ALICANTE. El Puerto activa la cuenta atrás para despejar la bocana de la dársena interior con el derribo de la conocida como isla flotante: una estructura que emerge sobre la lámina de agua concebida inicialmente para completar un circuito abierto al público entre los muelles 8 y 10, en Levante, y 7 y 9, en Poniente. Esa pretensión inicial ya ha quedado descartada, después de que todas las comprobaciones técnicas ejecutadas tras el fin de su construcción certificasen que no ofrece garantías de estabilidad por los problemas registrados en el enclave de sus pilastras sobre el lecho marino. De hecho, en esos últimos informes se concluyó con su declaración en estado de "ruina técnica".

De ahí que se activase un concurso para contratar la redacción del proyecto de demolición que se acaba de resolver ahora. La mesa de contratación del Puerto plantea la adjudicación de ese encargo a Ingeniería y Estudios Mediterráneo por un importe de 29.500,00 euros (sin impuestos) tras seleccionarla como la mejor oferta entre las tres propuestas presentadas. Los otros dos licitadores interesados en ejecutar el contrato eran José Antonio Meneses y Progress Brothers. Con todo, la de José Antonio Meneses quedó excluida en la segunda fase del proceso, al no alcanzar los 36 puntos de valoración mínima requeridos. Y, finalmente, la de Ingeniería y Estudios Mediterráneo se impone ahora a la alternativa de Progress Brothers por una diferencia de menos de nueve puntos en sus respectivas puntuaciones globales. 

Así, la encomienda del contrato queda ahora pendiente de ratificación en una próxima reunión del consejo de administración, lo que permitirá que comiencen a correr los plazos de entrega. En suma, Ingeniería y Estudios Mediterráneo dispondrá de siete meses para finalizar su trabajo. A partir de ahí, el Puerto tendrá que licitar el contrato de obra para seleccionar a la constructora encargada de ejecutar el derribo. De este modo, la demolición podría producirse durante el primer cuatrimestre de 2027.

Está por ver cuál puede ser el coste requerido para que se produzca ese derribo, aunque, en principio, se prevé que el Puerto asuma el desembolso de partida, para reclamarlo, después, a la constructora a la que se le adjudicó su construcción: Vías y Construcciones, del grupo ACS. Así se acordó, cuando menos, en la reunión del consejo de administración celebrada el pasado diciembre, cuando se ratificó la resolución del contrato. Esa decisión permitía que se llevase a cabo la comprobación, medición, recepción y liquidación de las obras realizadas, "debiéndose levantar acta descriptiva de las obras realizadas y recibidas; determinando, junto con la liquidación del contrato, los daños y perjuicios que, en su caso, procedan". Esa comprobación definitiva se produjo el pasado 11 de marzo, cuando se firmó el acta de comprobación del estado de los trabajos ejecutados, con participación del inspector del Ministerio de Transportes.

¿Reclamaciones judiciales?

Entre esos daños a reclamar, tras el inicio de acciones legales, también podría figurar la inversión asumida en su construcción. Los trabajos se adjudicaron por 2,1 millones (impuestos no incluidos) en el año 2022, en una licitación que partía con un presupuesto de salida de 2,7 (también sin impuestos). Hasta el momento, no ha trascendido qué cantidad concreta de esa suma se ha llegado a abonar a Vías y Construcciones. Como mínimo, fuentes consultadas sí indicaron este martes que no existe constancia de que la compañía haya acudido a la vía legal para exigir al Puerto posibles compensaciones derivadas de la resolución contractual. De hecho, tampoco presentó objeciones respecto a esa decisión en el trámite que se le concedió para hacerlo.

Entre tanto, una de las consecuencias obvias del impulso al derribo de la plataforma es la imposibilidad de que llegue a construirse el restaurante que se pretendía situar sobre ella como aliciente para atraer el flujo de visitantes, cuya concesión llegó a adjudicarse a la alianza empresarial formada por Forty Group y Alicante Gastronómica junto a la del quiosco de uso hostelero situado en la plaza de Levante. Tampoco consta que esos concesionarios hayan planteado ninguna reclamación por los gastos generados en la presentación de proyecto para optar a ese concurso.

Y, por último, también restaría por despejar la posible solución para la embarcación encargada por el Puerto por un importe de 463.430 euros (impuestos incluidos) con el fin de que operase como barco-taxi en los traslados hasta esa isla flotante, después de que sus pruebas de funcionamiento realizadas a finales de 2024 detectasen que no resultaba funcional para los fines previstos. En ese momento, se emplazó a la empresa adjudicataria de su construcción, Nasai Marine, a que solventase las deficiencias detectadas, aunque tampoco se ha concretado si finalmente el barco puede llegar a tener alguna otra utilidad.