ALICANTE. La comisión de fiscalización constituida con el respaldo de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante para revisar la gestión y venta de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar público enajenado entre 2018 y 2022 sigue marcada por las ausencias de comparecientes. La sesión de trabajo convocada para este viernes ha servido de nuevo de escenario para que las cuatro formaciones que ejercen funciones de oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) hayan denunciado la "opacidad" y la falta de transparencia por la que se estaría caracterizando el funcionamiento de ese foro de análisis ante la falta de participación de los técnicos llamados a ofrecer explicaciones: una circunstancia que consideran que contaría con la implicación -o cuando menos, anuencia- del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP).

En esta línea, los cuatro grupos opositores han reclamado que se vuelva a convocar al vicesecretario municipal, que ejerce funciones de secretario municipal desde hace 20 años, después de que registrase un escrito de excusa en el que confirmaba que no acudiría a la sesión de este viernes con el argumento de que no había tenido ninguna participación en los expedientes relacionados con el desarrollo de las VPP y que, además, comparecer en ese tipo de comisiones no estaba entre sus funciones.

Los representantes de PSOE, Vox, Compromís y EU Podem han discrepado de esa justificación tras asegurar que la solicitud de su comparecencia se fundamentaba en la necesidad de que explicase la elaboración del informe de averiguación de hechos que le encomendó el alcalde, Luis Barcala, para determinar si la ahora exconcejal de Urbanismo, Rocío Gómez, o los funcionarios también vinculados a la adquisición de pisos en Les Naus (la jefa del área de Contratación y el arquitecto municipal Francisco Nieto), tuvieron alguna intervención en los acuerdos de venta del solar municipal o en la concesión de la licencia de obra posterior. Se trata de un dictamen en el que el vicesecretario concluyó que ninguno de ellos tuvo una intervención resolutoria en ninguna decisión relacionada con la promoción objeto de la controversia, aunque, después, el propio equipo de gobierno decidió presentar una denuncia en Fiscalía para que se dilucidase si había podido existir algún tipo de irregularidad, después de que ya hubieran presentado dos denuncias previas la plataforma Sumar y el grupo municipal del PSOE.

En esta línea, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha incidido en que el interés de la comparecencia del vicesecretario residía en el contenido de ese informe, en cómo lo elaboró y en el modo en el que se le dio orden de que abriese el expediente de averiguación de hechos. Al margen de compartir la argumentación de Barceló, el portavoz de Compromís, Rafa Mas; el de EU Podem, Manolo Copé, y el representante de Vox, Óscar Castillo, han abundado en que el alto funcionario también debía haber explicado cómo tuvo acceso al informe del área de Patrimonio en el que se advertía de una posible incompatibilidad o conflicto de interés al constatar la identidad de los adquirientes de los pisos, si influyó en que se eliminasen los nombres a los que se aludía en el primer borrador de ese informe en el documento que finalmente se le hizo llegar, y si el envío de mensajes a través de la aplicación whatsapp con el alcalde -el canal por el que le informó sobre la existencia de ese informe de Patrimonio- era un sistema habitual de comunicación, a pesar de que supone un medio con el que no queda registro por cauce oficial. Así, la portavoz socialista ha llegado a plantear que se produjese una votación para determinar si el vicesecretario debía volver a ser convocado con el fin de que ofreciese explicaciones ajustadas a ese informe. Es más, ha instado al presidente de la comisión, el vicealcalde Manuel Villar, a emplazar al vicesecretario a comparecer como funcionario garante de la seguridad jurídica del Ayuntamiento.

No obstante, Villar ha rechazado dar paso a esa posible votación y ha descartado la posibilidad de instarle a que compareciese tras insistir en que la participación en todas las comisiones municipales no permanentes es de carácter voluntario, en función del procedimiento que también se ha seguido en todas la comisiones similares que se constituyeron durante el pasado mandato, y en función de lo que establece el informe jurídico elaborado por el propio vicesecretario (del que los ediles de la oposición han vuelto a discrepar este viernes). De este modo, ha insistido en que las personas citadas están en su derecho a decidir si comparecen o no, y que no se podía ir en contra de ese derecho si alguien había comunicado de forma expresa su voluntad de no participar en la comisión. En este sentido, ha recordado que también se había convocado a exconcejales del eje progresista que formaron parte del equipo de gobierno durante el mandato 2015-2019, que ejercieron competencias de gobierno en el inicio del expediente de enajenación de la parcela, y que esos exdirigentes también declinaron comparecer en la reunión precedente de la comisión.

En cualquier caso, Villar sí ha manifestado que se daría traslado al vicesecretario del planteamiento de los representantes de la oposición para que pudiese tenerlo en consideración, aunque sin emplazarle a comparecer ni girar una nueva convocatoria expresa para que lo haga. Por el contrario, el vicealcalde sí ha confirmado que se volverá a convocar al interventor municipal, también citado inicialmente para la sesión de la comisión de este viernes, toda vez que en su escrito de excusa de su inasistencia había alegado que no podía acudir porque se encontraba fuera de Alicante. De ahí que haya apuntado que se le volverá a convocar para la próxima sesión con el fin de que precise si está dispuesto a comparecer o no en esa nueva fecha. Por lo pronto, dos responsables del Patronato Municipal de la Vivienda a las que ya se ha convocado a participar en esa próxima sesión de la comisión ya han comunicado que tampoco participarán.

Se trata de la misma comunicación que también trasladó hace una semana el exjefe de los Servicios Jurídicos Municipales, ahora jubilado, aunque los representantes de los grupos opositores han manifestado que su comparecencia habría permitido arrojar luz sobre su posible asesoramiento respecto a los expedientes relacionados con Les Naus o sobre la denuncia presentada por el Ayuntamiento ante la Fiscalía cuando trascendió la polémica.

Sea como fuere, la sesión de trabajo de este viernes debe retomarse con la posible comparecencia del inspector que elaboró el informe sobre las comprobaciones giradas a las viviendas del residencial para certificar cuántos de los compradores estaban residiendo de forma efectiva en los pisos a mediados de febrero. 

La oposición apunta a Barcala

Tras la suspensión de la sesión de trabajo, los representantes de los grupos del eje progresista, Barceló, Mas y Copé, han valorado el desenlace de la comisión para insistir en su inoperatividad por la ausencia de los comparecientes, de la que han vuelto a corresponsabilizar al equipo de gobierno al considerar que los populares estaban tratando de evitar que se esclareciesen los hechos para proteger al alcalde, Luis Barcala.  

Al respecto, Barceló ha señalado que "visto lo que está ocurriendo en esta comisión y vista la amnesia colectiva que se produjo en las comparecencias judiciales del pasado miércoles, la estrategia del PP está muy clara". Así, ha asegurado que "pediremos que Barcala dé las explicaciones oportunas después de que la empresa gestora de Les Naus, Fraorgi, asegurase que mantuvo reuniones con el alcalde y con la concejala de Urbanismo. El alcalde tiene que dar explicaciones sobre esos encuentros y sobre qué sucedió en este escándalo, y así lo vamos a exigir", ha apuntado.

Por su parte, Mas ha señalado que Compromís daría traslado al Gobierno respecto a la actitud del vicesecretario como máximo responsable de velar por la seguridad jurídica del ayuntamiento para que se evalúe si está cumpliendo con sus responsabilidades como habilitado nacional, después de 20 años ocupando el cargo de secretario sin que se haya convocado la plaza para que quede cubierta.