ALICANTE (EFE/AP). El juzgado de guardia número 6 de Alicante investiga la muerte de un joven de 27 años que falleció el pasado jueves de madrugada, después de ser hospitalizado con pronóstico muy grave tras ser agredido en la parada del Tram del Campo de Golf, en la zona de ocio del distrito de Playa de San Juan de Alicante. El supuesto autor de la agresión, otro varón de 22 años, fue detenido y puesto en libertad, a la espera de que prosigan las indagaciones y de que se dilucide si la agresión se desencadenó por un supuesto caso de homofobia.
Así lo mantiene, cuando menos, la asociación vinculada a la reivindicación de los derechos LGTBI Alicante Entiende, que ha pedido que el suceso se investigue como supuesta agresión homófoba, pese a que la defensa del joven detenido ha negado el delito de odio y ha afirmado que el acusado forma parte del colectivo LGTBI.
Fuentes cercanas al caso han informado a EFE, de que el acusado pasó a disposición judicial y el Juzgado de Guardia número seis de Alicante decretó su puesta en libertad con retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de firmar los días 1 y 15 de cada mes en el juzgado.
La Asociación Alicante Entiende ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la supuesta motivación homófoba de la agresión no sea reconocida y que "la orientación sexual de la víctima y las circunstancias de la agresión no reciban la consideración que merecen". Por ello, ha pedido que "los delitos de odio por orientación sexual sean investigados y juzgados con todas las garantías, que se esclarezcan las verdaderas motivaciones del crimen y que la homofobia no quede invisibilizada ni normalizada". Según la versión de Alicante Entiende, la agresión se produjo después de que el joven de 27 años, finalmente fallecido, intentara iniciar una relación con el de 22, detenido por la agresión.
Sin embargo, la defensa del acusado, representada por el abogado José Manuel Yepes, ha emitido este martes un comunicado negando la agresión homófoba, ya que "no se corresponde ni con la realidad de lo sucedido, ni con lo que consta en las actuaciones, ni con la propia resolución judicial, que refleja una dinámica de los hechos sustancialmente distinta de la que se está difundiendo públicamente".
El escrito también apunta que el acusado "pertenece al colectivo LGTBI, ha sufrido desde su infancia y juventud rechazo y bullying precisamente por su orientación sexual y participa de la lucha contra cualquier forma de homofobia".
Prudencia municipal y peticiones de personación de Compromís
Entre tanto, el Movimiento Sumar País Valenciano ha enviado una carta al Ayuntamiento de Alicante pidiendo a la institución que muestre su condena y rechazo al suceso, y que exprese su preocupación ante la posibilidad de la motivación homófoba de la agresión. No obstante, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), ha optado por mantener una actitud de prudencia a la espera del avance de las investigaciones. En esta línea, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha apuntado este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, que el fallecimiento del joven de 27 años es un hecho "dolorosísimo", pero que "mientras no sepamos el origen o la causa no vamos a hacer manifestaciones o declaraciones sobre las que no tenemos ningún tipo de base". "Es arriesgado hacer afirmaciones cuando se está en fase de investigación", ha concluido.
Por su parte, el grupo parlamentario de Compromís en les Corts ha exigido "transparencia, celeridad y claridad en la investigación de la muerte". La formación considera imprescindible que la investigación permita determinar con rigor "qué ocurrió y si detrás de la agresión existe un delito de odio LGTBIQ-fóbico".
Así lo ha expresado el diputado Francesc Roig, quien ha argumentado que es necesario "frenar las especulaciones con una investigación clara, justa y honesta" porque "cualquier otra cosa implicará una falta de respeto a la memoria de la víctima y de todas las víctimas de los delitos de odio de nuestro país".
En este sentido, Roig ha puesto el foco en el papel que debe asumir la Generalitat Valenciana, a quien reclama que se persone en este caso y ha subrayado que, ante la gravedad de los hechos, el gobierno valenciano "no puede mirar hacia otro lado". Por ello, ha reclamado al Consell que utilice todos los instrumentos jurídicos e institucionales a su alcance para defender los derechos de la víctima y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
