ALICANTE. Los grupos políticos que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante recelan del acuerdo de cesión de cinco parcelas de propiedad municipal a la Generalitat Valenciana para que puedan subastarse para acoger la promoción de vivienda de protección pública en el marco del Plan Vive, en función del convenio aprobado este martes en la reunión semanal de la Junta de Gobierno. En primer término, el grupo socialista mostró este mismo martes su rechazo a esa fórmula y anticipó su intención de fiscalizar la gestión de esos solares.
En concreto, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, consideró que "el Ayuntamiento renuncia a gestionar su propio patrimonio y pone en manos del EVhA la venta y permuta de solares a cambio de 22 viviendas futuras. Lo que hace Barcala es dejar en manos de la Generalitat la gestión del patrimonio público de Alicante, puesto que renuncia a ejecutar la construcción de vivienda social a través del Patronato de la Vivienda".
Así, añadió que "vamos a poner el foco en estas operaciones sobre parcelas que tienen un valor de 6 millones de euros. Vamos a fiscalizar que el Ayuntamiento no pierda patrimonio y recursos públicos mientras renuncia a ejecutar vivienda a través del Patronato".
A esa posición crítica se ha sumado este miércoles el grupo municipal de Esquerra Unida Podem, que ha denunciado, a través de un comunicado, que la cesión de esos solares es "una operación que supone la privatización encubierta del suelo público y un nuevo paso hacia la mercantilización del derecho a la vivienda". Su portavoz municipal, Manolo Copé, ha advertido que el Ayuntamiento renuncia a promover directamente vivienda pública para ceder a la Generalitat la gestión de los solares y permitir que sean empresas privadas quienes construyan y exploten las viviendas protegidas bajo la fórmula de permuta por obra futura. "En lugar de reforzar el parque municipal de vivienda en alquiler asequible, se está regalando suelo público a promotores para que hagan negocio con una mínima contraprestación social", ha señalado.
En esta línea, EU Podem incide en que el expediente aprobado incluye cinco parcelas valoradas en conjunto en más de 5,6 millones de euros, ubicadas en la avenida de Jaime I, el PAU 1, el PAU 3 y la avenida de Dénia. A cambio, el Ayuntamiento recibiría un local socio-comunitario y un número indeterminado de viviendas de protección pública, "ya que el acuerdo no especifica cuántas ni de qué tamaño serán, remitiéndose a los anexos técnicos del expediente que no se han hecho públicos". "Es inaceptable aprobar una operación de esta magnitud sin saber cuántas viviendas se van a obtener realmente. Todo queda al arbitrio de lo que propongan las empresas en sus ofertas, como si el derecho a la vivienda se pudiera subastar", critica Copé. Según los cálculos del grupo municipal, "el valor del suelo equivale a unos 245.000 euros por cada una de las 22 viviendas que previsiblemente recibiría el Ayuntamiento, una cifra desproporcionada para un parque público que debería crecer mediante promoción directa y no mediante cesiones a la iniciativa privada".
"Un modelo fallido y opaco"
EU Podem denuncia además que el modelo elegido deja al margen la promoción pública directa y traslada todo el peso de la política de vivienda al sector privado. "No se construye ni una sola vivienda de alquiler público con medios municipales. Y lo más grave: el Ayuntamiento ni siquiera se compromete a destinar a alquiler las pocas viviendas que reciba en la permuta", advierte el portavoz.
Copé señala que otros municipios como Elche, a través de su empresa pública Pimesa, o Sant Joan d'Alacant, mediante la sociedad municipal Persones i Ciutat S.A.U., han promovido directamente vivienda pública con medios propios, sin regalar el suelo a promotores privados. "También el propio Ayuntamiento de Alicante, a través del Patronato de la Vivienda, y la Generalitat, mediante el antiguo Ivvsa, llegaron a promover vivienda pública en su día. Y comunidades como Baleares o Cataluña siguen haciéndolo con medios propios, demostrando que hay alternativas al modelo especulativo", añade.
"Han tardado 19 meses en llegar a este punto y lo único que han hecho ha sido entregar el suelo de la ciudad al mercado. Lo llaman Plan Vive, pero ni plan ni vivienda: solo una cesión de suelo público a la iniciativa privada", concluye Copé.
