ALICANTE. El funcionamiento supuestamente irregular de un local de ocio situado en el distrito de Playa de San Juan, bajo la denominación de Tambora, llega a manos de la Conselleria de Emergencias e Interior. El Ayuntamiento de Alicante ha emplazado al departamento autonómico a incoar un expediente sancionador contra los gestores del establecimiento, situado en la avenida Flora de España, al considerar que ha venido desempeñando su actividad en espacios anexos al aire libre sin contar con los permisos requeridos, a pesar de que sus responsables sostienen que presentaron una declaración responsable el pasado mes de abril y aportó un certificado favorable de un Organismo de Control Autorizado (OCA).
Por lo pronto, después de varias notificaciones previas, y de contactos con técnicos municipales para tratar de esclarecer la situación del establecimiento, la Concejalía de Urbanismo acabó ordenando el cierre y precinto de las instalaciones durante la primera semana de agosto. Con ese decreto, el establecimiento quedaba abocado a suspender su actividad ya durante el pasado fin de semana. Sin embargo, sus gestores interpusieron un recurso contencioso contra ese decreto y solicitaron que la orden de cierre quedase en suspenso de forma cautelar hasta que se resolviese el fondo de la impugnación.
Su solicitud tuvo acogida. La titular de la plaza número 4 de la Sección de lo Contencios-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante emitió un auto por el que estimaba esa medida cautelar al asumir los argumentos esgrimidos por los gestores de Tambora y concluir, entre otros puntos, que no se había incoado ningún expediente sancionador previo al dictado de la orden de cierre, por lo que el local pudo abrir al público durante el pasado fin de semana.
En principio, esa será la situación que persistirá a partir de ahora, según ha admitido este martes el vicealcalce y coportavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta Local. "Hay una resolución judicial que hay que cumplir", ha señalado. Eso sí, Villar ha añadido que los servicios jurídicos municipales recurrirán la adopción de esa medida cautelar con el fin de que el decreto de cierre y suspensión de actividad pueda hacerse efectivo.
En todo caso, ha apuntado que el Ayuntamiento de Alicante no tiene más margen de actuación para procurar el cierre del establecimiento, ya que la administración competente para acordar ese expediente sancionador es la Generalitat, toda vez que los técnicos de la Concejalía de Urbanismo interpretan que se habría cometido una infracción de carácter grave o muy grave cuyo expediente sancionador compete a la Conselleria de Emergencias e Interior. En esta línea, a partir de ahora, el departamento autonómico será el que deberá adoptar los siguientes pasos.
