ALICANTE. Las medidas de control frente al ruido incluidas en la Zona Acústica Saturada (ZAS) del Casco Antiguo de Alicante siguen en vigor. Al menos, así lo interpreta el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a pesar de que existirían al menos tres autos dictados por los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 4 y 2 (en realidad, por la jueza titular del número 4, que estaría supliendo la baja del titular del 2) en los que se estima la solicitud de suspensión planteada como medida cautelar por tres titulares de establecimientos hosteleros afectados por las restricciones en los respectivos recursos frente a la aprobación de esa figura administrativa.

¿Qué motivaría esa interpretación por parte de los populares? Que esos autos se refieren, en principio, a la aprobación inicial de la ZAS, acordada el pasado 14 de octubre, y que, por tanto, habría dejado de estar en vigor desde el momento en el que se produjo su aprobación definitiva, el pasado 4 de noviembre, después de que la Conselleria de Medio Ambiente avalase la corrección de las medidas propuestas.

"Entendemos que la ZAS sigue vigente", ha incidido el vicealcalde y coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local. "Los servicios jurídicos municipales están analizando esos autos, porque resultan muy ambiguos, y posiblemente solicitemos una aclaración de sentencia, pero entendemos que lo que se acuerda es la suspensión de las restricciones iniciales que se implantaron como medida cautelar, que dejaron de estar en vigor con el trámite de aprobación definitiva, aunque realmente en ese acuerdo se adoptasen las mismas medidas", ha argumentado.

En esta línea, ha sostenido que se continuará aplicando el nuevo régimen de reducción de horarios y de limitación de superficie para la instalación de mesas y sillas, a pesar de que los hosteleros también hayan registrado recursos posteriores frente a la aprobación definitiva de la ZAS, y que también hayan planteado la misma solicitud de suspensión como medida cautelar. En todo caso, Villar solo ha apuntado que sí se había dado instrucciones a las concejalías competentes para que dejasen de tramitarse las actas de infracción que pudiesen haberse levantado por el incumplimiento de las medidas de la ZAS en el periodo comprendido entre el 14 de octubre y la fecha de su aprobación definitiva.

Sea como fuere, Villar también ha recalcado que la intención del equipo de gobierno es recurrir en apelación frente a esos autos de suspensión respecto al acuerdo de aprobación inicial de la ZAS para mantener que debe ponderarse el derecho al descanso vecinal que inspiró su implantación por encima del perjuicio económico que pudiese ocasionar a los empresarios y que, en el escrito de oposición a la demanda de los hosteleros, se consideró que no tendría efectos irreversibles de imposible o difícil reparación. 

Advertencia de ilegalidad

Por su parte, los empresarios del sector hostelero consultados por este diario sostienen que la suspensión de la ZAS sí estaría vigente en la medida en que los recursos contra el acuerdo de aprobación definitiva se acompañan de la solicitud de medidas cautelarísimas, lo que conllevaría que las restricciones de horarios y de ocupación de superficie por los veladores dejen de tener eficacia de forma automática. En esta línea, las mismas fuentes insisten en que, en último término, la futura resolución a adoptar por los juzgados será la misma: el dictado de autos concediendo la suspensión de la ZAS, puesto que las medidas previstas son las mismas y ya se ha resuelto que el perjuicio económico que ocasionaría su aplicación sería de mayor intensidad que el interés general que se pretende proteger.

Así, señalan que ya se ha remitido escritos dirigidos al Ayuntamiento y a la Policía Local en los que se les da traslado de una advertencia de supuesta ilegalidad en el supuesto de que se pretenda hacer cumplir las limitaciones de la ZAS en lo sucesivo, con el levantamiento de posibles actas. Es más, las mismas fuentes inciden en que, en ese caso, podría estar incurriéndose en un delito de prevaricación. En este sentido, señalan que se actuará en consecuencia con el registro de las denuncias que correspondan.