ALICANTE. Segundo expediente confirmado. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), abrirá el segundo procedimiento de averiguación de hechos respecto al papel que pudo haber desempeñado la exdirectora general de Organización Interna y actual jefa del área de Contratación, María Pérez-Hickman, en la tramitación de los acuerdos relacionados con la gestión y venta de las viviendas de protección públicas (VPP) construidas por la cooperativa Residencial Les Naus sobre un solar municipal enajenado entre 2018 y 2022.
Así lo ha ratificado este martes el coportavoz del equipo de gobierno, además de vicealcalde y edil de Recursos Humanos, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta Local, en la que ha sostenido que él mismo será el encargado de firmar la providencia para que se produzca la apertura de ese segundo expediente, después de que se pusiese sobre la mesa su incoación a instancias de la petición formulada por el grupo municipal de Vox en el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, en el que se produjo la comparecencia del propio Villar. Una comparecencia en la que negó tener constancia de que Pérez-Hickman le hubiese comunicado en 2022 que sus dos hijos fuesen socios cooperativistas de Residencial Les Naus, como ella aseguró durante su declaración en el juzgado.
Ese segundo expediente se sumaría al ya incoado a partir del mes de febrero tanto respecto a Pérez-Hickman como sobre los dos arquitectos municipales que adquirieron viviendas en la promoción -Francisco Nieto y Elsa Lloret- y que, junto a la jefa de Contratación, figuran entre los 18 investigados en las diligencias judiciales que se siguen en los juzgados en relación a las presuntas irregularidades que pudieron haberse producido en el desarrollo de esas VPP.
Con todo, lo cierto es que las conclusiones de ese primer expediente no se han dado a conocer hasta el momento, toda vez que se trata de una indagación interna "de carácter reservado", según ha incidido Villar, cuyo contenido y posibles conclusiones seguirá sin desvelarse mientras siga en curso la instrucción de esa causa "salvo que un juez determine lo contrario".
En todo caso, Villar no ha llegado a aventurar cuál podría ser el progreso de ese segundo expediente respecto a la jefa de Contratación al sostener que será el instructor que se designe quien precise si puede prosperar, o si debe quedar postergado al aplicarse el principio de prejudicialidad penal, por el que resulta prioritaria cualquier indagación judicial respecto a cualquier otra decisión de carácter administrativo. Por lo pronto, Villar ha señalado que el acuerdo de inicio de ese segundo expediente era "un compromiso adquirido" que se pretendía llevar a la práctica. "Cumplimos nuestros compromisos", ha dicho, sin valorar si el expediente podría tener visos de prosperar en este momento.
Hasta ahora, sí se han dado a conocer las conclusiones del expediente de averiguación de hechos encomendado al secretario municipal a finales del pasado mes de enero -cuando trascendió la polémica- en el que se concluía que ninguna de las personas vinculadas al ayuntamiento que figuraban entre los compradores de las VPP (de forma directa o, en su caso, familiares) habían tomado decisiones relacionadas con la venta de la parcela municipal en la que se levantó la promoción o con la concesión de su licencia.
El PSOE reclama un informe jurídico
Por su parte, el grupo municipal del PSOE ha registrado este martes una solicitud de informe jurídico a la Secretaría General del Pleno para aclarar "la viabilidad" de la apertura de ese segundo informe respecto a la jefa del Servicio de Contratación. "La iniciativa llega después de que el vicealcalde, Manuel Villar (PP), haya anunciado que no facilitará el expediente anterior abierto a esta misma funcionaria al considerarlo reservado y al alegar que quedó bloqueado por la existencia de un procedimiento judicial. A pesar de ello, el PP se ha comprometido con Vox a incoar un nuevo expediente, cuando el escenario judicial es el mismo", han apuntado fuentes del PSOE, a través de un comunicado.
En concreto, el PSOE pretende que ese informe jurídico precise "qué ocurrió con la investigación inicial, cuál es su estado actual y si resulta jurídicamente viable abrir un nuevo procedimiento sobre hechos que pudieran coincidir total o parcialmente con los ya examinados". "Cabe recordar que el gobierno de Barcala anunció en abril la suspensión de las actuaciones administrativas sobre varios funcionarios al considerar que existía una causa penal abierta sobre el reparto de las viviendas de Les Naus", añaden las mismas fuentes.
La portavoz socialista, Trini Amorós, ha considerado que lo que está haciendo el PP es "una absoluta incongruencia". "Villar nos dice que no podemos conocer el expediente anterior porque es reservado, pero se compromete con Vox a abrir uno nuevo. Necesitamos saber qué se investigó, por qué se suspendió y qué garantías tenemos de que esta nueva iniciativa no sea una forma de aparentar que se actúa sin aclarar qué ha ocurrido con la investigación anterior", ha señalado.
"No vamos a entrar a formar parte del sainete entre el PP y Vox con relación a Les Naus, porque lo cierto es que la ultraderecha ha venido poniendo palos en las ruedas y no ha exigido ninguna responsabilidad a Barcala por el reparto de las viviendas entre amigachos del PP. Aquí lo único que está claro es que ha habido un reparto de viviendas y ni el alcalde ni sus concejales dan explicaciones", ha añadido.
En este sentido, el PSOE solicita que se determine "si la existencia de una causa penal obliga necesariamente a suspender cualquier actuación administrativa o si es posible diferenciar entre investigaciones previas, procedimientos disciplinarios y otras actuaciones que no tengan naturaleza sancionadora". También solicita aclarar "si pueden abrirse nuevos procedimientos sobre hechos ya investigados, qué efectos tiene la prejudicialidad penal y qué requisitos serían necesarios para reanudar los expedientes suspendidos o iniciar otros nuevos".
Además, los socialistas reclaman "que se recaben los antecedentes administrativos, incluidas las resoluciones de incoación y suspensión de las actuaciones iniciadas en febrero de 2026, para conocer su objeto y estado de tramitación. También piden aclarar si aquellos expedientes concluyeron y si se puso su resultado en conocimiento del juzgado que investiga el caso, conforme a la normativa aplicable".
Amorós ha insistido en que el alcalde, Luis Barcala, debe ofrecer respuestas claras sobre todo lo ocurrido en el reparto de viviendas de Les Naus a cargos del PP, familiares y amigos. "No basta con anunciar un nuevo expediente. Hay que explicar qué pasó con el anterior, por qué se suspendió y qué fundamento jurídico tiene volver a investigar estos hechos. Lo que pedimos es claridad, rigor jurídico y transparencia para que el gobierno municipal responda a las preguntas que siguen pendientes. No vamos a aceptar un nuevo paripé en lugar de recibir las explicaciones que merecen los alicantinos", ha concluido.
