ALICANTE. Nuevo episodio para la controversia entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria en busca de una solución para el exceso de edificabilidad registrado en las obras de la nueva sede de la Cámara de Comercio en el antiguo centro comercial de Panoramis. Las dos administraciones zanjan ahora un último cruce de comunicaciones oficiales en el expediente abierto respecto a la solicitud de concesión de licencia para su ejecución en lo que ya se ha convertido un auténtico partido de tenis, que se ha atascado en un largo peloteo, sin que se adivine todavía cuál puede ser su resultado definitivo. Por lo pronto, la contienda sigue provocando una consecuencia lógica: el retraso en la puesta en funcionamiento de esas dependencias, que se esperaba poner en funcionamiento hace ya casi un año, y que siguen sin contar con fecha definitiva de uso.

En el contexto de ese símil deportivo, el último juego lo manejó el Ayuntamiento la semana pasada con el envío del último modificado del proyecto registrado por la institución cameral a principios de este mes. En él, según fuentes consultadas, se persistía en que la propuesta de derribo de la planta intermedia habilitada en el espacio de los antiguos cines -la resolución que habían planteado hasta ahora los técnicos de la Concejalía de Urbanismo- no resultaría viable con el argumento de que esa demolición pondría en riesgo la estabilidad de la estructura del inmueble. En esta línea, ese último modificado exponía que el nuevo forjado instalado en esa entreplanta servía para aportar estabilidad a un espacio en el que se habían abierto grandes ventanales en muros que antes eran completamente cerrados. Y se añadía que eliminar esa entreplanta -que, según Urbanismo, supera los metros cuadrados edificables permitidos para el conjunto del inmueble- suponía constreñir el uso de esa zona únicamente a su función original, como sala de exhibición cinematográfica.

De ahí que el modificado presentado por la Cámara persista en mantener la nueva configuración de ese espacio, finalizando los últimos trabajos que todavía quedan pendientes, con la condición de clausurarlo y no darle ningún uso, como ya se había planteado en la propuesta precedente, el pasado junio. Aunque el planteamiento de la Cámara no alude a ello, esa situación de clausura persistiría salvo que pueda producirse una futura modificación del Plan Especial del Puerto que ampare un incremento de edificabilidad, y que habilite más metros cuadrados de uso admninistrativo en el sector de Poniente. Es decir, el ámbito en el que se encuentra el actual centro de negocios Panoramis Life & Business. 

El Ayuntamiento de Alicante recibió ese último escrito de la Cámara y no ha adoptado todavía ninguna decisión adicional -los técnicos de Urbanismo ya se habían pronunciado planteando una propuesta de demolición- más allá de darle traslado a la Autoridad Portuaria. Se trata de un movimiento solicitado por el propio Puerto, a través de su Secretaría General, a partir del escrito previo remitido al Ayuntamiento de Alicante a finales de julio. En él, se requería que no se admitiese a trámite ninguna propuesta "de terceros que afecten al dominio público de nuestra competencia y que no cuenten entre la documentación presentada con, al menos, una acreditación de conocimiento por parte de las instancias competentes de esta Administración portuaria". De ahí que el Ayuntamiento se atuviese a esa petición para darle cuenta del último planteamiento formulado por la Cámara.

El debate sobre las competencias

La Autoridad Porturia ya ha recibido esa comunicación. Pero, según fuentes consultadas, no puede ir más allá del hecho de darse por enterada de la propuesta: una circunstancia que hasta ahora no siempre ha sido posible durante la tramitación de esas obras, al no haber tenido constancia de todos los trámites promovidos por el concesionario del inmueble, Digital Corner, y por su arrendatario, la Cámara de Comercio. En esta línea, las mismas fuentes, insisten en que la Autoridad Portuaria no pueda adoptar ninguna decisión respecto a una posible regularización o cualquier otro escenario como la concesión de licencia o la aplicación de sanciones puesto que las competencias urbanísticas corresponden al Ayuntamiento. Como máximo, podría emitir su propio informe de recomendaciones, aunque por el momento no existiría ningún indicio de que se vaya a ejercitar esa posibilidad.

Por su parte, fuentes municipales mantienen que el futuro del expediente relacionado con las obras de la Cámara queda ahora en manos de la Autoridad Portuaria. Y persisten en que la función municipal es velar por la legalidad, por lo que persisten en que toda posible solución que pueda plantearse debe ajustarse a esa condición ineludible. Entre tanto, al margen del bloqueo en el uso de las instalaciones, también permanecería congelada la concesión efectiva de la subvención directa de 1,5 millones presupuestada por la Generalitat para sufragar parte de la ejecución de las obras de las nueva sede de la Cámara, de la que el actual jefe del Consell, Carlos Mazón, es director general en excedencia.