladó este asunto a la Fiscalía Anticorrupción tras conocerse las irregularidades en la adjudicación de viviendas públicas y ha advertido de que "resultaría gravísimo que ahora Barcala intentara dejar al Ayuntamiento al margen en la investigación judicial". "Si Barcala no da la orden de que el Ayuntamiento se persone, lo que estará trasladando a la ciudadanía es que le preocupa más proteger políticamente a su gobierno que defender los intereses de Alicante", ha afirmado.

Barceló ha incidido además en que entre las 15 personas investigadas figuran cargos y personas vinculadas al Partido Popular, familiares de dirigentes del PP, así como la actual jefa de Contratación del Ayuntamiento y técnicos municipales. "Barcala tiene que decidir si quiere que el Ayuntamiento colabore para esclarecer uno de los mayores escándalos de vivienda pública de esta ciudad o si, por el contrario, va a utilizar la institución para proteger a su entorno político", ha concluido.

Hasta el momento, el equipo de gobierno de Alicante había manifestado que estaba evaluando la posibilidad de solicitar su personación en el procedimiento, también como parte perjudicada, como ha hecho finalmente la Generalitat. Con todo, esa posiblidad se había aplazado hasta la emisión de un informe jurídico, del que no se conoce resultado.