ALICANTE. No hay marcha atrás. La Asociación de Empresas de Apartamentos Turísticos de la Comunitat Valenciana (APTUR CV) persiste en su pretensión de plantar cara a la suspensión de licencias para la instalación de viviendas de uso turístico (VUT) en Alicante con la interposición de un recurso contencioso administrativo similar al planteado frente al mismo acuerdo adoptado por parte del Ayuntamiento de València el pasado mes de mayo. En ese caso, la paralización de permisos se planteaba por un año de duración. El acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de Alicante el pasado diciembre extiende su duración a dos años, con el propósito de emplear esa moratoria para diseñar una regulación específica, en la que se concrete las condiciones específicas para su implantación, y en qué ámbitos concretos podrían tener cabida la instalación de nuevos pisos turísticos. De hecho, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha anticipado ya que esa regulación podría incorporar una propuesta de zonificación, por lo que podría promoverse limitaciones en determinados sectores en los que se considere que ya existen indicios de un exceso de concentración de oferta.

Para ello, la misma edil de Urbanismo, Rocío Gómez, también ha avanzado su pretensión de mantener encuentros con el conjunto de actores que puedan tener alguna participación en esa futura ordenación para poder escuchar sus aportaciones y posicionamientos. Sea como fuere, la patronal autonómica de los apartamentos turísticos no se daría por satisfecha con esa voluntad de cooperación, que hasta el momento no se habría sustanciado en ningún encuentro concreto más allá de una primera toma de contacto informal con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). De ahí que mantenga su intención de registrar una impugnación frente a esa congelación de permisos (de aplicación solo para pisos turísticos aislados, no para bloques completos) que considera desproporcionada, injustificada y discrecional, en busca de un pronunciamiento judicial que evite un posible perjuicio a las empresas o particulares que puedan estar interesadas en habilitar nuevas VUT en la ciudad.

Eso sí, fuentes de APTUR CV indicaron que, en principio, se prevé agotar plazos para iniciar ese procedimiento de impugnación. La fecha límite para el anuncio de su interposición vence el próximo 13 de marzo: dos meses después de la publicación del edicto de suspensión de permisos en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). A partir de entonces, se abrirá plazo para la presentación de la demanda, previa remisión del expediente completo en el que se fundamentó esa moratoria. En principio, se da por hecho que la presentación de ese recurso se acompañará de la solicitud de la revocación de la suspensión de permisos como medida cautelar, mientras se dirime el fondo del asunto, con el dictado de una sentencia que podría hacerse esperar más de un año. 

Levantamiento sin plan

Con todo, lo cierto es que esa moratoria podría quedar revocada antes, incluso, de que se produzca ese pronunciamiento judicial respecto al fondo del recurso de APTUR CV, toda vez que el propio acuerdo de suspensión de permisos apunta que ese bloqueo a la concesión de nuevas licencias se extinguirá si no se ha sometido a exposición pública la propuesta de ordenación del sector de las VUT en el plazo de un año desde su aprobación. Es decir, que la congelación de licencias podría perder eficacia a mediados del próximo mes de enero. Por ahora, no ha trascendido ningún avance en el diseño de esa nueva regulación, que queda a cargo de la Concejalía de Urbanismo.

Entre tanto, el Ayuntamiento de Alicante tampoco puede ejercer la capacidad de inspección, sanción y recaudación de posibles multas sobre las VUT al no haber tramitado todavía la solicitud de delegación de competencias que recaen en la Generalitat, a través de la Conselleria de Innovación, Industria y Turismo. El traspaso de esa prerrogativa requiere de que se promueva un acuerdo de petición oficial, que debería adoptarse en Junta de Gobierno o pleno, como ya ha sucedido en el caso del Ayuntamiento de València. De hecho, se trata del primer ayuntamiento que asumirá esa triple potestad, que incluye la posibilidad de acordar sanciones de hasta 600.000 euros: el importe previsto en el decreto regulador de las VUT aprobado el pasado mes de agosto para las infracciones de carácter muy grave.