ALICANTE. Otro pacto, otro presupuesto. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), y Vox, refrendaron este miércoles su último acuerdo político por la aprobación del presupuesto municipal de 2025, en sintonía con el mismo entendimiento que se alcanzó respecto a las cuentas del año precedente. En ambos casos, el PP habría conseguido el respaldo de los cuatro ediles voxistas que procuran una mayoría absoluta holgada (18 votos en una corporación compuesta por 29 ediles) tras comprometerse a incorporar un listado de propuestas que derivan del ideario de Vox, entre las que han sido especialmente controvertidas iniciativas como la creación de una oficina de asistencia a la maternidad y otra de ayuda frente a la ocupación ilegal de viviendas, o la eliminación de una partida de 15.000 euros destinada al desarrollo de actividades de promoción de la igualdad. 

Los populares han venido argumentando que algunas de esas propuestas encajan en sus propios compromisos electorales, como el caso de la oficina antiokupación, o la propuesta de reforma de la fiscalidad con la que se prevé introducir una rebaja en el IBI. Y, respecto a otras, ha tenido que justificarse, como en el caso de la eliminación de los fondos para la promoción de la igualdad (una decisión que se ha acabado precipitando en la semana del 8M), con el argumento de que ese objetivo está incluido en otras partidas como elemento transversal del conjunto del presupuesto.

Lo cierto es que esos dos pactos presupuestarios no han dejado de ser una evolución de los entendimientos previos alcanzados entre ambas formaciones durante el pasado mandato. El PP -que entonces también gobernaba en situación de minoría tras la constitución de un bipartito con Ciudadanos (Cs)- contó con los votos de Vox para aprobar tres de los cuatro presupuestos de ese periodo: los de 2020, 2021 y 2022. En la fase de negociación sobre los presupuestos de 2023, Vox optó por el distanciamiento del PP ante la cercanía de las elecciones municipales de mayo de ese año y se aferró a la propuesta de implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como línea roja para apoyar las cuentas. Así que, a la postre, el PP optó por prorrogar las cuentas de 2022 sin promover un presupuesto nuevo, toda vez que tampoco encontró apoyos entre los grupos opositores del eje progresista: PSOE, Unides Podem y Compromís.

Eso sí, la afinidad entre los dos partidos no solo se ha limitado a la tramitación presupuestaria. Las dos formaciones han mantenido posiciones conjuntas en la mayor parte de los acuerdos de calado que se han venido sucediendo desde 2019. Vox secundó al PP a la hora de decidir por el modelo de gestión externalizada para el servicio de transporte público, para aprobar la Ordenanza de Convivencia Cívica o para promover una reformulación de la ZBE -ahora pendiente de recurso del colectivo conservacionista Ecologistas en Acción- que, a la postre, se amolda a las peticiones de los voxistas, al no contemplar restricciones ni sanciones adicionales a las ya contempladas en el caso del Casco Antiguo. 

No es menos cierto que también ha habido espacio para el desencuentro, en casos como la reducción de horario de los veladores que se recoge en la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, en la que el PP acabó negociando el respaldo de Compromís, o en la actualización de los importes de la tasa de la basura, en la que Vox moduló su rechazo inicial (votó en contra en el pleno de noviembre, aunque el PP pudo sacar adelante su aprobación con el voto de calidad del alcalde) y se decantó por una abstención en el debate sobre su aprobación definitiva, al aferrarse al informe de advertencia de legalidad emitido por el secretario municipal para aquellos concejales que votasen en contra de la actualización de precios reclamada por la Unión Europea (UE) y por el Gobierno central.  

Ahora bien, ¿esa coincidencia de posiciones y la suma de fuerzas en las votaciones complejas podría dar lugar a la integración de Vox en el equipo de gobierno? ¿Es viable que los populares ofrezcan a sus cuatro concejales la posibilidad de compartir competencias? ¿Estaría dispuesto Vox a aceptar ese hipotético ofrecimiento? Salvo viraje del escenario político más allá de los límites de Alicante, las tres preguntas tendrían una respuesta negativa. Fue el mismo alcalde, Luis Barcala, quien descartó esa posible alianza en la misma noche electoral, al cierre de los resultados provisionales de las municipales de 2023. Después de pasar de los nueve concejales obtenidos en 2019 a los 14 actuales, los populares interpretaron que debían gobernar en solitario, sin quedar ligados a ningún pacto estable como el alcanzado con Cs, con la intención de poder desplegar su propio programa electoral sin cortapisas. Así que no hubo mano tendida a Vox para formar gobierno. No la hubo entonces, a pesar de que sí se fraguó el pacto en el Consell (roto el pasado julio) y en otras grandes ciudades como València y Elche. Y tampoco la ha habido desde aquel momento, según precisaron fuentes consultadas. 

Acuerdos puntuales

Así que nada hace presagiar que esa propuesta vaya a producirse ahora, a poco más de un trimestre de que se supere el ecuador del mandato. Los populares abogarán por exprimir su gobierno en solitario, aunque tengan que recurrir a pactos puntuales con Vox, que, en realidad, parecen estables, y a pesar de que pueden reportarles algunos titulares incómodos, como en el caso del recorte de fondos en igualdad. Así que el PP no dará cabida a una posible alianza permanente, toda vez que, además, siempre puede tratar de buscar el voto extra que requiere para superar el umbral de la mayoría absoluta recurriendo al apoyo de alguna otra formación opositora. Ya lo hizo con Compromís con la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Y lo intentó con Esquerra Unida Podem en la negociación de la tasa de la basura en despliegue de esa estrategia de geometría política variable, en la que -eso sí- no parece entrar en juego el PSOE.  

Al margen de ello, tampoco Vox estaría dispuesto a integrarse en el equipo de gobierno. Su pretensión sigue siendo la de mantener su camino en solitario, negociando contrapartidas para prestar su apoyo a la gestión del PP con la intención de trasladar a la escena pública que se trata de un "partido útil", como defendió su portavoz municipal, Carmen Robledillo, en el pleno extraordinario de presupuestos de este miércoles. Así, los voxistas no serían partidarios de constituir un posible bipartito al interpretar que quedarían expuestos a una posible disolución o absorción por parte del PP como pasó con la experiencia previa de Cs, según se interpreta en el seno del partido.

Vox prefiere tener autonomía con la expectativa de que poder ampliar su electorado en la próxima cita con las urnas (en las elecciones de 2023 dobló su número de concejales, de dos a cuatro) con fórmulas basadas en la estrategia nacional de su partido (inmigración, seguridad ciudadana, fiscalidad blanda, etc) y guiños a las demandas de los barrios. Con ello, además, se garantiza manos libres para presionar al PP a la hora de exigir el cumplimiento de sus acuerdos, así como para criticar su proceder en los casos en los que considera oportuno, sin tener que morderse la lengua, como sucedería en el caso de convertirse en socios permanentes. Por lo pronto, este miércoles volvieron a tratar de escenificar esa pretendida capacidad de presión al advertir de que su voto a favor de los presupuestos no sería "un cheque en blanco", como apuntó Robledillo. De hecho, los voxistas ya tienen claro cuál será su próximo objetivo: reclamar que se inicien los trámites necesarios para modificar la ordenanza fiscal reguladora del cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) prevista en el actual acuerdo presupuestario para que pueda aplicarse en 2026.