ALICANTE. La peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante lleva al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a pertrecharse de otro contrato de consultoría externa para definir la reordenación del paso de las líneas de autobús que la atravesaban hasta ahora en su tránsito desde la calle Jorge Juan hasta la calle Rafael Altamira. La convocatoria del concurso para concertar la realización de ese estudio ha quedado aprobada este martes por el procedimiento de urgencia en la reunión semanal de la Junta de Gobierno, en un acuerdo en el que se plantea un presupuesto de 97.003,38 euros y un plazo de tres meses para su realización.
Se trata de la segunda contratación promovida por el equipo de gobierno para reordenar los tráficos de ese punto clave del Casco Antiguo de la ciudad, después de la licitación acordada la semana pasada con el fin de concretar la reorganización del paso de los vehículos privados. Así, se dispondrá de dos estudios específicos con la particularidad de que deberán quedar "interconectados", según ha precisado el coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, este martes, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos aprobados en Junta Local.
Esos dos estudios resultarían necesarios para redefinir la circulación y completar la peatonalización de la plaza que quedó cerrada al tráfico a finales de noviembre con motivo del montaje del Belén Monumental. A partir del 7 de enero, solo se permitirá el paso de los taxis y de los autobuses del servicio público de transporte hasta que se disponga de una alternativa definitiva sobre su redistribución en otros puntos de la red viaria del centro histórico. Todo a la espera de que también se pueda licitar las obras de reurbanización para consolidar el carácter peatonal de la plaza, en una actuación para la que ya se ha previsto una primera consignación presupuestaria próxima a los 500.000 euros.
Sea como fuere, la convocatoria de ese nuevo estudio sobre la redistribución del tráfico ya ha motivado la crítica del grupo municipal del PSOE. El edil socialista Raúl Ruiz ha criticado la aprobación por urgencia de la externalización de ese servicio de consultoría y ha acusado al alcalde, Luis Barcala, "de improvisación y falta de liderazgo". "El PP necesita que una consultora les diga qué hace mal para entender el descontento más que justificado de los usuarios y usuarias, un malestar que se refleja en largas colas, autobuses desbordados y esperas eternas", ha señalado. A su juicio, esta decisión pone de manifiesto "la falta de estrategia y liderazgo político del equipo de gobierno del PP", que recurre ahora a una consultoría externa "cuando aún no han transcurrido ni tres años desde que comenzó el servicio que ellos mismos definieron".
Así, ha advertido de "la falta de debate y participación ciudadana y rechazan un modelo basado en la improvisación", recordando que "el transporte público no puede gestionarse a golpe de improvisación ni delegarse en consultoras". De igual modo, Ruiz ha reprochado la "tramitación urgente de un contrato estratégico sin que exista un debate previo en los órganos municipales ni un proceso de participación ciudadana". De igual modo, ha subrayado "la importancia de mantener una visión metropolitana del transporte, sin ignorando la realidad de l'Alacantí y la necesidad de coordinación con otros municipios para ofrecer un sistema de movilidad eficaz, sostenible y socialmente justo". "El transporte urbano es un servicio público esencial, clave para la cohesión social y la lucha contra el cambio climático. No puede abordarse solo desde una lógica económica", ha concluido.
Segunda fase de la OPE 2025
Al tiempo, el equipo de gobierno ha aprobado en la misma sesión de la Junta Local la segunda fase de la Oferta de Pública de Empleo (OPE) de 2025 en la que se incluye la provisión de 167 plazas. La mayor parte de ellas (107) queda reservada para la consolidación de trabajadores interinos con el fin de que puedan convertirse en funcionarios de carrera, según ha precisado Villar. Con ello, se pretende rebajar el porcentaje de interinidad de la plantilla municipal con el fin de situarlo en los umbrales establecidos por la normativa estatal.
Además, la OPE incluye otras 60 plazas con las que se pretende cubrir vacantes, sin ampliar la plantilla actual. En esos 167 plazas se incluyen puestos de administrativo, ingenieros, arquitectos, delineantes y agentes de Policía Local, entre otros. La cobertura de esa segunda fase de la OPE conlleva un gasto anual de más de siete millones (7.179.784,07 euros), según la propuesta de acuerdo.
