ALICANTE. La nueva contrata del servicio de estacionamiento controlado, más conocida como la ORA o la zona azul, y del servicio de arrastre (grúa) tendrá que seguir esperando en Alicante. El equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), no ha retomado la tramitación del concurso cerca de un mes después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) -el órgano adscrito al Ministerio de Hacienda que asume la competencia para dirimir disputas sobre licitaciones públicas- avalase sus condiciones, en respuesta a los recursos presentados por el grupo Setex y por la actual alianza de empresas que asume la prestación, formada por Vectalia y Pavapark, que quedaron desestimados.
Esa decisión debería haber propiciado que se reanudase la evaluación de la única propuesta que habría presentado oferta: precisamente, la misma UTE compuesta por Vectalia y Pavapark, según fuentes consultadas. No obstante, esa valoración sigue bloqueada como consecuencia de la solicitud de informes adicionales, según ha explicado el coportavoz del equipo de gobierno y concejal de Contratación, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión semanal de la Junta Local (el órgano en el que se adoptan la mayoría de las decisiones relacionadas con la gestión municipal).
En este sentido, Villar ha indicado que se estaría analizando la posibilidad de revisar algunos aspectos del pliego de condiciones, a pesar de que fuese validado por el TACRC. Básicamente, se estaría sopesando la opción de incrementar el importe de licitación -de 140 millones por 19 años de explotación, según los requisitos establecidos hasta ahora- con el propósito de evitar que tuviese que someterse a modificaciones posteriores, a la vista de las impugnaciones planteadas respecto a la cuantificación económica prevista en el concurso.
Esa posible revisión del concurso deja en el aire cualquier atisbo de calendario para que pueda producirse una resolución del proceso de contratación, ya sea con un acuerdo de adjudicación o con su declaración como desierto, en el supuesto de que esa única alternativa registrada no reuniese los requisitos establecidos. Así, la adjudicación podría demorarse incluso hasta finales de año, una vez celebradas las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Más plazas y gratuidad para residentes
Como viene informando este diario, la nueva licitación del servicio conlleva novedades en la prestación. Entre ellas, incluye la construcción de un nuevo depósito de vehículos sobre una parcela municipal situada en el barrio de Rabasa, contigua al solar previsto para la construcción de la nueva Comandancia de la Guardia Civil.
Además, también comprende la ampliación de las plazas de estacionamiento controladas. En concreto, se prevé la incorporación de 3.077 plazas nuevas distribuidas en los barrios de Ensanche-Diputación, Benalúa, Alipark y Princesa Mercedes. Eso sí, la mayoría de ellas -hasta 2.542- serán de zona naranja. En segundo término, también comprende la implantación de la gratuidad para los residentes en el uso de las plazas delimitadas como zona naranja -las preexistentes y las nuevas- de forma que no tendrán que pagar por aparcar, como sí lo deberán hacer el resto de usuarios que estacionen en esos tramos.
Al tiempo, se añaden otras novedades como el fin de la exención de pago en la franja horaria comprendida entre las 14:00 y las 16:00 horas, la introducción de bonificaciones para vehículos adaptados a personas con movilidad reducida y la incorporación de pago por parte de propietarios de motocicletas. Eso sí, esas variaciones siguen sujetas a la actualización de la ordenanza reguladora del sistema y de la ordenanza fiscal que regula los precios de estacionamiento.
Pago pendiente y críticas del PSOE
Entre tanto, el equipo de gobierno también ha aprobado este martes, en la misma reunión de la Junta Local, una modificación del acuerdo de ejecución de sentencia que reconoce a la UTE concesionaria del servicio (Vectalia y Pavapark, como se ha dicho) el pago de importes pendientes derivados de su explotación, por una suma de 325.949,43 euros. Ese acuerdo ha suscitado la crítica del grupo municipal del PSOE. Su portavoz municipal, Trini Amorós, ha apuntado que el equipo de gobierno "ha abonado ya tres millones de euros en concepto de intereses por el retraso en el abono de facturas".
"Mientras Barcala dilapida tres millones de euros de todos los alicantinos en pagar sentencias por su mala gestión económica, Alicante pierde numerosas oportunidades. Con ese dinero se podrían haber reformado seis parques como Lo Morant, se podría multiplicar el presupuesto para actividades de mayores, dado que solo se destinan 340.000 euros, o se podrían aumentar las ayudas al alquiler joven, que son solo 248.000 euros", ha señalado Amorós.
Además, ha instado al alcalde, Luis Barcala a desvelar "cuándo piensa poner en marcha el nuevo contrato de la zona azul, que aumenta 3.077 plazas de zona naranja y zona azul en zonas como Ensanche-Diputación, Benalúa y Benalúa Sur, Alipark, Princesa Mercedes y el entorno de los juzgados". "Parece que Barcala está escondiendo este tema porque no quiere que le explote antes de las elecciones. Lo que exigimos al alcalde es que sea valiente y le diga a los alicantinos desde cuándo va a empezar a sangrarlos con el estacionamiento de pago", ha concluido.
