ALICANTE. Un negocio fallido sobre la gestión de un hotel situado en El Campello expone al actual presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), Luis Castillo, a una posible pena de cárcel por hechos que sucedieron hace cerca de 14 años, cuando el empresario no tenía ninguna responsabilidad en esa patronal. Cuando menos, ese es el escenario al que se enfrenta ahora, al término del juicio seguido en la Audiencia de Alicante hasta este jueves, después de que la Fiscalía haya mantenido su acusación inicial y haya persistido en demandar una sentencia condenatoria como responsable de un delito de apropiación indebida, para el que pide que se le impongan cinco años de prisión. Esa misma acusación se extiende sobre su hermano, Juan Carlos Castillo, que también figuraba como responsable de la empresa que asumió la explotación del establecimiento. Y, por último, la representante del Ministerio Público acusa a otros dos empresarios por el mismo delito, así como por otro delito de estafa, en relación a los mismos hechos. Para ellos, demanda una condena de siete años de privación de libertad.

Por su parte, la defensa de los hermanos Castillo y la de los otros dos empresarios procesados, A. N. y J. E. N. (padre e hijo), solicitan su libre absolución, al considerar que no habría quedado acreditada ninguna de las acusaciones. Primero, porque no se habría demostrado el desvío de fondos que se les imputa, ni la existencia del supuesto enriquecimiento al que habría dado lugar. Segundo, porque ese supuesto delito habría quedado prescrito. Y tercero, porque la causa -seguida a instancias de la denuncia de un exsocio- ya fue analizada por un Juzgado de Instrucción que acordó su sobreseimiento, hasta que se aportó un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la Policía Nacional que las defensas consideran incompleto.

El juicio ha quedado listo para sentencia, después de que tanto Juan Carlos como Luis Castillo hayan negado la existencia de los delitos que se les atribuye, al ejercer su derecho a la última palabra. Ambos, han argumentado que, a lo largo de su trayectoria como empresarios, no habían tenido ninguna incidencia relacionada con impagos a proveedores o trabajadores y han atribuido la apertura de la causa al intento del exsocio que presentó la denuncia de perjudicarles. De hecho, el presidente de APHA ha lamentado que ese perjuicio ya se ha conseguido, al margen de cuál sea el sentido de la resolución judicial, porque ya estaba pagando "la pena de banquillo de manera injusta" como consecuencia del posible desprestigio al que se le había expuesto.

¿En qué consistió ese negocio hotelero que habría concluido en juicio? Los hechos objeto del proceso se desarrollaron entre 2010 y 2013. Los hermanos Castillo asumieron en 2010 la explotación del Gran Hotel de El Campello -un establecimiento de 100 habitaciones situado, a 200 metros de la playa- tras alcanzar un acuerdo de arrendamiento con los propietarios del inmueble. Esa gestión quedó a cargo de la empresa Hoteles Carolina, a la que se incorporaron otros dos socios: entre ellos, el denunciante, con un 10% de las participaciones.

A finales de 2011, los hermanos Castillo vendieron sus participaciones a otro empresario, A. N., con la permuta de una finca como medio de pago. Para entonces, según han sostenido a lo largo del juicio, ya se había evidenciado que el hotel presentaba problemas económicos, a pesar de que los trabajadores que han comparecido en los tres días de duración de la vista han declarado que registraba una buena ocupación. Al menos los fines de semana y en periodos vacacionales. En todo caso, la situación económica de la empresa se había plasmado en su contabilidad, que habría sido conocida por su sucesor en las participaciones de la empresa, con pérdidas próximas a los 156.000 euros, según han argumentado los hermanos Castillo. Con todo, tras el traspaso de las participaciones, Juan Carlos, que era quien asumía las funciones ejecutivas de Hotel Carolina, siguió colaborando con A.N. en las gestiones de sus cuentas bancarias durante el tiempo en el que pudo registrarse el traspaso del control de la empresa, el cambio de administrador y de la titularidad de esas cuentas.

Cobertura de un préstamo

En ese momento, Juan Carlos Castillo ya había procedido a la devolución de 70.000 euros que el denunciante había ingresado en las cuentas de Hoteles Carolina para afrontar los gastos que le correspondían. Ese reintegro se produjo en metálico "porque así lo había solicitado" ese exsocio, según ha sostenido el empresario a la conclusión del juicio. Además, también se había producido la transferencia de fondos desde la cuenta de Hoteles Carolina a otra sociedad que en ese periodo también estaba administrada por los hermanos Castillo, Josector Juan Luis, con el fin de cubrir la devolución de un préstamo bancario del que ambos eran avalistas, según han sostenido. De hecho, fueron ambos quienes acabaron saldando ese crédito, según han explicado a la conclusión del juicio.

Con el traspaso en la gestión de Hoteles Carolina, que dejó a A.N. al frente, se intentó mantener la actividad del hotel, según han explicado sus abogados defensores. Para ello, según han alegado, se convocó una junta general para plantear posibles escenarios que permitiesen remontar su situación, como la solicitud del concurso de acreedores o la puesta en marcha de una ampliación de capital, pero el resto de socios (entre ellos, el denunciante) no participaron de ninguna de esas soluciones. Así, según han explicado, se optó por continuar con el respaldo de otra sociedad administrada por el hijo de A.N., Hospedantique, a la que se transferían pagos de los touroperadores para que el hotel siguiese funcionando, toda vez que Hoteles Carolina tenía las cuentas embargadas. Y se optó por hacer pagos en efectivo a los proveedores, con el dinero de caja ingresado en el hotel, después de haber conseguido un aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social al aportar la hipoteca sobre una vivienda situada en Altea, que a la postre terminó incautándose. 

No obstante, la causa suma una segunda acusación particular, al margen del exsocio de los Castillo (que reclama al no haber recibido dividendos por los supuestos beneficios en la gestión del hotel). Esa segunda acusación la ejerce el responsable de Nilaya, la empresa de restauración que asumió el servicio de catering del hotel ya en 2013, que defiende que no se le habrían abonado los servicios prestados. De ahí que su representante legal solicite solo para A.N. y su hijo cuatro años de prisión por administración desleal y otros cinco por estafa. Las defensas de A.N. y de su hijo, por su parte, sostienen, a su vez, que esos impagos se cruzaban con las deudas por el alquiler de los espacios de restauración del hotel. A la postre, el hotel acabó cerrando sus puertas en 2013, cuando se produjo su desahucio, después de que el propietario del inmueble demandase a Hoteles Carolina por las deudas de las rentas no abonadas en los años previos.

¿Cuál es la posición de la Fiscalía? La acusación pública sostiene que los cuatro acusados se concertaron para desviar fondos de Hotel Carolina a las cuentas de Josector Juan Luis y de Hospedantique, y que sus responsables realizaron extracciones en metálico para vaciar las cuentas de la primera sociedad, lo que habría generado un perjuicio al resto de socios, así como a sus proveedores. Entre ellos, la empresa encargada de la restauración del hotel. Su relato se fundamenta en el informe elaborado por la Udef, en el que se detallarían disposiciones en efectivo de 96.000, 84.000 o 30.000 euros que apuntalarían el delito de apropiación indebida. Esa circunstancia, junto a las transferencias de fondos entre empresas, habría propiciado que se perdiese la trazabilidad del dinero.

No obstante, las defensas han argumentado que ni el informe de la Udef, ni el conjunto de las acusaciones habían precisado dónde, cuándo ni de qué cantidad de dinero se habrían apropiado sus defendidos. Además, han desacreditado la validez del informe de la Udef por no haber analizado toda la contabilidad de las empresas relacionadas con los acusados, y haberse limitado a la documentación fiscal aportada a la Agencia Tributaria, en la que no figurarían todos los asientos contables. Además, han recalcado que el informe incluía errores, como el hecho de considerar a Luis Castillo cotitular de una cuenta a nombre de Hospedantique. Una circunstancia que había quedado corregida por la entidad bancaria.