ALICANTE. La solicitud de apertura de juicio cursada por la Fiscalía Anticorrupción en las diligencias sobre la adscripción de una parcela municipal de uso educativo como sede de uno de los centros asociados a la estrategia 'Alicante Futura' no tendrá consecuencias políticas. Al menor, en esta fase del proceso. Así lo han sostenido los coportavoces del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), Manuel Villar y Cristina Cutanda, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local, al ser cuestionados sobre la decisión adoptada por la Fiscalía, y sobre la posibilidad de que pudiesen adoptarse medidas respecto a la edil de Empleo, Mari Carmen de España, que figura como investigada en esas diligencias.

En esta línea, Villar no se ha apartado de la posición defendida por los populares respecto a todos los procesos vinculados a acuerdos municipales que quedan bajo el escrutinio de la justicia para señalar que "el equipo de gobierno respeta" las decisiones que puedan adoptarse, aunque eso no conlleve que "se comparta su contenido". Es más, ha defendido que "pensamos que se actuó de forma correcta" respecto al recorrido seguido para adscribir el edificio del antiguo parque de bomberos de la calle Italia a la Agencia Local de Desarrollo (Aldes) que preside De España, y con la firma posterior de un convenio con Aguas de Alicante por el que se amparaba la instalación de las oficinas del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) como centro vinculado a 'Alicante Futura'. En consecuencia, no ha contemplado la posibilidad de que se adopte ninguna medida respecto a De España, por lo que seguirá ejerciendo sus competencias actuales como edil de Educación y Empleo y como presidenta de la Aldes.

En supuestos precedentes registrados a finales del pasado mandato, como la investigación seguida contra el exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, por las supuestas anomalías en la concertación de tres contratos vinculados a la misma plaza de la partida de La Alcoraya, fue el mismo regidor quien dio el paso de presentar su dimisión y renuncia al acta de concejal, además de descartar su incorporación a la lista electoral con la que el PP concurrió a las elecciones municipales de 2023 con la intención de no perjudicar al partido en ese contexto. Después, la causa acabó archivándose de forma definitiva tanto para él, como para el también exconcejal de Infraestructuras, José Ramón González, igualmente investigado en la misma causa. 

Barcala también descarta anomalías tras sostener que el conjunto de las defensas han solicitado el sobreseimiento "al no ver indicios de delito"

Como informó este diario, Anticorrupción solicita el procesamiento de De España y del técnico municipal que ejercía como gerente de la Aldes (ahora desvinculado del Ayuntamiento de Alicante) como supuestos autores de un delito de prevaricación urbanística, al considerar que, de las diligencias practicadas hasta el momento, habría quedado demostrado que eran conocedores de que la parcela en cuestión quedaba reservada para la instalación de centros educativos en el PGOU vigente (a pesar de que nunca ha llegado a tener ese destino) y que, sin embargo, promovieron su adscripción a la Aldes y el convenio de colaboración con Aguas de Alicante para permitir la instalación del CIA. Todo ello, después de que Aguas de Alicante hubiese solicitado licencia de obra para desarrollar las oficinas de ese centro y de que la Concejalía de Urbanismo hubiese emitido un informe de compatibilidad desfavorable, dado el uso docente asignado al solar de ese inmueble.

Fuentes consultadas por Alicante Plaza precisaron que el grupo municipal del PSOE, que figura como acusación particular en las diligencias, también ha registrado escrito solicitando igualmente la apertura de juicio para De España y para el técnico señalado por Anticorrupción, entre otros de los investigados. Por su parte, las defensas del conjunto de los investigados -entre los que se incluían otros técnicos municipales y representantes de Aguas de Alicante- habrían solicitado el sobreseimiento de las diligencias. Por el momento, no ha trascendido ninguna decisión por parte de la titular del juzgado que asume la instrucción, que deberá dictar un auto de archivo o de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

En todo caso, el alcalde, Luis Barcala, también se ha pronunciado al respecto de la solicitud de apertura de juicio por parte de la Fiscalía, ya este miércoles, para sostener que el conjunto de las defensas habían solicitado el archivo y sobreseimiento "puesto que nadie ha visto indicios de delito".