ALICANTE. La sustitución del comisario principal de la Policía de Alicante, José María Conesa, ante el próximo cumplimiento de la edad de 65 años se complica a partir del recurso presentado por él mismo frente al decreto en el que se dispone su jubilación. La titular del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante dictó este lunes una resolución por la suspende la aplicación de ese acuerdo tras admitir la medida cautelar solicitada en esa impugnación hasta que pueda resolverse sobre el fondo del asunto.
La jueza considera procedente dejar sin efecto de forma provisional dicho decreto, que debía entrar en vigor durante la primera semana de agosto, para no menoscabar derechos del recurrente y promover la salvaguarda del "interés público". Con todo, esa resolución tampoco es firme. De hecho, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), prevé registrar recurso contra esa disposición al defender la corrección del proceder del departamento municipal de Recursos Humanos, tras mantener que se habría computado los años de cotización necesarios para que se produzca la jubilación de Conesa, al admitirse el periodo en el que ejerció funciones en las Fuerzas Armadas.
En esta línea, el vicealcalde y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha confirmado este martes, durante la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno, que el recurso frente a esa paralización cautelar de la jubilación del comisario "se ha hecho correctamente desde Recursos Humanos" por lo que ha asegurado que "vamos a recurrir sí o sí". Ese recurso se fundamentaría en los antecedentes existentes en resoluciones de otras instancias judiciales que habrían emitido pronunciamientos con resultado totalmente opuesto "a lo que ha dicho el juzgado" ahora, por lo que cree que "hay base" para que el Ayuntamiento recurra.
Sea como fuere, lo cierto es que Conesa seguirá como máximo responsable de la Policía al menos hasta que se resuelva el fondo de su recurso contra el decreto de jubilación, o hasta que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) dirima respecto a la validez de su suspensión cautelar. Ambas resoluciones podrían demorarse varios meses, por lo que se augura que, como mínimo, el comisario principal continuará ejerciendo sus responsabilidades hasta final de año.