ALICANTE. Nueva vuelta de tuerca en la causa sobre las presuntas anomalías detectadas en la gestión y compra de las viviendas de protección pública (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar enajenado por el Ayuntamiento de Alicante entre los años 2018 y 2022. La representación legal del grupo municipal del PSOE, que ejerce la acusación particular, ha solicitado a la jueza responsable de las diligencias la práctica de dos nuevas pruebas con el propósito de tratar de dilucidar la existencia de esas supuestas irregularidades.

En primer término, pide que se cite a declarar al vicesecretario municipal, Germán Pascual, que ejerce funciones de secretario general ante la vacante de esa plaza que se mantiene desde hace más de 20 años. En el caso de que la magistrada acuerde su citación, el PSOE trataría de cuestionar al alto funcionario sobre el contenido de los correos cruzados con la jefa del servicio municipal de Patrimonio, Paloma Romero, respecto a los primeros informes en los que dicha técnica alertaba de la existencia de una posible incompatibilidad o conflicto de interés al tener constancia de la identidad de algunos de los compradores de esas VPP y sus vínculos con el ayuntamiento. Entre esos adquirientes como socios cooperativistas figuraban la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez; el arquitecto municipal Francisco Nieto, y los hijos de la exdirectora general de Organización Interna y jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman. 

En una de esas comunicaciones, ya remitidas por el Ayuntamiento de Alicante al juzgado en respuesta a su requerimiento y filtradas la semana pasada (como ha sucedido con parte del contenido de las declaraciones de algunos de los 15 imputados en las diligencias), la jefa de Patrimonio explica al vicesecretario que había eliminado los nombres de las personas que citaba en un primer escrito, como le había indicado el vicesecretario. De ahí que el PSOE pretenda interrogar a este último sobre esa solicitud, a qué obedeció, y si la planteó por iniciativa propio, o si recibió instrucciones políticas para trasladarla a la jefa de Patrimonio.

En segundo lugar, la representación legal del PSOE, ejercida por el letrado Fernando Cazorla, también solicita a la jueza que requiera al Ayuntamiento de Alicante la entrega de los informes de conclusiones respecto a los tres expedientes de averiguación de hechos instruidos por el área de Recursos Humanos respecto al papel desempeñado por los arquitectos municipales Francisco Nieto y Elsa Lloret, por la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, y sobre quién pudo tener acceso a la liquidación del impuesto de plusvalía de las 140 viviendas (en este caso, con el propósito de conocer si algún funcionario pudo conocer antes del pasado mes de enero -cuando trascendió la polémica- la identidad de los compradores de los pisos). 

Como ya ha informado este diario, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), no ha dado a conocer las conclusiones de esos informes de averiguación de hechos al sostener que se trata de expedientes internos de carácter reservado. Además, la tramitación de esos expedientes y sus posibles consecuencias en forma de hipotéticas sanciones han quedado en suspenso al atender al principio de prejudicialidad penal, desde el momento en el que existen unas diligencias de investigación judicial en curso, como indicó el vicealcalde y edil de Asesoría Jurídica, Manuel Villar, la semana pasada.

Entre tanto, la instrucción debe avanzar este miércoles con la declaración de los representantes de otras cuatro promotoras que compitieron con Residencial Les Naus y también presentaron oferta inicialmente en el concurso por la adquisición del solar municipal en el que se levantó la promoción, así como de los responsables de Block Arquitectura y de la asociación de promotores Provía, que presentaron sendos recursos frente al pliego de condiciones de ese concurso al considerar inadecuada la incorporación de la cláusula de desempate en la que se primaba la anticipación en el registro de la oferta. También deben volver a prestar declaración dos responsables del Servicio Territorial de Vivienda que ya prestaron declaración el pasado mes de abril. 

Al margen de ello, los servicios jurídicos del Ayuntamiento también deben remitir al juzgado la totalidad de los correos girados entre el área de Patrimonio y el vicesecretario general desde el 15 hasta el 31 de enero, en respuesta al último requerimiento formulado la semana pasada, después de que solo se remitiesen parte de ellos.