ALICANTE. La actualización de la ordenanza del ruido de Alicante, que permanecía en suspenso desde 2019, se adentra -ahora sí- en su fase de tramitación administrativa con la presentación de enmiendas por parte de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición. En realidad, solo tres de ellos -Unides Podem EU, Compromís y Vox- han llegado a plantear aportaciones o sugerencias al texto reformulado por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo con la intención de regular los niveles máximos y favorecer el descanso vecinal. Así, entre otras medidas, ese texto plantea multas de hasta 300.000 euros para las infracciones muy graves y exige la disposición de limitadores de ruido en los locales de ocio, así como la contratación de personal de control de los accesos en sus puertas para evitar aglomeraciones en la calle.
Además, también concreta cuál es el proceso a seguir para acordar la declaración de Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) y qué tipo de medidas pueden adoptarse tanto en esos supuestos como en los estadios previos -las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE) y las Zonas de Situación Acústica Especial (ZSAE)- para los ámbitos del término municipal en los que se registren niveles sonoros inferiores.
La pretensión del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), es elevar la propuesta a debate en el pleno ordinario de abril -la última sesión del mandato- para que pueda someterse a aprobación provisional. Para ello, debe exponerse a la criba de las aportaciones de la oposición, que serán analizadas en una comisión de Urbanismo con carácter previo.
¿Qué se plantea en esas propuestas de modificación respecto al texto promovido por el bipartito? A grandes rasgos, las tres formaciones que han registrado enmiendas plantean reforzar el protagonismo de la llamada mesa del ruido con la incorporación de más representantes sociales, así como la posibilidad de adoptar medidas adicionales por lo que respecta al ruido generado en las terrazas de la hostelería, por ejemplo.
En primer término, Unides Podem EU propone hasta 17 enmiendas distintas. Entre las más relevantes, plantea que se requiera informe favorable de la mesa del ruido, participada por entidades sociales y vecinales, para adoptar decisiones como las declaraciones de ZAS, ZPAE o ZSAE o la elaboración de los mapas de ruido, por ejemplo. Además, se propone que se requiera la instalación de elementos antivibración a cualquier actividad desarrollada en el interior de un edificio que incorpore elementos de amplificación de sonido.
En tercer lugar, se plantea que en los casos en los que el ayuntamiento ya esté adoptando medidas preventivas para la disminución de los niveles sonoros ambientales, "será potestativo del Ayuntamiento la realización de estudio sonométrico o justificando la adopción de otras medidas adicionales que puedan contribuir a la mejora de los niveles acústicos de la zona". De igual modo, Unides Podem EU solicita que se incorpore a la mesa del ruido un representante de cada asociación en la que esté vigente una zona de protección acústica especial, así como un refuerzo en las condiciones de aislamiento de los locales en las que se desarrollen actividades que generen ruido.
Al margen de ello, también sugiere que se garantiza la obligación de transmisión "en tiempo real" sobre los niveles sonoros captados por los limitadores de sonido de los locales de ocio para que pueda producirse "una reacción inmediata" por parte de las autoridades en caso de que exista una superación de los máximos permitidos o una manipulación.
Y se incorpora una nueva redacción para la regulación de los veladores (las terrazas de la hostelería) con el fin de que pueda contemplarse la reducción de sus horarios de actividad y una limitación en el número de mesas en el supuesto de que se superen determinados umbrales de sonido, al margen de lo que pueda disponer la ordenanza de ocupación de Vía Pública, ahora también en fase de revisión. Por último, entre otros puntos, Unides Podem EU demanda que se incluya también, como excepción para la autorización del desarrollo de actos en la vía pública, la celebración de actos sociales o reivindicativos como las manifestaciones.
