ALICANTE (EP/EFE/ AP). La Guardia Civil detuvo este martes a un mando de la Policía Local de Alicante (un intendente) como presunto autor de un delito de malos tratos tras una denuncia presentada por su pareja sentimental, de la que se encuentra en proceso de divorcio desde hace meses, en la que le atribuye este delito, según ha podido saber Europa Press y ha confirmado este diario. El intendente pasó la noche del martes al miércoles arrestado en el calabozo de las dependencias del Instituto Armado en el municipio de San Vicente del Raspeig, a la espera de pasar disposición judicial, según ha adelantado Radio Alicante. No obstante, el Juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alicante ha acordado este miércoles el sobreseimiento provisional de la causa y ha acordado la puesta en libertad del intendente, sin medidas cautelares, al considerar que no había quedado acreditado el maltrato psicológico apuntado por la denunciante, y no haberse encontrado indicios suficientes para seguir con la investigación, según informa el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Juticia.
El detenido había participado en el proceso de promoción para ascender a comisario del cuerpo por el sistema de mejora de empleo, junto a otro aspirante, con la previsión de que pudiese producirse su nombramiento a corto plazo, mientras se dirime el futuro del actual jefe de la Policía Local, pendiente de que resuelva si procede o no que se produzca su jubilación. Además, el detenido recibió en 2020 la medalla de la Cruz Blanca al mérito policial por su profesionalidad dedicación y compromiso con la seguridad en Alicante.
Su arresto ha desencadenado la controversia política entre los grupos políticos representados en la corporación municipal, en un contexto en el que las cinco formaciones debían aportar sus respectivos escritos de conclusiones respecto a los trabajos de análisis desarrollados en la comisión municipal constituida para abordar la situación en la que se encuentra el cuerpo de Policía Local en la ciudad en cuanto a su organización y disponibilidad de medios, tanto en plantilla y mandos, como en disposición de armamento, vehículos e infraestructuras. En esta línea, los partidos del eje progresista que ejercen funciones de oposición ha solicitado que se acuerde la suspensión de funciones del detenido hasta que se esclarezcan los hechos, mientras que respresentantes del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de Vox, han optado por la prudencia.
Así, el edil de Seguridad, Julio Calero (PP), ha afirmado que el consistorio "no tiene conocimiento oficial de esos hechos, ni de las actuaciones judiciales y policiales". En todo caso, según ha añadido, "cualquier medida cautelar que fuera de aplicación en este asunto se tomará en función de las resoluciones del juzgado". "Asimismo, quiero expresar, como siempre, el máximo respeto a las actuaciones judiciales y a la presunción de inocencia, así como la confianza en que los hechos se esclarezcan a la mayor brevedad posible", ha apuntado en declaraciones distribuidas a los medios de comunicación.
En este sentido, la portavoz municipal de Vox, Carmen Robledillo, ha afirmado que su partido no va a valorar esta cuestión, "estrictamente personal y en la que debe prevalecer la presunción de inocencia, como en cualquier otro asunto penal". En declaraciones remitidas a la prensa, ha indicado que "es una pena" el hecho de conocer esta información en "la semana de presentación de las conclusiones de la comisión sobre la situación de la Policía Local de Alicante, que es, sin duda alguna, crítica". "Los alicantinos merecen un servicio de policía eficiente y no raquítico, con servicios que se prestan tarde o, directamente, no se prestan y cuyo funcionamiento ordinario está sujeto a afinidades o enemistades personales, con falta de cerca de 200 agentes y una carencia inasumible de mandos intermedios", ha sentenciado.
En tercer lugar, la edil del PSOE, Victoria Melgosa, ha considerado que "es un hecho muy grave que un intendente, que debe de velar por la seguridad de toda la ciudadanía, incluidas las víctimas de violencia machista, sea un presunto agresor. El alcalde debería de apartarle del servicio hasta que se esclarezcan los hechos", ha apuntado.
En la misma línea, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha apuntado que "desde Compromís, ante el grave suceso conocido en el día de hoy, solicitamos que se paralice, de manera inmediata, el proceso de selección y el posible nombramiento" del intendente, "dado que podría estar implicado en un presunto delito de violencia de género". "Asimismo, exigimos, tal y como marca el protocolo, la apertura inmediata de un expediente de información previa (averiguación de hechos) y que, como medida cautelar, se le retire el arma reglamentaria hasta que la justicia resuelva el caso", ha señalado. "Desde Compromís consideramos imprescindible actuar con transparencia, diligencia y contundencia, garantizando la protección de las víctimas y la ejemplaridad en las instituciones públicas, obviamente salvaguardar la presunción de inocencia", ha concluido.
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también ha apuntado que, a su juicio, "ante cualquier indicio de violencia de género hay que actuar con la máxima rotundidad. Sin privilegios por cargos, rangos o medallas. Nadie está por encima de la ley. Respetamos la presunción de inocencia, pero exigimos al Ayuntamiento y a todas las instituciones transparencia, rapidez y firmeza en la defensa de las víctimas. La violencia machista no admite silencios ni ambigüedades", ha apostillado.
