ALICANTE. El futuro del servicio de transporte público en autobús de Alicante quedará finalmente en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Tanto el Ayuntamiento de Alicante como la asociación Gestión de Transporte de Viajeros (GTV) -la entidad que recurrió el pliego de condiciones- han confirmado este martes su intención de interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, dictada por el titular de la plaza número 3 de la Sección de lo Contencioso del Tribunal de Instancia de Alicante en la que se anula varias de las prescripciones técnicas del pliego de condiciones por el que se rigió el concurso. Eso sí, con intereses contrapuestos: el Ayuntamiento de Alicante, con la intención de defender la corrección de sus requisitos; y GTV, con el objetivo de buscar una sentencia más amplia en la que se consideren el resto de sus motivos de impugnación.

En concreto, como ha avanzado este diario, la resolución judicial establece que al menos dos de los requisitos fundamentales de las bases de ese concurso limitaban en exceso las posibilidades de concurrencia empresarial, lo que habría funcionado como una "barrera". La sentencia se refiere, fundamentalmente, a la exigencia de que cualquier licitador interesado hubiese asumido la prestación de un servicio de transporte público similar al de Alicante en los tres años anteriores a la licitación y que, además, dispusiese de una flota de vehículos compuesta por un mínimo de 71 vehículos. Al tiempo, también anula la limitación impuesta a la suma de las solvencias en el caso de las propuestas presentadas por varias empresas aliadas en una Unión Temporal de Empresas (UTE).

Por lo pronto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha anticipado su intención de apelar ante el alto tribunal autonómico al estimar que la sentencia se basa en una valoración o interpretación que no coincide con la posición que mantiene el servicio municipal de Movilidad. En este sentido, el portavoz adjunto del ejecutivo local y edil de Contratación y Asesoría Jurídica, Manuel Villar, ha considerado que las cláusulas relacionadas con la exigencia de solvencia incluidas en el concurso eran las correctas puesto que "lo que se pretendía era que se presentasen las mejores empresas para prestar el servicio que Alicante se merecía".

En la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local, Villar ha apuntado que el equipo de gobierno respeta "las valoraciones judiciales, pero vamos a recurrir". "La sentencia dice que no debimos ser tan exigentes en la solvencia, y eso es una valoración con la que discrepamos, puesto que la décima ciudad de España debía ser lo suficientemente exigente para propiciar una solvencia de las empresas para procurar que se prestase un servicio de calidad". Así, ha insistido en que la sentencia interpreta que "esa solvencia fue excesiva" y ha confirmado que se pretende presentar recurso porque "estamos hablando de cuestiones subjetivas". De hecho, ha remarcado que "la sentencia no dice cuál es la solvencia que debíamos haber pedido" y ha añadido que el equipo de gobierno mantiene el convencimiento de que "lo hicimos bien". "Nadie puede censurar que planteáramos una exigencia para que vengan los mejores", ha insistido. 

Así, ha mostrado su convencimiento de que el TSJ atenderá el recurso municipal, sin que resulte necesario anular el contrato actual, adjudicado a UTE MIA (del grupo Vectalia), para volver a convocar un nuevo concurso que comenzaría "de cero", sin que exista la posibilidad de acordar una indemnización, ni de retrotraer el concurso a la fase de admisión de ofertas, puesto que, entre otros puntos, la asociación GTV -la entidad recurrente- no participó en el concurso y no existiría ningún derecho indemnizatorio que compensar.

Más motivos de nulidad

Por su parte, la propia entidad recurrente, GTV, también ha anticipado su intención de recurrir en apelación ante el TSJ en busca de una sentencia que amplíe la nulidad a otras prescripciones contempladas en el pliego de condiciones del concurso. "Pese a la victoria, que deriva en una nulidad del contrato, anunciamos hoy que recurriremos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para conseguir la anulación íntegra de unos pliegos que, a nuestro juicio, blindaban el contrato a favor de la concesionaria de siempre. La cláusula que la justicia acaba de anular reducía el universo de potenciales licitadores a apenas cuatro operadores en todo el país — entre ellos, la propia concesionaria saliente", han reseñado portavoces de la asociación, a través de un comunicado.

En este sentido, las mismas fuentes apuntan que "el problema no acaba en la cláusula de solvencia". "Desde GTV denunciamos que el conjunto del pliego configuraba un sistema en el que la adjudicataria no podía perder bajo ningún escenario imaginable. Buena parte de los criterios automáticos (kilómetros adicionales, mamparas, mejoras tecnológicas) se convirtieron en puntos decorativos que no discriminaron entre ofertas", exponen. "Consideramos que la sentencia, pese a ser favorable, se queda corta y no llega a anular la totalidad de los vicios denunciados. Solicitaremos a la Sala de Valencia la anulación íntegra de los pliegos y la consiguiente declaración de nulidad de pleno derecho del procedimiento por vulneración estructural de los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad", recalcan.

"Vamos a exigir ante el TSJCV que se anule íntegramente una licitación que era un fraude técnico al principio de libre concurrencia, y no descansaremos hasta que el Ayuntamiento saque una licitación verdaderamente abierta a la competencia, y no un trámite cosmético para que gane el de siempre. El transporte urbano de Alicante es un servicio público esencial que exige procedimientos de licitación abiertos, equitativos y respetuosos con los principios de transparencia y no discriminación (exigencias que, conforme acaba de declarar la justicia, fueron sistemáticamente incumplidas por el Ayuntamiento de Alicante en este expediente)", abundan portavoces de GTV. Por último, apremian al Ayuntamiento a asumir las consecuencias de la sentencia y a "reformular los pliegos en cumplimiento del fallo y abandonar prácticas administrativas que blindan el statu quo a costa de la competencia, del erario público y del derecho de los ciudadanos de Alicante a un servicio adjudicado en condiciones de libre mercado".