ALICANTE. La primera fase del plan de ampliación del clúster agroalimentario de Mercalicante supera otro filtro: el del Jurado Provincial de Expropiación. La instancia responsable de resolver discrepancias respecto a la valoración de terrenos en los procesos de adquisición forzosa avaló el pasado mes de septiembre el precio establecido por la sociedad pública por la compra de 19.500 metros cuadrados situados al este del recinto empresarial. Esa pastilla de suelo, ya asumida por Mercalicante desde el pasado mes de agosto, pasó a formar parte de su patrimonio por más de 3,4 millones, después de que se completase una operación de ampliación de capital social suscrita hace justo un año por sus dos socios: el Ayuntamiento de Alicante y Mercasa.

No obstante, la empresa hasta entonces titular de esos terrenos, Dosval (una compañía de la familia Gómez-Trenor, responsable de Colebega, la antigua embotelladora valenciana de Coca-cola) impugnó la valoración de ese justiprecio tras aportar un informe de tasación propio en el que se elevaba su importe a una cantidad sustancialmente superior, según fuentes consultadas. No obstante, el Jurado Provincial desestimó sus pretensiones en una resolución notificada en septiembre que se dio a conocer en la última reunión del consejo de administración, celebrada el pasado 10 de diciembre. 

De este modo, la adquisición de esos 19.500 metros queda ratificada sin la necesidad de que Mercalicante tenga que asumir un desembolso económico adicional, lo que despeja el camino para que pueda promoverse su próxima comercialización. Un paso con el que se aspira a favorecer la implantación de nuevas empresas a la vista de que se había constatado demanda de parcelas por parte de compañías interesadas en aprovechar los servicios compartidos que ofrece el clúster: acceso controlado, servicio de vigilancia, etc.

Eso sí, Dosval trata de mantener la defensa de sus intereses económicos sobre esos terrenos. Con ese fin, el pasado octubre, presentó un recurso contencioso-administrativo frente al rechazo de sus alegaciones al acuerdo de expropiación. Esa impugnación todavía sigue pendiente de resolverse, después de que se desestimase la medida cautelar de suspensión del acuerdo de compra que la compañía planteó junto a su recurso, con la intención de que la sociedad pública no llegase a asumir la plena propiedad del suelo.

Sea cual sea al resultado de esa impugnación, lo cierto es que, desde el pasado agosto, ya se ha producido al menos un primer movimiento para licitar esos terrenos mediante su concesión por arrendamiento. Se trata del concurso por la explotación de una nave preexistente de 5.521 metros cuadrados dedicada a actividades relacionadas con el transporte de mercancías, que se divide en varios módulos. La intención de la sociedad pública era ofrecer esa nave -de uso industrial y equipada con muelles de carga- en régimen de alquiler en una convocatoria dividida en varios lotes.

A priori, se pretendía destinar el conjunto de esos módulos a empresas del sector alimentario en general, incluidas las dedicadas a la logística del sector, según precisaron portavoces oficiales en septiembre. Y así se habría constatado a cierre del mes de octubre, con la adjudicación de tres de los cuatro módulos en los que se había dividido la licitación en favor de Sanz e Hijos, Haya Logística Levante y Cominport.

Otros 58.000 metros más

Entre tanto, se sigue avanzando en la planificación de una segunda fase de expansión del clúster que se extenderá sobre una superficie aún mayor. El planteamiento al que ya ha dado curso el equipo de gobierno de Alicante, del Partido Popular (PP), comprende la recalificación de cuatro parcelas que suman 58.000 metros cuadrados en el noreste del recinto actual con el propósito de que queden habilitadas para usos industriales como zona de reserva para una futura ampliación de Mercalicante. 

Ese cambio de calificación urbanística, a través de la modificación puntual número 53 del PGOU vigente, inició su recorrido administrativo a mediados de noviembre mediante la aprobación en Junta de Gobierno del acuerdo de inicio del expediente de su evaluación ambiental y territorial estratégica. La propuesta comprende que esas cuatro parcelas dejen de tener la consideración de suelo industrial para convertirse en sistema general de servicios urbanos de mercados.

No hay ningún plazo cerrado para que ese suelo pueda quedar a disposición de Mercalicante, aunque, a partir de los tiempos requeridos en otras modificaciones de planeamiento, el cambio urbanístico podría hacerse esperar al menos entre uno y dos años. Entre tanto, Mercalicante continúa promoviendo inversiones de mejora de sus instalaciones. De hecho, la última reunión de su consejo de administración aprobó el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF) para el ejercicio de 2026, en el que se contemplan distintos proyectos con un desembolso de más de 1,21 millones de euros.

Se trata de un programa que destina el grueso de la inversión a mejorar los espacios e instalaciones que Mercalicante ofrece al mercado logístico y de distribución de los diferentes sectores de alimentación, con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades que requieren las actividades de logística, distribución y comercialización en el mercado de la alimentación y afines, según concretaron portavoces oficiales tras el desarrollo del consejo. En esa sesión también se concretó que se espera superar los 3,3 millones de euros de cifra de negocio en 2026, con un crecimiento del 15% respecto al cierre de 2025. Además, se precisó que el resultado del ejercicio actual se estima en 451.526 euros, tras absorber el impacto de las nuevas inversiones y la mejora de ocupación.