ALICANTE. El grupo municipal de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado "la sanción impuesta a voluntarios de la organización Reacción Solidaria, que realizaban una acción humanitaria de reparto de alimentos a personas necesitadas y que ahora son víctimas de la represión arbitraria de la Ley Mordaza", según concretan portavoces de la confluencia, a través de un comunicado.
En concreto, la formación política apunta que "el 23 de enero de 2025, voluntarios de Reacción Solidaria organizaron un reparto de alimentos en la calle Rigoberto Ferrer" de Alicante con la intención de "ayudar a personas en situación de vulnerabilidad". "En lugar de facilitar esta labor esencial, la Policía Local intervino de forma desproporcionada, generando tensión y acabando con una denuncia por 'reunión no autorizada' bajo el artículo 37.01 de la Ley Orgánica 4/2015", según añade la nota pública.
A partir de ahí, según las mismas fuentes, la Subdelegación del Gobierno en Alicante "inició un expediente sancionador con multa de 200 euros, ofreciendo una reducción del 50% (100 €) si se pagaba en 15 días. La sanción fue recibida el día 2 de mayo y ya ha sido abonada, pero este mecanismo es una herramienta coercitiva que obliga a asumir la culpabilidad sin derecho a una defensa adecuada, silenciando así la protesta social", recalca el comunicado.
En este sentido, el portavoz municipal de la confluencia, Manolo Copé, ha considerado que "resulta preocupante que mientras crece la pobreza en nuestra ciudad, las administraciones dediquen recursos a sancionar a quienes intentan paliar esta situación. Desde Reacción Solidaria nos han trasladado su malestar ante unas multas que castigan el altruismo y la ayuda mutua, valores fundamentales de cualquier sociedad democrática." "Instamos a revisar este procedimiento sancionador y a establecer mecanismos de colaboración entre instituciones y entidades sociales para garantizar que la solidaridad pueda ejercerse sin obstáculos". Así, plantea que se proceda a la "retirada inmediata de las sanciones a los voluntarios", a la "revisión de los protocolos de actuación policial en acciones sociales" y que se cree "una mesa de trabajo con colectivos sociales para regular estas actividades".
